Un comunicado de 14 países, que no descarta la posibilidad de suspender a Venezuela como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvo amplia repercusión en el espectro político nacional. El diputado del Partido Socialista Roberto Chiazzaro dijo a la diaria que está en total desacuerdo con el contenido de la nota y con que Uruguay haya acompañado el pedido de aplicar la Carta Democrática Interamericana. “Entiendo que la cancillería está cometiendo, por lo menos, una equivocación, ya que el compañero [presidente] Tabaré Vázquez dijo claramente que Venezuela era una democracia donde existe separación de poderes, un presidente electo como corresponde, y una Asamblea Constituyente gobernada por una mayoría de la oposición. Además, se sale de la línea que Uruguay mantenía con Venezuela”, dijo el representante nacional. Chiazzaro afirmó que el secretario de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, por razones que él desconoce, quiere derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. “Se está actuando con una injerencia que no tiene ninguna concordancia con el derecho internacional”, afirmó. Chiazzaro es miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados; consultado sobre si se tratará el asunto en la comisión, dijo que él no lo presentará, pero afirmó que es posible que el Partido Nacional lo haga. “No me extrañaría nada que el diputado [Jaime] Trobo se una a esta campaña, de la que ha sido un directo animador durante mucho tiempo. Trobo apoya a la derecha en Venezuela, así como ha apoyado a la ‘gusanera’ de Miami”, concluyó.

Del otro lado de la vereda

Senadores de la oposición apoyaron el comunicado de los 14 países. El nacionalista Jorge Larrañaga y el independiente Pablo Mieres concordaron con lo expuesto en la nota suscrita por la cancillería uruguaya. En declaraciones a Radio Uruguay, Larrañaga dijo que Venezuela es una dictadura en la que los poderes Judicial y Legislativo son “pisoteados” por el Ejecutivo. “Tendríamos que echarlos del Mercosur”, dijo, y agregó que es una “vergüenza para la izquierda latinoamericana”. Mieres aseguró que está de acuerdo con la posición adoptada por el Ejecutivo. “El gobierno da un paso que era ineludible hacia una posición fuerte”, dijo.

Después de conocer el apoyo de los 14 países, Almagro respaldó “el trabajo de evaluación crítica realizado por los países firmantes” y alentó “a la unidad de los gobiernos de la región a continuar y profundizar el esfuerzo colectivo para volver a contar con una Venezuela democrática en la OEA”.

La carta

Uruguay, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú emitieron un comunicado el viernes en el que aseguran que “están profundamente preocupados por “la situación por la que atraviesa la hermana República Bolivariana de Venezuela”. El texto asegura que la suspensión del país, “como se desprende de la propia Carta Democrática Interamericana, es el último recurso”, y antes “deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable”. Los firmantes hacen un llamado para que se cumplan los acuerdos alcanzados y avanzar en las acciones para garantizar “la efectiva separación de poderes y el respeto al Estado de Derecho y a las instituciones democráticas”. Consideran prioritario la liberación de los presos políticos, que se reconozca la legitimidad de las decisiones de la Asamblea Nacional y que se establezca un calendario electoral.

Comunicados varios

El sábado, el PIT-CNT emitió un comunicado en el que dice que “mientras exista democracia, ningún gobierno de otro país puede interferir en sus asuntos internos, y menos aun, exigir un calendario electoral cuando el mismo está previsto en la Constitución”. Lamentan que la cancillería uruguaya “se deje llevar por trascendidos” y quede alineada con países que buscan una “contraofensiva imperialista”.

El Partido Comunista del Uruguay es contundente. “Esta declaración no puede tomarse como un hecho aislado. En primer lugar, porque estamos en pleno desarrollo de la contraofensiva del imperialismo yanqui y las derechas nacionales en nuestro continente para impulsar la restauración conservadora y garantizar un ajuste y la disposición de todos los recursos de nuestros países al servicio del gran capital. En segundo lugar, porque se produce en medio de la campaña obsesiva y militante de Luis Almagro, ex canciller de nuestro país y ahora operador desembozado del imperialismo yanqui desde la Secretaría General de la OEA, contra Venezuela y su gobierno legítimamente electo. Almagro ha presentado informes falsos, sustentados en campañas de agencias de Estados Unidos y financiadas desde Miami. Por si faltaba algo más, se ha prestado, con niveles de servilismo raramente vistos, a una provocación contra Cuba. Sus acciones son muy claras: ataca donde el imperialismo ordena y calla lo que le ordenan callar”.

Otras organizaciones como la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, entre otras, aseguran que no existe ningún argumento jurídico para la aplicación de la Carta Democrática “si no se llama a elecciones generales, ya que la misma se aplicaría si en un país se pone en riesgo el respeto a los derechos humanos, el acceso al poder por elección popular o la separación de poderes públicos, entre otros”. Sobre Almagro señalan que “desde que llegó a la OEA, se ha ensañado con el proceso revolucionario venezolano buscando cualquier excusa para arremeter contra el gobierno democráticamente electo por su pueblo”.