Se ha insistido mucho por parte de todas las organizaciones sociales, académicas y científicas sobre la necesidad de que la nueva Ley de Salud Mental debe tener una “perspectiva de derechos”, pero poco se ha profundizado en qué quiere decir esto exactamente.
La imagen que aparece rápidamente cuando se habla de salud mental y derechos es la situación de los pacientes internados en las colonias Bernardo Etchepare y Santín Carlos Rossi, sus vidas institucionalizadas y olvidadas sin otra oportunidad que permanecer allí, y sus muertes, también olvidadas y a veces violentas, como la de aquel paciente atacado por una jauría o aquel otro que murió aplastado cuando un camión descargaba leña. No hay dudas: esta es una situación de vulneración de derechos, sobre todo teniendo en cuenta que hace ya muchos años que la psiquiatría cuenta con recursos terapéuticos que permiten a muchos pacientes grados importantes de recuperación e integración social. El proyecto de ley a consideración de los representantes nacionales establece el cierre de estos establecimientos, cuya historia y modelo estigmatizan e impiden el retorno a la comunidad a todos los pacientes allí institucionalizados. Lo que no se entiende es cómo, a pesar de que el proyecto establezca dicho cierre y de que todas las organizaciones que trabajamos por una nueva Ley de Salud Mental coincidimos en esto, las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado llevarán adelante inversiones millonarias en dichos establecimientos, con la intención de perpetuar la permanencia del modelo. Parece ser un ejemplo más de dilapidación de recursos y ausencia de una estrategia consensuada sobre qué modelo de organización del área de salud mental queremos para el país. Queda también planteada la pregunta sobre cuáles son los intereses que están detrás de estas intenciones, que se oponen a medidas que hacen efectivas recomendaciones técnicas y de derechos de prestigiosos organismos internacionales.
Además de estas situaciones extremas que se dan en el sistema asilar uruguayo, hay otras situaciones invisibles y mucho más extendidas, que afectan los derechos al conjunto de las personas con trastornos mentales, especialmente aquellas con trastornos mentales graves. Podemos decir que son tres los ejes en los que se vulneran derechos y en los que se deben llevar adelante acciones para que eso no ocurra: calidad de asistencia; políticas intersectoriales; estigma.
La calidad de asistencia va desde la forma en que es recibido el paciente en la policlínica, hospital o sanatorio, el tiempo de espera que le lleve tener su consulta, el trato que le dispensa el administrativo, la enfermera o el profesional correspondiente, la información que se brinda al paciente y su familia, hasta las indicaciones terapéuticas basadas en la mejor evidencia disponible, la posibilidad del seguimiento en tiempos razonables y la posibilidad de acceso a tratamientos psicoterapéuticos y de recuperación, según los casos. Estos elementos enumerados están contemplados en sistemas que procuran la calidad y tienen como meta la excelencia por medio de desarrollos metodológicos basados en procesos asistenciales integrados, unidades de gestión clínica y un sistema de gestión de recursos humanos basado en acreditación de competencias profesionales y educación médica continua. Son estos desarrollos metodológicos los que debemos empezar a diseñar en Uruguay.
El otro punto: las políticas intersectoriales. Son aquellas que se llevan adelante por medio de la coordinación de los diferentes niveles del Estado para favorecer a quienes padecen enfermedad mental, teniendo en cuenta la particular vulnerabilidad de estas personas y las dificultades adicionales que trae esta situación a su familia. Muchas veces compromete la posibilidad de desarrollo de la familia por problemas económicos. Las personas afectadas por enfermedad mental grave tienen dificultades adicionales para conseguir vivienda, dificultad para la inserción laboral y educativa, dificultad para el acceso incluso al esparcimiento. En suma, se deben llevar adelante políticas que faciliten la inclusión social en forma integral.
Muchas de las dificultades aludidas tienen que ver con la carga de estigma y prejuicio que tiene la sociedad sobre la enfermedad mental y quienes la padecen. La idea prevalente es que quien padece una enfermedad mental es violento o, por su enfermedad, no podrá tener una integración social efectiva. Pero la realidad es otra: la violencia es ejercida con mucho mayor frecuencia por quienes no padecen enfermedad mental. Otra de las formas de estigma es el trato paternalista o infantilizante que lleva al prejuicio de que quienes padecen enfermedad mental no pueden. No pueden decidir qué y a qué hora comer, no pueden manejar dinero, no pueden tomar un ómnibus, salir a la rambla, tomar mate con amigos. Muchos, por el estigma, son objeto de burla y terminan recluyéndose, o las familias acaban ocultándolos. Se oculta la enfermedad mental, se oculta el sufrimiento, se estigmatiza la enfermedad mental, lo que lleva incluso a algunos a sostener que no existe. La negación de la existencia de la enfermedad mental implica la reestigmatización, y quienes sostienen esto terminan siendo funcionales a una nueva forma de ocultamiento.
Corresponde que asumamos como sociedad la enfermedad mental, de manera de que quienes la padecen no queden expuestos a sufrimiento adicional por estigma. Comencemos a pensar en clave de calidad en todo el proceso asistencial y diseñemos políticas intersectoriales que faciliten la inclusión social.
Si estas personas tienen la oportunidad de acceder a un tratamiento adecuado, muchas de ellas podrán lograr niveles de inclusión social importantes.
Son estos tres ejes -calidad, políticas intersectoriales y estigma- los que no han sido atendidos desde hace muchos años, y por esa razón el resultado ha sido hasta ahora la violación de derechos de quienes tienen un trastorno mental.
El nuevo proyecto de Ley de Salud Mental contempla en forma muy adecuada estos aspectos, por lo que es necesaria su pronta aprobación por parte de los Representantes Nacionales, para habilitar el trabajo en un Plan de Salud Mental que comenzará a dejar en el pasado una realidad desgraciada para muchos uruguayos y nos hará mejores como sociedad.
Dr. Ricardo Acuña Pomiés Representante de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay en la Comisión Honoraria del Patronato del Psicópata