Por estos días el intendente Enrique Antía se apresta a enviar a la Junta Departamental de Maldonado una serie de construcciones como excepciones a la normativa municipal vigente.

Como si en estos más de diez años no hubiera sucedido nada, ni en el departamento, ni en el país y menos en el mundo, el intendente del Partido Nacional revive lo más nefasto de su pasada administración, donde se otorgaron múltiples excepciones que conformaron algunas de las peores muestras de arquitectura y urbanismo de Punta del Este, dejando marcas muy difíciles de borrar en la ciudad, mediante el para nada transparente método de la excepción votada por la Junta de mayoría blanca y colorada de aquella época.

Durante los diez años posteriores al primer gobierno de Antía, y luego de la cantidad de excepciones otorgadas, fue necesario adaptar la normativa de gran parte las zonas donde se habían otorgado, para conformar conjuntos urbanos coherentes. En esos diez años se votó la Ley 18.308, de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible; se organizaron talleres territoriales en todo el departamento; se planificaron las directrices departamentales de desarrollo plasmadas en los cuadernos territoriales y la categorización total del suelo; se llevaron a cabo varios planes locales, como el plan entre las lagunas José Ignacio y Garzón, el plan del eje Aparicio Saravia y el plan del eje de la ruta 39, todos vigentes. Se estudió y planificó el eje San Carlos-Maldonado-Punta del Este en el llamado Plan de la Aglomeración Central, junto a una serie de acciones, como el ordenamiento paisajístico para la instalación de aerogeneradores; convenios con la Universidad de la República para el estudio de las cuencas del arroyo Maldonado, que devinieron en el establecimiento de directrices departamentales que sirvieron como marco regulatorio para las adecuaciones normativas, como La Pastora, todo el sector de Maldonado, el entorno a Piedras del Chileno, etcétera. También se procesaron los Planes de Actuación Integrada, establecidos en la Ley de Ordenamiento y Planeamiento Territorial, a partir de la iniciativa privada, pero con un proceso conjunto entre la Intendencia y los privados en su implementación, articulando también con la Dirección Nacional de Medio Ambiente y de acuerdo con los preceptos de la Ley de Desarrollo Sustentable con Equidad Social.

Dentro de estos parámetros de planificación, en el período 2005- 2015 se edificaron cientos de miles de metros cuadrados de construcción y de desarrollo urbano por parte de privados, en un marco regulatorio claro, transparente y parejo para todos. A esto se agrega el pago al retorno por mayor valor por la ampliación de la edificación a partir del cambio normativo, pagando también las tasas de construcción correspondiente y todos los impuestos nacionales.

Frente a este largo proceso de generar directrices departamentales que permitieron valorizar el suelo, visibilizar la importancia del planeamiento urbano y el cuidado del ambiente, y encontrar mecanismos justos de recaudación como el cobro del retorno por mayor valor, el intendente propone el proceso de las excepciones, sin medir los impactos urbanos, ambientales o sociales. Escapando también al control social establecido en la Ley de Ordenamiento Territorial, que exige que los procesos de planificación sean puestos de manifiesto y sean discutidos en audiencias públicas.

Nadie sabe quiénes son los que se benefician de dichas excepciones, ni tampoco cómo logran que sus proyectos sean aceptados por el intendente para conseguir una excepción, ni cuáles son los criterios (si los hay) que definen a qué proyectos sí y a cuáles no se les otorgarán estas excepciones. Tampoco se conocen los parámetros ni las negociaciones que implican; todo se procesa en un marco de total falta de transparencia, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados esta administración, que desde hace tiempo no publica las resoluciones en la página web, como sucedía antes, y quien ose pedir una resolución se encontrará con un muro jurídico que, luego de mucho trabajo y gracias a la Ley de Acceso a la Información Pública votada por el Frente Amplio, es posible atravesar.

Las excepciones implican una mayor edificabilidad de la tierra en la que se otorga, lo que ya implica una ganancia para el inversor, luego se le exonera de tasas de construcción y el retorno por mayor valor; todo esto, sumado a las exoneraciones fiscales, hace que el Estado termine poniendo un porcentaje considerable de la inversión a realizar, que puede llegar e incluso sobrepasar el 30% del total. El que define quién tiene derecho a una excepción es el intendente; quienes él considere sus amigos se verán beneficiados económicamente.

Todo esto para agregar otro tanto de viviendas de segunda o tercera residencia, a lo que damos en llamar “monocultivo de apartamentos”, un mercado que las últimas estimaciones de reporte inmobiliario daban que había en Punta del Este unas 8.000 unidades terminadas sin vender. Más de lo mismo. Cada vez, aparentemente, la supuesta llegada de las inversiones necesitan más excepciones y exoneraciones para que puedan concretarse; aspecto por demás discutible, pero de ser cierto implica una aceptación tácita de que el modelo de “monocultivo de apartamentos” está agotado. A este ritmo, en pocos años estaríamos pagando para construir.

Gabriela Miraballes y Gonzalo Zorrilla.