La Federación de Trabajadores de ANCAP (FANCAP) paralizó ayer sus actividades para llevar a cabo una asamblea en la que se discutió la eliminación del servicio de salud para los funcionarios, fijada por el Ejecutivo para junio, y la situación de la industria cementera.
El servicio médico fue creado en 1940 y funciona por fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), pero su utilidad, dicen los funcionarios, se explica porque atiende patologías específicas que pueden sufrir los trabajadores del ente. Sus usuarios son más de 4.000 funcionarios de ANCAP, y el personal médico y no médico que emplea supera los 150 trabajadores. En diciembre de 2013 se resolvió cerrarlo y crear un régimen transitorio hasta el 30 de junio de 2016. Mientras tanto, ANCAP debía desmontar la policlínica y trasladar a sus funcionarios y jubilados al SNIS. A fines de 2015, FANCAP planteó al directorio que quería mantener el servicio -que cuesta 6.000.000 de dólares al año-, y a fines de 2016 el Ejecutivo postergó el cierre para el 30 de junio de este año. El grupo de trabajo instalado en febrero de este año e integrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ANCAP, la Junta Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y FANCAP no logró una solución alternativa. Al cierre se oponen también los sindicatos Anestésico Quirúrgico y Médico del Uruguay.
La reestructura de las cementeras de Minas y Paysandú por pérdidas económicas, en tanto, afecta a más de 40 trabajadores de cooperativas sociales, y en setiembre habrá más despidos. Los funcionarios reclaman “mecanismos de capacitación y reinserción” que permitan mantener las fuentes de trabajo.
Al finalizar la asamblea y tras una mediación del MTSS para negociar, los trabajadores resolvieron dejar “en suspenso” todas las medidas tomadas durante un período de 30 días para negociar con ANCAP.