Este domingo 26 vence el plazo de 90 días que tiene la Asamblea General para aprobar la designación, por mayoría especial, del sustituto de Jorge Larrieux, ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que dejó su cargo al cumplir 70 años de edad. En caso de que no existan los dos tercios de los votos en la Asamblea, el sustituto se cubre automáticamente a partir de una lista elaborada por el Poder Judicial de acuerdo a la antigüedad de los magistrados. Hasta el momento, y en caso de no existir un acuerdo en estas horas, todo indica que ese camino será el que se recorrerá y, en ese caso, el nuevo ministro de la SCJ será Eduardo Turrel.

El Frente Amplio (FA) había propuesto el nombre de Alicia Castro, ministra del Tribunal de Apelaciones, para cubrir la vacante de Larrieux; la oposición había aceptado la designación, pero la jueza rechazó asumir el cargo porque le falta un año para cumplir 70. Ante esto, el FA propuso el nombre de la jueza Rosina Rossi, pero el Partido Nacional (PN) puso reparos y desde entonces no ha habido más reuniones del grupo negociador. “Rossi está en el lugar 14 en la lista de méritos del Poder Judicial, es grado 3 y había varios grados 5 antes que ella, no fue nada personal”, dijo el senador Carlos Camy (PN), quien agregó que “dijimos que no, pero íbamos a seguir buscando y no quedó en más nada”.

El presidente del FA, Javier Miranda, dijo a El Observador la semana pasada que las negociaciones estaban “congeladas”, “por el cambio de actitud del PN, que tiró por la borda meses de negociación”, declaró. Camy dijo a la diaria que no entiende “por qué la reacción tan virulenta de que tenía que ser sí o sí esta señora”.

La senadora Lucía Topolansky (FA), quien también integra el grupo negociador, reiteró que “está todo congelado”, y que esto implica la no renovación, por el momento, de los integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral (CE) y el Tribunal de Cuentas de la República (TCR). “Lo pusimos todo junto porque era la única forma de negociar”, explicó. La senadora dijo a la diaria que los nombres estaban “prácticamente acordados”, pero el PN “dio marcha atrás” con Rossi. “Dieron una explicación muy simplista, dijeron que era demasiado militante, y si estamos hablando de la idoneidad de los jueces, deduzco que es porque trabaja demasiado”, dijo, y añadió que el FA “ya puso los nombres arriba de la mesa” y ahora “la pelota está en la cancha de ellos”. Camy, en tanto, aseguró que la negociación por el integrante de la SCJ “no tiene nada que ver con la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas”. Los organismos de contralor se integran proporcionalmente en función de los votos en la elección nacional, y después del período pasado, en que hubo acuerdo para su renovación, se acordó que cada partido nombrara a sus representantes y los presidentes de ambos organismos fueran designados por consenso partidario.

Cambio constitucional

Topolansky aseguró que el mecanismo de designación de los integrantes de la SCJ “es transparente, y es constitucional. Que nos guste o no es otro tema, que no se puede confundir”. Lo decía en respuesta al petitorio presentado por decenas de organizaciones sociales en el que reclaman que se modifique el procedimiento de nombramiento de los ministros para que sea “transparente, basado en criterios objetivos de evaluación establecidos con antelación, que permitan considerar los talentos y virtudes de quienes aspiren a ocupar cargos en el máximo órgano judicial”.

La senadora frenteamplista aseguró que los legisladores “nos limitamos a cumplir lo que dice la Constitución”, y “si no encontramos la mayoría especial porque uno de los partidos veta, entonces se entra por antigüedad. No necesariamente es el mejor currículum, las mejores sentencias y demás, es antigüedad y nada más”. Para Topolansky, la única forma de cambiar el mecanismo de elección es por una reforma constitucional, “que es lo que no han logrado entender las organizaciones sociales”. Si bien la Comisión de Constitución y Legislación de la Asamblea General está discutiendo un reglamento del procedimiento para que el proceso implique entrevistas y reuniones con actores sociales involucrados, “la esencia es exactamente la misma, porque si no se llega a la mayoría especial entra por antigüedad”. Para Topolansky “los currículums [de los postulantes] están disponibles, las sentencias también”, y la entrevista a los candidatos -elemento que proponen las organizaciones sociales- “no es gran cosa”. “No me opongo al petitorio, pero sinceramente pienso que la esencia no la cambia”, aseguró, e invitó a las organizaciones a “militar por la reforma constitucional”. Puso como ejemplo de otros sistemas de elección que los directores de empresas públicas se votan, en primera instancia, por mayoría especial, pero si no se logra llegar a acuerdo, a los 60 días la exigencia pasa a ser de mayoría simple; una fórmula similar también existe para los directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. “Ese podría ser un camino”, sugirió la senadora.