El Ministerio del Interior (MI) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) incumplieron con lo acordado con la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios (Ofucipe) en la negociación tripartita del 18 de agosto del año pasado. En ese entonces, el abogado Jorge Rosenbaum, en representación del MI, firmó un documento en el que se establecía que antes de publicar un llamado a concurso para desempeñarse como funcionario civil penitenciario, el MI enviaría a Ofucipe (que representa a 500 de los 940 funcionarios civiles) un borrador con las bases y perfiles buscados, y no se tomarían como mérito los cursos del Centro de Formación Penitenciaria. El MI publicó varios llamados el lunes; Ofucipe se enteró por la web. Los trabajadores se reunieron ayer con Rosenbaum en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para solucionar el conflicto. El saldo: Ofucipe realizará una asamblea en cada cárcel para determinar medidas de lucha. Pidieron que bajaran los llamados y se renegociaran las bases, ya que el llamado se abre el 13 de marzo; el MI tendrá tiempo de contestar hasta el miércoles.

“Es de obvio conocimiento que tanto a la gente que trabaja en seguridad en zona metropolitana, así como también los compañeros del interior, no se les brinda la posibilidad de asistir [a los cursos] por razones de servicio, distancia, o simplemente porque esos cursos ya vienen asignados con nombre y apellido y no se le notifica al resto del personal”, explica el sindicato en un comunicado publicado el martes. A su vez, Ofucipe asegura que el MI también violó lo acordado con el INR, ya que una vez elaborados los perfiles de los grados intermedios, los borradores serían enviados al sindicato “para su evaluación y aprobación”, pero el MI tampoco hizo eso. “No tenemos información sobre las responsabilidades y funciones que deberán cumplir los compañeros que asciendan a dichos grados [por el 2, 4 y 6]”, afirman. La diaria se comunicó con el MI, pero no obtuvo respuesta.

Pero este no es el único reclamo de Ofucipe; también tienen pendiente el pago de nocturnidad. En el acuerdo alcanzado en agosto, el MI se comprometió a pedir “la asignación de refuerzos presupuestales” para poder pagar, y enviar al sindicato un listado con las personas habilitadas a cobrar, pero ninguna de esas dos cosas ha llegado a los trabajadores. Según el sindicato, el Ministerio de Economía y Finanzas desestimó el pedido, y el planteo quedó en la nada.

El INR se creó en 2010 con el propósito de “pasar de un modelo de aseguramiento y meramente custodial, a uno que desarrolle y promueva la rehabilitación e inclusión social de la población privada de libertad”, según se explica en la propia web del INR. Una de las medidas tomadas fue la creación del escalafón S, para el “personal penitenciario”, civil. El objetivo planteado a cumplir a largo plazo era que el INR tuviera mayoritariamente funcionariado civil. Evidentemente ese cambio no podía darse de la noche a la mañana, pero sí se podía empezar, poco a poco, a trabajar para lograr dicho objetivo. Y se hicieron cosas. Por ejemplo, en diciembre de 2010 se aprobó el artículo 230 de la Ley 18.719, que estipula que a partir de la vigencia de la ley, los cargos de ingreso del escalafón L (personal policial) al INR, al quedar vacantes, “se transformarán” en cargos de ingreso de personal penitenciario, administrativo o especializado, según las necesidades del servicio. Pero según Ofucipe, esta medida tampoco se está cumpliendo. El presidente del sindicato, Juan Nolasco, dijo a la diaria que una de las respuestas de Rosenbaum que “más sorprendió” a los trabajadores fue la que les dio cuando lo consultaron sobre ese incumplimiento en particular: “Que somos operadores políticos por el planteo que hacemos, que el ministro está teniendo muchas interpelaciones y que la postura del MI es clara: se apunta a la seguridad pública, y para ello es necesario contratar a policías. Pero nosotros no hacemos planteos políticos, nos estamos remitiendo a una ley”, sostuvo Nolasco. “¿Por qué siguen contratando policías si públicamente el MI dice que apuestan a la rehabilitación, al civil? Si las vacantes se siguen llenando con policías... 30 años falta para que se jubilen, ¿qué cambio esperan hacer? Hay un cambio en la política del MI y no lo quieren asumir”, agregó.