El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, valoró que el proyecto de ley a estudio de la comisión especial de Lavado de Activos de la Cámara de Representantes “amplía y mejora el sistema” de declaraciones juradas. Actualmente, hay un grupo de funcionarios públicos obligados a presentar declaraciones juradas, pero la Jutep sólo puede abrirlas en caso de solicitud judicial. La iniciativa plantea la apertura en forma “aleatoria” de 5% de las declaraciones. Además, agrega nuevos sujetos obligados en la esfera pública e incorpora sujetos obligados en la esfera privada, como los licenciatarios y concesionarios de obra pública.

“Se amplía la lista de obligados a declarar, se mejora el contenido de las declaraciones, se mejora -y mucho- la participación ciudadana por la vía de la publicidad y se incorpora un elemento que para nosotros es sustantivo, que es el aumento de las circunstancias en las cuales las declaraciones pueden ser abiertas”, destacó Gil en la reunión de la comisión parlamentaria el jueves, según consta en la versión taquigráfica. El jerarca, ya al asumir su cargo el 7 de febrero, había anunciado su voluntad de modificar el sistema vigente.

Gil consideró que el sistema actual “se reduce a guardar declaraciones a la espera de que alguien pida que sean abiertas, cosa que pasa muy pocas veces”, y a solicitud de la Justicia. Agregó que es necesario que la junta tenga la posibilidad de abrir las declaraciones para “empezar a cumplir con una función preventiva”.

La apertura permitiría evaluar el “enriquecimiento ilícito” de los funcionarios, que puede detectarse “por la vía de la relación entre incremento patrimonial e ingresos”. En esos casos, el funcionario público “debería poder justificar el origen de esos fondos”, o de lo contrario estaría incurriendo en delito, señaló Gil. De todos modos, el presidente de la Jutep advirtió que es “muy difícil”, con la legislación actual, probar que ese funcionario cometió un delito, ya que Uruguay todavía no tipificó como delito el enriquecimiento ilícito. “Es decir, planteada la posibilidad de abrir y examinar cada irregularidad, y detectada una irregularidad, es muy difícil demostrar para atrás la existencia de uno de los delitos tipificados en nuestra legislación en materia de corrupción. Salvo que el funcionario corrupto haya sido muy torpe, si empiezo a buscar cómo obtuvo cierto patrimonio, es muy difícil demostrar la irregularidad, y es un problema que nos preocupa”, admitió Gil.

La apertura de declaraciones también permitiría evaluar la existencia de “conjunción de intereses o de algún relacionamiento que no sea adecuado desde el punto de vista del cumplimiento de las responsabilidades funcionales”, consideró el presidente de la Jutep. De todos modos, remarcó que debe definirse con precisión de qué manera se realizará ese examen, y con qué información podrá confrontar la Jutep para determinar si lo declarado es cierto.

Las autoridades de la Jutep propusieron que la apertura de declaraciones no se haga de forma completamente aleatoria, como propone el proyecto actual, sino examinarlas por “capas o grados”. “Al abrir por sorteo 5% se está eludiendo el factor riesgo. No es bueno digitar, no es bueno abrir determinadas declaraciones. Quizá una forma sea abrir 5% o 10% de las declaraciones pertenecientes a personas que ocupan cargos más altos y 5% de las declaraciones de funcionarios con cargos más bajos”, sugirió Gil.

Problemas de archivo

Tanto Gil como los otros dos integrantes del directorio de la Jutep, Daniel Borrelli y Matilde Rodríguez, se mostraron de acuerdo con el proyecto de ley pero afirmaron que el organismo necesita más recursos para ampliar sus cometidos, además de racionalizar los procedimientos actuales -por ejemplo, sustituyendo las declaraciones juradas en papel por declaraciones digitales-. La Jutep tiene un problema con el archivo de las declaraciones, y prevé que el año próximo se “desbordará” su capacidad de almacenamiento.