El pastor Jorge Márquez, el mismo que dijo que el gobierno promueve la “ideología de género” en la educación y que el “lobby gay” insta al sexo con “menores” y “animales”, lidera la Iglesia Misión Vida para las Naciones, que, a su vez, mediante la asociación civil Esalcu, gestiona por convenio con el Estado dos Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) -uno en Bella Italia, en Montevideo, y otro en Pan de Azúcar, en Maldonado-. El “brazo social” de esta iglesia de corte neopentecostal goza además de exoneraciones fiscales, cesión de terrenos, locales y donaciones otorgados por más de 14 gobiernos departamentales por gestionar más de 70 “hogares” en todo el país, los Beraca, donde viven cerca de 1.200 personas. Hasta fines del año pasado el Estado había “derivado” a unas 200 personas a Beraca: en otras palabras, Esalcu alojó al menos a 200 personas que el Estado no pudo acoger y que no tenían a dónde ir. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, la frenteamplista Bertha Sanseverino, quiere legislar para que el Estado sea más cuidadoso al elegir con quién hacer convenios. Como eso lleva mucho tiempo y lograr acuerdos es una cuestión “progresiva”, propondrá suspender los convenios actuales y las derivaciones, porque “la conciencia no puede quedar tranquila después de derivar”.

Sanseverino manifestó su preocupación a las ministras de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, que estuvieron de acuerdo con ella. La diputada presentará la idea ante la comisión que preside, y el martes que viene ante la bancada del Frente Amplio, para antes poder discutirlo con el sector Ir, que pidió la retractación de Márquez y anunció que, de no producirse, lo denunciaría.

“Se tiene que poner un freno a los hogares Beraca. Márquez reafirma, evidencia, la filosofía de vida y cómo se ve a la gente en esos lugares”, explicó. Recordó que el año pasado la comisión trató el tema de las violaciones de los derechos humanos en Beraca a partir de denuncias recibidas, y que “ya había quedado claro” que la “homofobia, el machismo y la violencia” eran moneda corriente. “Beraca no puede quedar como que es una institución sin fines de lucro, benéfica y solidaria, porque no es nada de eso: allí hay una gran debilidad en el respeto por los derechos humanos”, enfatizó.

Aunque aún no tiene claro cómo aterrizaría la idea en el papel, la diputada piensa que una posible solución sería crear un “expediente abierto para ver antecedentes, denuncias y declaraciones” sobre dirigentes e instituciones antes de firmar convenios. En este caso, “se mostraría que este hombre [por Márquez] violenta las leyes de convivencia que el Estado uruguayo ha venido construyendo. Es un pensamiento que él y los suyos [como Álvaro Dastugue, diputado del Partido Nacional, yerno de Márquez] han tenido siempre”, dijo, aludiendo a sus posiciones contra la despenalización del aborto, la fertilización asistida, el matrimonio igualitario, etcétera.