El directorio de UTE y sus gerentes fueron ayer a la comisión investigadora sobre el proceso de construcción de la planta regasificadora en Puntas de Sayago. Según el diputado denunciante, el nacionalista Pablo Abdala, en la sesión surgió “información relevante” sobre el proceso de adjudicación. En primer lugar, dijo ,“se pudo corroborar que para UTE los números estaban muy ajustados; la relación entre los beneficios esperados y los costos prácticamente era un empate, y para que realmente se minimizaran los riesgos y se generara una rentabilidad certera se debía colocar los excedentes en Argentina”. Eso, afirmó Abdala, contradice la tesis de Ramón Méndez, director de Energía de entonces, “que decía que esto era bueno para Uruguay aun si no se pudieran colocar los excedentes”.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro, presidente de la comisión, consideró “obvio” que UTE “empatara”, en la medida en que 90% de la inversión la aportaba UTE y 10% ANCAP, pero opinó que aun empatando en números, UTE -“y el país”, añadió- ganaba “el respaldo energético que necesitábamos y que seguimos necesitando”.

El nacionalista consideró además que en la sesión de ayer “se siguió corroborando” que el proceso de adjudicación de la obra “fue muy sombrío” y que “hubo un apresuramiento”. “[Gonzalo] Casaravilla terminó admitiendo que el propósito era adjudicar lo antes posible a GNLS y OAS, y eso condujo a que se tomara la decisión política al más alto nivel de gobierno, e incluso se hiciera la conferencia de prensa, antes de que UTE tomara la decisión de adjudicar”. Según Abdala, el 13 de mayo de 2013 se llegó al acuerdo final con GNLS, el 14 se hizo un anuncio en la Torre Ejecutiva “y recién el 16 UTE tomó formalmente la decisión de adjudicar. Eso constituye una clara irregularidad”.

Sobre este aspecto, Chiazzaro aseguró que lo rápido de la resolución tuvo como objetivo mejorar “sustancialmente la oferta”. “Sólo la oferta de GNLS era ventajosa, y si ellos lo hubieran sabido obviamente habrían elevado la propuesta; el hecho de haber adjudicado rápidamente significó asegurarnos a GNLS y negociar una rebaja”, añadió el diputado. En cambio, Abdala dijo que entre la adjudicación y la firma del contrato hubo una negociación con la empresa que implicó cambios en las condiciones de las cláusulas y en los términos del contrato, que “agravaron el riesgo para el Estado y limitaron la responsabilidad de GNLS. Eso hoy fue reconocido por la UTE”.

Por otra parte, en el análisis de los gastos de Gas Sayago y de UTE en el proceso, Abdala observó la contratación de un estudio jurídico del exterior por 1.400.000 dólares, “por tareas que no están demasiado claras”.

Chiazzaro dijo que a su parecer, hasta el momento no han surgido “elementos de duda”. Aseguró que en “las grandes decisiones” el proceso fue correcto: el lugar elegido “era el mejor en el que se podía ubicar la planta”, la necesidad del gasto estaba justificada, y el contrato “fue bueno; prueba de ello fue que pudimos cobrar la garantía de 100 millones de dólares”.