La Ley 19.175, de 2013, de pesca responsable y fomento de la acuicultura, estableció, entre otras cosas, la conformación de Consejos Zonales Pesqueros para el manejo conjunto de los recursos en cada zona de pesca artesanal, aunque en la práctica pareció prioritario instaurar un ámbito más reducido primero: los Consejos Locales de Pesca.

El consejo de la costa tuvo su sesión inaugural el 29 de octubre de 2012, con el objetivo de analizar temáticas vinculadas a la pesca artesanal en la Barra de Carrasco, Ciudad de la Costa y Neptunia. En una primera instancia, hasta marzo de 2014, fue coordinado por el proyecto “Ensayo piloto de un enfoque de ecosistemas para la pesca costera en Uruguay”, del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés)-Dinara-FAO. Luego tomó la posta la Unidad de Pesca Artesanal de la Dinara.

La transición enfrentó al grupo con algunas dificultades, “por ejemplo, asociadas a los menores recursos materiales, financieros y humanos de la institución, haciendo que la convocatoria de las reuniones fuera interrumpida durante aproximadamente dos años”, afirma la evaluación realizada por Micaela Trimble, responsable del proyecto de investigación posdoctoral que analizó este consejo de pesca. Mientras duró el proyecto hubo ocho sesiones, con frecuencias mensuales, bimensuales o semestrales, y cuando este finalizó, sólo tres (en julio de 2014 y setiembre y noviembre de 2016).

Lo que se dijo

El análisis de estos encuentros muestra que “gran parte” de los temas tratados fueron propuestos por los representantes de los pescadores. Según las actas, algunos de los puntos fueron el seguimiento de trámites de solicitud de permisos de pesca, la necesidad de mayor fiscalización de barcas “fantasma” (sin permiso de pesca o que presentaban otras infracciones), la preocupación por la transferencia de permisos de pesca entre embarcaciones, la propuesta de regular la capacidad en el número de paños o redes de las barcas, el dragado del arroyo Pando para permitir la entrada y salida de las embarcaciones, y la solicitud de los pescadores al Municipio de Salinas de un área de uso prioritario para la pesca artesanal.

Asimismo, en este período de más de cuatro años se discutió la necesidad de implementación de despachos telefónicos, aspectos relacionados con la seguridad en el mar, la falta de participación de actores relevantes del consejo, y que las instituciones asesoren a los pescadores para la realización de trámites.

Se gestó allí también la creación -y posteriormente el funcionamiento y las dificultades- del Mercado de Pesca Artesanal de Ciudad de la Costa (ubicado en la rambla Costanera y Paul Harris, en Solymar) y se intercambiaron opiniones sobre las preocupaciones de un nuevo reglamento de la Intendencia de Canelones para otorgar licitaciones a emprendimientos en la costa durante la temporada estival, y acerca de estrategias para la difusión del Consejo de Pesca en la comunidad en general.

Fortalezas y debilidades

Durante el período en el que no hubo sesiones, se llevaron a cabo los talleres de evaluación participativa en los que los participantes identificaron las fortalezas y debilidades del sistema. Por un lado, consideraron que la modalidad de consejo “enseñó a intercambiar con otros”, y se valoró la formación de “un vínculo directo” entre los pescadores y las instituciones, así como entre las propias instituciones, “permitiendo la articulación entre estas”.

Los pescadores coincidieron en que elegir delegados para el consejo promovió su organización y en que su participación en estos encuentros “estrechó el vínculo y la unión con pescadores de otras localidades”, al tiempo que “aumentó su visibilidad” ante las instituciones y ante la sociedad. En concreto, se alcanzaron ciertos logros: la regularización de algunos permisos de pesca; la concreción del Mercado de Pesca Artesanal; el aumento de la fiscalización de los permisos de pesca; la ley de pesca responsable, y la resolución de la Dinara para alejar a la costa atlántica las embarcaciones de pesca artesanal de mayor tamaño.

Por otro lado, se encontraron algunas debilidades relacionadas con la escasa anticipación con que se convoca a participar en las reuniones, la disminución de la frecuencia de estas en el transcurso del tiempo y el hecho de que los integrantes no recibían las actas o “demoraban meses en llegar”.

Algunas de las dificultades mencionadas fueron la “insuficiencia” de recursos “materiales, financieros y humanos de la Dinara para encargarse de todos los Consejos de Pesca, el hecho de que Prefectura haya estado ausente de varias reuniones y que cuando concurría “generalmente asistían diferentes personas de la institución, dificultando la continuidad”. Asimismo, se mencionó que el moderador “dejaba que las personas se extendieran demasiado al hablar” y señaló que “se trataban temas que no estaban relacionados con el orden del día o que eran de interés individual”, lo que tenía como efecto que se extendiera en demasía la duración de los encuentros.

También se subrayó que los pescadores de Neptunia dejaron de participar debido a su desmotivación “al ver que no se resolvían los temas tratados (como el dragado del arroyo Pando)”, entre otras razones, y algunos integrantes manifestaron que sería deseable que participaran personas “con mayor poder de decisión (como el director de Dinara, el prefecto, el intendente y los alcaldes)”.

Por último, se coincidió en que no se concretaron muchas de las acciones propuestas. “La autonomía del consejo es baja, así como la capacidad resolutiva, al tratarse de un ámbito consultivo”, resumió el documento.

De común acuerdo

Si bien los integrantes del consejo tienen expectativas y prioridades diferentes, hubo acuerdo en que una acción prioritaria de este ámbito debe ser “darle mayor visibilidad social a la pesca artesanal y potenciar su interés turístico”, teniendo en cuenta sus ventajas sobre la pesca industrial: depreda menos y genera más mano de obra por tonelada capturada.

Con perspectiva hacia el futuro, se propuso que el consejo continúe trabajando en la regularización de la actividad y en “apoyar a los grupos de pescadores para que haya mayor unión entre ellos”. Para los pescadores participantes es importante “tener instancias de intercambio con los pescadores de otros Consejos de Pesca”.

En particular, se llegó a ciertos “acuerdos de funcionamiento”, entre ellos que el poder de convocatoria a reuniones esté habilitado para todos los miembros y que esta se debe hacer al menos con una semana de anticipación. Se pactó tener tres reuniones ordinarias por año y las extraordinarias “que se necesiten”, con hora de inicio y finalización pautadas de antemano. En este sentido, se acordó formar una secretaría del consejo entre la Dinara y los pescadores, que se encargue de hacer las citaciones, definir las fechas de las reuniones, redactar las actas y manejar información de permisos, entre otras actividades.

Además, se puso énfasis en que “siempre que sea posible debe participar la misma persona representante en el consejo”, para darle continuidad, y se propuso incorporar una revisión de estas para mantenerlas o cambiarlas, por ejemplo, cada dos años.

En otro orden, se acordó incluir a representantes de los pescadores del arroyo Pando y de San Luis -hasta ahora con voz y sin voto- e invitar a otras instituciones a participar en las reuniones cuando estén implicadas en los temas a tratar.

Por último, se sugirió conformar un equipo o comisión de seguimiento para “asegurar que se dé continuidad a los temas”, así como para evaluar las reuniones.