“El Erik Erikson tiene 25 años, y a mi entender es una institución emblemática del cambio de matriz que hubo en la enseñanza privada en Uruguay, incluso cronológicamente”. A raíz de esta frase, y del caso de esta institución, el dirigente del Sintep Sergio Sommaruga dio su visión sobre los cambios en la educación privada en los últimos años.

–¿A qué cambio de matriz te referís?

-En los últimos 25, 30 años, empieza a cambiar la matriz de la enseñanza privada en Uruguay, en cuanto a que se profundizan los rasgos mercantilistas. En particular me refiero a que los colegios empiezan a tener una impronta de unidad de negocios, de empresas que tienen un fin de lucro, y el derecho a la educación deviene en mercancía. Las empresas, por lo general, son hábiles en disfrazar la renta, porque los propietarios se convierten en los directores, entonces la renta se transmite como sueldo. Es el caso del Erik Erikson; Leonardo Gasquez es el dueño y el director de secundaria, y Fabiana Gadea, su esposa, es la directora de primaria, y sus rentas las perciben como salario, cuando no son salario. Los institutos privados de enseñanza históricos también son empresas, en el sentido de que tienen una propiedad privada y tienen una gestión jerárquica-vertical que se rige por el derecho privado, pero la diferencia es que no hay apropiación privada del excedente. En las instituciones más antiguas, los excedentes se reinvertían en el proyecto educativo. El proyecto educativo podía ser objeto de discusión desde el punto de vista filosófico, conceptual o ideológico; podías no estar de acuerdo con que la iglesia o la masonería tuvieran un colegio, o con que una comunidad de inmigrantes tuviera un colegio, pero si bien eran empresas, el excedente no se convertía en utilidad, estaba supeditado al proyecto.

–¿Cómo se explica este cambio de matriz en el surgimiento de las instituciones educativas?

-La enseñanza privada en Uruguay ha devenido en esta hipermercantilización, y aparecen dos elementos que son sólidos para entender esto. Uno es la interpretación hiperbólica del artículo 69 de la Constitución, el que exonera de impuestos a las instituciones de enseñanza privada y las convierte en zonas francas: no pagan un peso de impuestos de nada, ni IVA, facturación, aportes patronales, Fonasa [Fondo Nacional de Salud], ni impuestos municipales… Económicamente no aportan un peso a la sociedad. El otro elemento es que está muy desavalorizada la fuerza de trabajo; el costo salarial de la enseñanza privada es muy barato. Un profesor o maestro, por laudo, gana nominalmente menos de 14.000 pesos por 20 horas, mucho menos que lo que se paga en la enseñanza pública. Cuando uno reúne esos dos elementos, es el negocio perfecto. Y, por otro lado, pagás muy poco de salarios, entonces es todo ganancia. Esa combinación de factores ha llevado a que se haya llenado de oportunistas, de mercaderes, como el propietario de esta institución. Esta es emblématica, pero hay muchísimas, la mayoría de las nuevas tienen esta impronta. Y esta impronta no sólo ha generado un proceso de cambio en la creación de las instituciones, sino que ha hecho que haya crecido la cantidad de instituciones. En 2001 había 285 instituciones privadas y en 2014 había 69 instituciones más. Estamos en el cenit de las instituciones privadas de enseñanza, cuando la matrícula en términos relativos no ha cambiado, está en el 18%; incluso el año pasado tuvo una pequeña retracción de 500 alumnos. Comparado con otros países de América Latina, con Chile por ejemplo, donde 73% de los estudiantes van a institución privada, Uruguay tiene una participación muy baja de la educación privada, pero es relevante pensar, ¿cómo si la matrícula baja en términos generales, han crecido tanto y hay tantos colegios? ¿Qué pasó? Son unidades de negocio, es un negocio para sacar guita de la educación, el fin ya no es educativo, es el lucro. Ahí tenemos un problema pedagógico, un problema de políticas públicas -porque el Estado está financiando todo esto y propiciándolo-, y hay un problema cultural, porque no es lo mismo una institución que tiene su compromiso puesto en lo pedagógico que una institución que tiene puesto su compromiso en la moneda. Yo no estoy para estigmatizar y decir que son todas iguales. No son todas iguales, pero acá hay un proceso de descontrol. Hay un problema, también, en las condiciones para el debate público, porque hay un fanatismo ideológico en el sistema político, en cuanto a que lo privado es mejor que lo público, que hace que discutir estas cosas sea políticamente incorrecto. A la vista está que eso no es así, tanto en lo pedagógico y en lo académico como en la gestión; el caso del [Colegio José Pedro] Varela es claro en mostrar que la gestión privada no es mejor que la pública, tiene los mismos vicios o peores, porque hay menos contralor.