La firma tiene 120 trabajadores que, además de quedar sin trabajo, por ahora no cobrarán el sueldo de marzo, ni los impagos anteriores, como licencias, salarios vacacionales y aguinaldos. La gran mayoría, 90%, son mujeres, y varias de ellas son madres jefas de hogar, explicó a la diaria una integrante del sindicato de trabajadores de La Spezia.
La empresa pasó a concurso en agosto de 2016, y en setiembre el Juzgado de Concurso de Segundo Turno designó como síndico a Mario Soca. Soca fue quien determinó, el 18 de marzo, el cierre de la empresa.
Según los trabajadores, hacía tres años que la empresa no aportaba al Banco de Previsión Social (BPS), al que le debe 47 millones de pesos; a la Dirección General Impositiva le debía 15 millones de pesos, y tiene deudas con casi todos los bancos, salvo el Banco República, dijeron los trabajadores, que estiman una deuda total de la empresa de 3.000.000 de dólares.
En diálogo con la diaria, Soca confirmó que el BPS es el mayor acreedor y, si bien dijo no recordar de memoria la cifra, señaló que son más de 40 millones de pesos. El jueves 30 será la junta de acreedores, que analizará la propuesta de convenio hecha por la empresa. Soca detalló que si es aceptada se buscará el pago de la fórmula convenida, pero que “en caso contrario, comienza un nuevo proceso de liquidación, proceso que implica un llamado a la venta en bloque”. Pero no hay plata para todos. “Los bienes que tiene la empresa son muy inferiores al monto del pasivo. Aproximadamente hay una relación de casi tres a uno: tres de pasivo a uno de activo”, dijo el síndico. En cuanto a las deudas con los trabajadores, Soca señaló que son los primeros que aparecen; al preguntarle si podrán cobrar la totalidad, respondió que “algo van a cobrar”, pero advirtió que “sin saber el destino definitivo [del concurso] son especulaciones que hacemos, pero parece difícil que cobren el 100%”.
Los inmuebles de la empresa no están a nombre de Cinque Terre SA (razón social de La Spezia), pero el síndico comentó que los administradores de la empresa presentaron un escrito en el expediente en el que mencionan acciones en una sociedad anónima que sería propietaria de un inmueble, algo que se analizará.
Gestión en cuestión
Los trabajadores aseguran que la empresa quebró por la mala administración de sus dueños. Fue fundada en 1938, la hizo célebre Roberto Speranza y luego el negocio fue continuado por sus hijos Ismael y Juan Pablo (ex presidente de la Cámara Industrial de Alimentos). La vocera del sindicato, Mariana Pereira, aseguró que la empresa “llegó al punto que llegó por una mala administración; ellos nunca asumieron ninguna culpa, siempre le echan la culpa al país, a las crisis, al sindicato”. “En el sindicato no estábamos tomando medidas, pasamos a un diálogo junto con la Federación [de Obreros y Empleados Molineros y Afines], hubo mucho diálogo con los dueños. Pero ni siquiera estábamos al tanto de la deuda, desde 2012 que no hacían nuestros aportes al BPS”, explicó. Otro de los errores, según los trabajadores, fue pedir préstamos “para hacer inversiones que eran inviables” e “iban a los bancos y pedían préstamos, pero nunca lo invirtieron en ningún proyecto, ni siquiera en maquinaria”. La trabajadora comentó que en el concurso sobrestimaron el valor de la maquinaria y los camiones, y que había años en que no invertían en nada. Además, denuncian los sueldos astronómicos. Había vendedoras en puntos de venta en los supermercados, pero había también supervisoras y un gerente de supervisoras que ganaba alrededor de 100.000 pesos, cuando una vendedora o una cajera cobraba 16.000 pesos en la mano (presentismo incluido) por 44 horas semanales. Estiman que entre gerente general de la planta, gerente de supervisores y supervisoras de puntos de venta se iban 500.000 pesos mensuales.
Hace cuatro meses el síndico mandó a seguro de desempleo a nueve trabajadores de producción, que quedó con cinco personas. “Estábamos produciendo con cinco personas, con un sacrificio enorme. Nunca hicimos movilización ni medidas de paro. La peleamos y seguimos trabajando y produciendo. Las chiquilinas de las cajas iban a hacer producción para que la empresa llegara activa al llamado [a concurso], ahora está totalmente desmembrada”, explicó Pereira.
El 29 los trabajadores volverán a la Dirección Nacional de Trabajo. Están desconformes porque el síndico envió a concurso el salario de marzo, y ellos no podrán cobrar en abril. Por otra parte, dudan de si contarán con seguro de paro en abril, puesto que para eso tendría que haberlos enviado antes del 10 de marzo; Soca aseguró que podrán tener el seguro en abril.
Consultado sobre la responsabilidad que les cabe a los empresarios, Soca respondió que cuando finalice la junta de acreedores la ley de concurso establece un expediente de calificación en la que el juez analizará si el propietario de la empresa “es casual o culpable” del concurso. En el hipotético caso de que fuera declarado culpable se analiza la conducta de los administradores y pueden ser pasibles de algunas responsabilidades”.