La estafa se descubrió mediante un procedimiento policial que buscaba, en primer lugar, desarticular una banda que estafaba a un banco privado simulando depositar dinero en las buzoneras, cuando en realidad colocaba los sobres vacíos. La investigación empezó a principios de enero, y un mes y medio después la jueza penal Julia Staricco procesó a un hombre de 23 años y a dos personas más, que a su vez confesaron que ofrecían a personas de distintas zonas de Montevideo afiliarse a mutualistas, inscribiéndolas como trabajadores de empresas “fantasma” que figuraban en el BPS como reales y afiliándolas luego al Fonasa.

Basándose en promedios, el presidente de la Junasa -que administra el Fonasa- estimó que, dado que fueron 31.000 los afiliados por esta modalidad desde 2011, cuando se estima que se originó la estafa, y considerando que se paga en promedio unos 50 dólares por cápita, el déficit generado al Estado habría sido de al menos 1.550.000 dólares.

Basso aclaró que el MS todavía no había podido acceder a la sentencia judicial y que, por ende, no fue posible “identificar con precisión la maniobra delictiva que determinó los tres procesamientos” que existen hasta el momento. “Lo que sabemos es por medio de la prensa. Cuando tengamos la sentencia vamos a poder ser más concretos y ampliar las investigaciones que el ministerio hace auditando, justamente, los procesos vinculados a los cambios de usuarios de los prestadores”, agregó.

Asimismo, afirmó que el MS “irá a fondo” con la investigación de la “intermediación lucrativa”, nombre que se le da a la estimulación por la cual se ofrece dinero para que los usuarios cambien de prestador de salud. “Hemos hecho varias denuncias penales, que están en curso, y esperamos tener resultados en las próximas horas”, agregó.

Por su parte, Echeverría afirmó que decidió “investigar qué fue lo que sucedió en febrero con las afiliaciones”, ya que “si no existieran instituciones que promocionen el pasaje de usuarios con dinero, este tema tendría por lo menos unas dimensiones mucho menores”.

En tanto, la directora del BPS anunció que “hace años” que el banco y el ministerio “denuncian situaciones de maniobras, que han cambiado en su formulación y sus objetivos, pero que de alguna manera afectan el normal desarrollo de las contribuciones y del pago de prestaciones”. “En una época se hablaba de los ‘gordos’ en el BPS -eventuales maniobras vinculadas al subsidio de salud-, que generaron denuncias penales y sanciones administrativas, y llevaron a que la opción por el prestador de salud se hiciera en la institución en la que la persona quiere ser atendida”. Oiz también sostuvo que “muchas” personas fueron procesadas por esta causa en el transcurso de los últimos años, tras un trabajo conjunto del BPS y el Ministerio del Interior, y que por este motivo también se redujo a un mes los controles sobre los trabajadores registrados en las empresas. “Esto no es masivo ni mucho menos. Estas son algunas situaciones puntuales y seguiremos trabajando sobre eso”, agregó.

Consultada al respecto, sostuvo que los trabajadores del BPS fueron citados para “aportar información” y “no con alguna otra característica”, como se dio a conocer, y corroboró que por el momento no fueron citados integrantes del cuerpo gerencial ni del directorio de la institución.

Corral adentro

“Tal cual lo preveíamos, ha habido un escaso traslado de usuarios entre las distintas instituciones de salud”, afirmó Basso respecto del cierre del período de movilidad regulada. De las 1.621.783 personas habilitadas a trasladarse, sólo 3,4% (unas 54.921) cambiaron de prestador integral. De acuerdo con la información proporcionada por el MS, el año pasado el corrimiento fue de 3,9% de los habilitados, y hace años que esa cifra está en descenso, lo que, según Basso, confirmaría una “fidelización de los usuarios a las distintas instituciones”.

Corral afuera

El ministro también informó acerca de los montos parciales destinados por las instituciones de salud a pautas publicitarias para incitar el cambio de mutualista. Si bien aún no están disponibles los montos correspondientes a febrero, durante diciembre y enero se gastaron unos 118 millones de pesos, por lo que Basso estimó que “es probable que con los datos completos, estemos en una cifra bastante superior”, un problema que “sigue preocupando” a la cartera.