Hay pocas cosas claras, pero las que están son las necesarias para entender que alguien intentó matar a otro alguien; esta vez, a una periodista. Isabel Prieto, que trabaja en Caras y Caretas, iba manejando su auto por la calle 20 de Febrero, en Montevideo, cuando dos desconocidos le dispararon desde una moto; la bala dio en el parante de la puerta y le rozó la parte de atrás de la cabeza. Eso pasó el martes, un día después de que Prieto denunciara maltrato por parte del personal de la 19ª Seccional en el portal web de la revista. Lo sucedido hizo sonar las alarmas de colegas de Uruguay y del exterior. La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) denunció ayer públicamente la “gravedad” del atentado casi fatal: “Es una situación que nos asombra e impacta profundamente”, dijo su presidenta, Victoria Alfaro, en conferencia de prensa.

Delegados de APU y Prieto se reunirán hoy a las 14.00 con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para manifestarle su preocupación y exigir “que el Estado investigue y llegue hasta el final para saber quiénes son los autores materiales e intelectuales de este hecho”. Aunque al cierre de esta edición el Ministerio del Interior (MI) aún no había emitido ningún comunicado oficial sobre lo sucedido, el encargado de la Unidad de Comunicación del MI, Fernando Gil, dijo a la diaria que “todo indica que [el hecho] fue un intento de rapiña”, y que “por ahora no se vincula” con la denuncia que Prieto realizó el día anterior, primero públicamente, y que después ratificó ante Asuntos Internos, dependencia del MI encargada de investigar y sancionar a los mismos policías. Prieto no puede “evitar” relacionar una cosa con otra, y APU tampoco. “En ningún momento sentí que me iban a robar, no intentaron pararme, nada”, dijo Prieto; tiraron a matar. “Isabel tiene todo nuestro apoyo para llegar hasta las últimas consecuencias de lo que sucedió aquí [...] según lo que amerite mañana en la reunión con el ministro, también [pensamos] convocar a la Suprema Corte de Justicia, y si no hay respuesta a nivel nacional, iremos a las instancias internacionales que sean necesarias”, aseguró Alfaro. “Este caso no puede quedar impune bajo ningún concepto [...] no sólo atenta contra la libertad de expresión, sino contra la democracia, en un país como el nuestro, que, con esta lamentable situación, se suma a la lista negra de países donde suceden hechos delictivos de esta naturaleza de forma frecuente”, agregó. En ese sentido, Alfaro contó que se pusieron en contacto con la Relatoría de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, que “brindó todo su apoyo y que va a hacer un seguimiento muy efectivo del tema”.

Por otro lado, la Red de Mujeres Periodistas (RMP) de Uruguay y la Federación Internacional de Periodistas (FIP) también condenaron el hecho. En un comunicado, la FIP repudió “toda forma de violencia contra el periodismo, especialmente cuando la misma pudiera provenir de móviles ligados al ejercicio de la profesión”, y pidió que las autoridades investiguen “a fondo las circunstancias de este grave atentado, sin descartar ninguna posibilidad”. A su vez, agregó: “Los ataques a la prensa no deben pasar desapercibidos, ya que su naturalización daña severamente el derecho de la sociedad a estar informada”. Por su parte, la RMP, también mediante un comunicado, condenó “enérgicamente” el “lamentable episodio” y expresó “toda su solidaridad con la colega”, además de aclarar que “si bien hasta el momento no hay elementos que vinculen ambos hechos [por la denuncia y el atentado], no podemos dejar de mencionarlo cuando ocurrieron con tan pocas horas de diferencia”.