Hasta ayer había cinco procesados con prisión por la estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que implicó la afiliación de personas a mutualistas a partir de la declaración como trabajadores de empresas que en verdad no existían. Se espera que sean más. La jueza Julia Staricco tuvo ayer una extensa jornada que culminó a las 21.00. Tomó declaraciones a funcionarios del Banco de Previsión Social, personal del Círculo Católico y del CASMU. Al salir, dijo a la prensa que todos declararon en calidad de testigos y que ya se ordenaron algunas medidas para hoy, que incluyen citaciones y detenciones de personas involucradas en la maniobra. Dijo que todavía no se conoce la magnitud de la estafa: “Tenemos que verificar cuánto efectivamente llegó a pagar el Fonasa a las mutualistas por estas personas, recién entonces podremos saber”. La Justicia maneja un listado con más de 31.000 cédulas; Staricco comentó que “habrá que chequear si efectivamente pertenecen a esas personas o son falsas”.

Un joven de 23 años, de iniciales CM, que está actualmente recluido en Cárcel Central, fue el primer procesado, como autor de la maniobra; luego la jueza ordenó el procesamiento de JA y JP, como coautores. Para los tres el procesamiento es con prisión por haber cometido “reiterados delitos de estafa”. La investigación constató que CM tenía 80 empresas unipersonales en el rubro de servicio doméstico, “las cuales nunca tuvieron actividad real”, dice el auto de procesamiento. Las empresas eran creadas por JI, promotor de la mutualista Círculo Católico, que cobrara 3.500 pesos por cada afiliación. La jueza determinó que luego de afiliar a esas personas a la mutualista, “les daban la baja, pero la cápita ante el BPS se había generado y la mutualista cobraba por dicha persona, hasta que fuera dada de baja nuevamente”. CM, JA y JP iban a asentamientos, donde ofrecían a personas la afiliación al Círculo Católico por intermedio del Fonasa; Staricco constató que algunos de ellos cobraban 500 pesos. Tal como recomendó la fiscal del caso, Mónica Ferrero, la jueza no pidió el procesamiento de las personas que habían sido afiliadas, porque demostraron “no tener intención alguna de cometer un ilícito, siendo convencidos además por el indagado de que era un trámite normal”. Según informó Ferrero a la jueza, CM cobró 1.500 pesos por cada afiliado y había afiliado a 700 personas. En ese primer auto de procesamiento la fiscal pidió una orden de captura para JI; según confirmó anoche Staricco, se sigue sin dar con el paradero del ex promotor del Círculo Católico. JA es mujer; además de reclutar afiliados con los otros dos, figuraba como titular de una empresa que “tampoco existía, y tenía empleados a su cargo”, determinó la jueza. Además, tanto ella como JP cobraban un subsidio de desempleo del BPS “sabiendo que no les correspondía”, y lo había gestionado CM, que también cobraba una parte. El auto de procesamiento advirtió, también, que había más personas en esa situación. Además del procesamiento por estafa, la sentencia definitiva puede incluir el delito por intermediación lucrativa dispuesto en la Ley de Creación del Fondo Nacional de Salud, que se da cuando instituciones de asistencia médica entregan dinero a quienes se afilian. La fiscal había pedido el procesamiento sin prisión para JA (que no tenía antecedentes penales como los otros dos), pero la jueza entendió que por el “monto de la maniobra, su calidad de titular de la empresa, con empleados a su cargo y además beneficiaria de un seguro de desempleo”, ameritaba pedir el procesamiento con prisión. CM cumplirá la pena después de que recupere su libertad.

El miércoles la jueza pidió otros dos procesamientos con prisión: el de OP y de MR, madres de JP y de JA, respectivamente. OP figuraba como titular de una empresa de servicio doméstico ante el BPS (que en verdad no existía), con 30 empleados, y que tenía obligaciones contraídas por 256.000 desde 2009 a 2016. OP, de 69 años, es pensionista del BPS y el año pasado CM le había gestionado un préstamo ante el BPS y se quedaba con su parte. También ella ingresó al Fonasa afiliándose al Círculo Católico. A su vez, CM le había gestionado un seguro por desempleo a MR y también se quedaba con su parte. Ambas madres fueron procesadas por el delito de estafa especialmente agravada por haberse cometido contra el Estado, al igual que los otros tres procesados.

La estafa se desarrolló al menos entre 2011 y 2016; Arturo Echevarría, presidente de la Junta Nacional de Salud, calculó el miércoles en conferencia de prensa que la estafa podía ascender a alrededor de 1.550.000 dólares, considerando que el promedio de cada cápita es de 50 dólares y que se manejaba el dato de las 31.000 afiliaciones. Además, está la estafa al BPS, cuyo monto aún no se conoce.

Según trascendidos, siete mutualistas estarían involucradas, pero Staricco no precisó anoche si además del Círculo Católico y el CASMU se investiga a alguna otra.