Hace algunos días, ante la pregunta de un periodista, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, afirmó que la existencia del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y su forma de integración han de ser materia de debate. Sin duda, se trata de un tema opinable. El caso es que tal afirmación se produjo en un contexto en el que el periodista hizo mención a las palabras del actual ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, referidas a que "el MEC [Ministerio de Educación y Cultura] reina, pero no gobierna". La ministra contestó: "En [lo que respecta a] educación es verdad, tiene razón. Gobierna más en la cultura que en la educación. Yo creo que sí tenía razón Astori".

Comentar una pequeña parte de un diálogo más amplio acarrea ciertos riesgos. Por eso es necesario señalar que en el transcurso de la conversación María Julia Muñoz desarrolló otras ideas. Entre ellas, su valoración positiva de los Congresos de Educación, la necesidad de que las decisiones tomadas en ese ámbito sean vinculantes, su voluntad de crear la Universidad de la Educación, su convencimiento de que los cambios son fruto del trabajo colectivo y no del aporte iluminado de determinadas personas, y la necesidad de avanzar hacia un Plan Nacional de Educación.

Desde nuestro punto de vista, la materia de debate no se limita a la existencia o no de un Codicen, sino a sus niveles de autonomía.

Como adherimos a la idea de considerar vinculantes las resoluciones de los Congresos Nacionales de Educación, transcribimos, a modo de ayudamemoria, algunas de las resoluciones aprobadas por el Primer Congreso Nacional de Educación Maestro Julio Castro, que se llevó a cabo en 2006: "[...] proclamamos la autonomía como un principio rector de la educación pública en todos los niveles como forma de preservarla de todo interés de carácter político partidario, religioso, económico (incluyendo los organismos internacionales de crédito). Hablar de autonomía, en términos jurídicos, implica dotar a un ente del grado máximo de descentralización respecto al poder central del Estado. Es decir, otorgar a los entes de enseñanza plenas potestades para autodeterminarse en las esferas: administrativa, de gobierno, técnico-docente y financiera. [...] para garantizar la autonomía, las autoridades deben ser electivas, rechazando su designación por parte del Poder Ejecutivo [.] la futura Ley de Educación deberá integrar la autonomía como principio rector materializado a través del cogobierno de toda la Educación Pública. Ambos aspectos, autonomía y cogobierno, son principios indisociables [...]. La posición mayoritaria de la Comisión considera que el conjunto de la educación no universitaria debería ser asignado a un Consejo Directivo de Educación con diversos Consejos que tengan un grado de autonomía semejante al que actualmente tienen los Consejos de Facultad respecto al Consejo Directivo de la Universidad de la República. [...] el presupuesto que se le asigne no debe ser menor al 6% del PBI [Producto Bruto Interno] y crecer sustancialmente hasta estar en correspondencia con el proyecto de país que pretendemos construir. Nuestra máxima aspiración es ver reflejados en la futura Ley de Educación los principios aprobados por este Congreso".

Este informe ofició de insumo para la elaboración de la Ley de Educación 18.437, de 2008. Sin embargo, en el Informe final del 2° Congreso Nacional de Educación Maestra Reina Reyes, de 2013, se expresa lo siguiente: "[...] existen diversas opiniones sobre la actual Ley General de Educación (LGE, Nº 18.437). Muchos sindicatos, organismos representativos de docentes y organizaciones sociales, que participaron del Primer Congreso 'Maestro Julio Castro', entienden que la LGE no responde a las resoluciones de dicho Congreso y consideran que este II Congreso Reina Reyes deberá sentar las bases de una nueva Ley de Educación. Otras instituciones y organizaciones políticas entienden que la Ley recoge aportes generados en el Debate Educativo y que contiene definiciones que contribuyen a la creación de un Sistema Nacional de Educación. Asimismo, otras opiniones de sectores sociales y partidos políticos hacen referencias críticas al contenido de la LGE que no se vinculan a los acuerdos del Primer Congreso".

En referencia a la autonomía, el 2° Congreso Nacional de Educación (2013) se expresó de la siguiente manera: "Seguimos reivindicando, como en el Primer Congreso de la Educación 'Maestro Julio Castro', los principios de Autonomía y Cogobierno, ya que, si no es sobre estas bases, no se podrá construir un sistema de educación que propenda a la liberación de la persona, a la formación integral y a la justicia social que permita profundizar la democracia avanzando hacia una sociedad más justa. [...] se insiste en la necesidad de hacer efectiva la partida presupuestal que asegure el 6% del PBI para la educación y asegurar la plena autonomía de la misma en todos sus niveles.[...] reivindicamos que el Congreso Nacional de Educación debe tener carácter vinculante".

En tiempos de debates, de opiniones ministeriales y en la antesala del 3 er Congreso Nacional de Educación, resulta conveniente acudir a los "ayudamemorias" para tener en cuenta que algunos temas ya han sido laudados por la sociedad uruguaya, mientras que otros aún se encuentran en lista de espera.

Elizabeth Ivaldi. Consejera del Codicen (electa por el orden docente, PIT-CNT-CSEU), delegada por ANEP al Congreso Nacional de Educación.