Actuarios y funcionarios judiciales realizarán paro general nacional el 8 para decidir qué hacer con la propuesta de pago del Ejecutivo
El martes el Poder Ejecutivo (PE) presentó a la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay y la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay la propuesta de pago de aumento de salarios y retroactivos. Se les otorgaría una partida equivalente a 15% del salario, por el período comprendido entre el 23 de diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, cifra que equivale, aproximadamente, a 70% del monto total generado. El miércoles los actuarios y funcionarios judiciales realizarán -por separado- una asamblea general a partir de las 10.00 y un paro nacional general, sin guardia gremial, para resolver si aceptar o rechazar la propuesta.
Según el texto del posible convenio, el pago se realizará -al igual que el acuerdo alcanzado con jueces, fiscales y defensores- en tres cuotas a abonarse en 2017, 2018 y 2019. Para aquellos cuya retribución sea igual o inferior a nueve Bases de Prestaciones y Contribuciones mensuales (a la fecha serían 32.499 pesos), la primera cuota será equivalente a 50%, y las restantes dos cuotas equivalentes a 25% cada una. Para los que ya se habían jubilado al 31/12/2016, el pago se realizará en una sola cuota.
Respecto del salario, se plantea agregar al 7,76% percibido anualmente, 4% a partir del 1º de enero de 2017 y otro 4% a partir de la misma fecha del año siguiente. Así se obtendría, en total, un aumento de 15,76%, en lugar de 21,6% que actuarios y funcionarios pretendían por desprenderse de la liquidación de la sentencia del diferendo. A su vez, entre las cláusulas, se incluiría el beneficio de lentes, prótesis y órtesis que presta el Banco de Previsión Social. Para que el convenio se convierta en ley, un mínimo de 80% de los funcionarios deben ratificarlo, y suscribir, previamente, que desisten de eventuales acciones judiciales que puedan surgir.
Casi ley
Tras el acuerdo alcanzado el año pasado con la Asociación de Magistrados del Uruguay, la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y la Asociación de Defensores Públicos, y con el objetivo de “superar la incómoda situación institucional en que los diversos poderes del Estado se encuentran”, el martes el PE envió al Parlamento un proyecto de ley para hacer efectivos los pagos de salarios y retroactivos a jueces, fiscales y defensores de oficio surgidos a raíz del diferendo en la resolución de aumento de sueldo a los ministros de Estado en 2010.
Los convenios celebrados establecen un pago por única vez a realizarse en tres cuotas anuales iguales y consecutivas (en 2017, 2018 y 2019), correspondiente a 10% de la remuneración de cada cargo a valores de 2012 y actualizados por el IPC por el período comprendido entre diciembre de 2012 y diciembre de 2016, así como un aumento permanente en las remuneraciones a realizarse en 2017 y 2018. El convenio fue presentado como proyecto de ley porque se logró el requisito de ratificación de 80%; igualmente, el PE otorgaría un plazo perentorio de 30 días a partir de la promulgación de la ley “a los efectos de que puedan adherir nuevos funcionarios, con el objetivo de alcanzar el mayor número posible de adhesiones”.