La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) recibe cada dos años cerca de 45.000 declaraciones juradas de funcionarios públicos, según información manejada el año pasado por el diputado frenteamplista Daniel Caggiani en la Comisión Especial de Lavado de Activos de la Cámara de Representantes. El organismo almacena las declaraciones y no las abre. Sólo en el caso de que exista una orden judicial, procede a enviar la declaración a la Justicia.

Ricardo Gil Iribarne, quien asumió ayer como nuevo presidente de la Jutep en sustitución de Luis Yarzábal y estuvo al frente del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, un organismo intergubernamental creado para combatir el lavado de activos, consideró que el sistema de declaraciones juradas vigente en Uruguay “no sirve” y que debería pensarse en una modificación legal para que la Jutep pudiera revisar algunas de las declaraciones que se le presentan. “Que todas [las declaraciones juradas de funcionarios públicos] estén guardadas en un cajón y no sean utilizadas no es bueno. Que todos los funcionarios hagan declaraciones que no se abren me parece un proceso de mucho trabajo inútil, y creo que hay proyectos ya trabajados y experiencia mundial en ese sentido como para que, sin salir a cazar brujas, podamos trabajar en serio para que los funcionarios públicos le rindan cuentas a la ciudadanía de dónde obtuvieron los bienes”, sostuvo Gil. Se preguntó qué sentido tiene recoger las declaraciones juradas de los ministros si no se puede hacer un análisis de ellas. Agregó que deberá conversar esta idea con su equipo para determinar “hasta dónde podemos llegar”, y dijo que también “hay que ver si el sistema político está de acuerdo, porque esto requiere reformas legales”.

El nuevo presidente de la Jutep sostuvo que es consciente de los “buenos indicadores” que tiene Uruguay en materia de combate a la corrupción, pero acotó que en este tema “no hay vacunas” y afirmó que hay que “modificar cosas, tanto en el plano legal como presupuestal”. “Entendemos que algunos hechos en todo este tiempo nos han mostrado ciertos riesgos”, comentó.

El nuevo vicepresidente de la Jutep es Daniel Borrelli, ministro del Interior del gobierno de Jorge Batlle que en las últimas elecciones apoyó la candidatura de Tabaré Vázquez. A diferencia de Gil, consideró que sólo deberían abrirse las declaraciones juradas de funcionarios en caso de que exista una orden judicial. “Creo que para abrir los sobres y examinar algo tan privado de los funcionarios tiene que haber una orden judicial”, consideró.

Por su parte, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, comentó que podrá haber cambios reglamentarios, pero consideró que hacer públicas las declaraciones juradas de los funcionarios “no hace para nada a la transparencia”. Sobre los nuevos integrantes de la Jutep -Gil, Borrelli y la nueva vocal, Matilde Rodríguez Larreta-, Muñoz comentó que se trata de “tres personas de muy amplia trayectoria en todo lo que tiene que ver con la transparencia y la lucha contra la corrupción, y que han dedicado su vida a luchar por la ética en el más amplio sentido de la palabra”.

Ya hay proyecto

El Parlamento tiene a estudio un proyecto que en algunos aspectos va en la línea de lo planteado por Gil. El año pasado, el diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP) Daniel Caggiani presentó un proyecto que modifica el régimen de declaraciones juradas de funcionarios públicos, que actualmente está a estudio de la Comisión Especial de Lavado de Activos.

En primer lugar, la iniciativa establece el carácter público de las declaraciones juradas. Caggiani dijo en comisión que salvo Guatemala, Honduras y Uruguay, en América Latina todos los demás países tienen declaraciones que “son públicas, abiertas a la ciudadanía, para que esta pueda establecer algún tipo de control ciudadano y para que también los medios de comunicación puedan difundir estas situaciones”. En Uruguay sólo son públicas las declaraciones del presidente y el vicepresidente de la República. El proyecto plantea que la Jutep abra aleatoriamente 5% de las declaraciones juradas que le presentan, para analizarlas.

Además, el texto dispone extender la obligatoriedad de presentar declaraciones juradas a los fiscales, alcaldes e incluso a directivos de empresas de derecho privado que son propiedad del Estado, así como a directores o gerentes de entidades comprendidas en el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS). “Hoy existe un área muy importante de la esfera económica de Uruguay en la que hay empresas que revisten contratos con el Estado o manejan dineros públicos por medio de tercerizaciones o de las propias normas que hemos dictado, como el SNIS y su Fondo Nacional de Salud. Año a año, el Estado transfiere más de 1.000 millones de dólares a las instituciones que brindan un servicio para el SNIS. Entonces, entendemos que es, por lo menos, importante poder empezar a discutir cómo hacemos para que los directivos de estas empresas y sus responsables superiores también puedan estar contemplados en las declaraciones juradas que hacemos todos los funcionarios públicos, ya que administran fondos públicos”, argumentó Caggiani en la comisión. También se propone extender el régimen a los directivos de empresas que son concesionarias de obras públicas.

La posibilidad de que directivos de empresas privadas deban hacer declaraciones juradas fue cuestionada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y actual presidente del organismo, Jorge Chediak. El jurista consideró que implicaría una “violación al derecho de intimidad” y que “exorbita el marco constitucional”.

El nuevo presidente de la Jutep se refirió ayer a la posibilidad de extender el régimen a más personas y comentó que “no sirve” extender “un sistema que no sirve”. “Hay que hacerlo útil, efectivo, y si eso implica extenderlo a alguien más, tal vez sí. Pero posiblemente también implica excluir a alguien. La posibilidad de trabajar bien, en serio, con decenas de miles de declaraciones, nos queda grande. Tenemos que seleccionar, hacer lo que se llama un análisis de riesgo. Veamos qué declaraciones pedimos, cómo las trabajamos, quién las puede abrir, dándole a todo el mundo las garantías suficientes, y dándole además a la ciudadanía la posibilidad de que participe”, consideró Gil.