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Nacional | Jueves 23 • Marzo • 2017

Combertty Rodríguez, Angelo Gavrielatos y José Olivera, ayer, en la Asociación de la Prensa Uruguaya. Foto: Federico Gutiérrez
Combertty Rodríguez, Angelo Gavrielatos y José Olivera, ayer, en la Asociación de la Prensa Uruguaya. Foto: Federico Gutiérrez

La educación pública es mejor que la privada, más allá de lo que quieran imponer los intereses creados, señala experto

En diciembre de 2016 el gobierno uruguayo anunció la construcción de 44 jardines de infantes y 15 Centros de Atención a la Infancia y la Familia (CAIF) mediante la modalidad de participación público-privada (PPP). Por medio de este modelo, empresas privadas construyen los edificios con fondos propios en terrenos públicos. Si bien no se trata de un formato en el que el privado se encarga de impartir clases, es una primera aproximación a la incorporación de este tipo de modelo en el espacio educativo.

Mauro Moschetti, de la Universidad Autónoma de Barcelona, aseguró ayer, durante la presentación de la investigación “Privatización educativa en América Latina”, realizada por esa institución y promovida por la Internacional de la Educación, que si bien el sector privado ha tenido un papel bastante limitado en Uruguay, en los últimos años “el progresivo encanto por la gestión privada” ha llevado a un cambio discursivo que se plasma en la implementación de empresas PPP. “En los últimos cinco o seis años comenzaron a aparecer impulsores que tienen la percepción de una crisis en la educación pública, promovida, en algunos casos, desde la prensa, que reinterpreta en forma ligera y general los resultados de las pruebas PISA. El apoyo a las PPP es transversal a todo el espectro político. Lo vimos también en países escandinavos con un espectro político socialdemócrata”, dijo Moschetti durante la presentación del informe en una actividad para periodistas organizada por la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) y FUM-TEP que tuvo lugar en la sede de la Asociación de la Prensa Uruguaya.

En Uruguay la primera institución de gestión público-privada fue el liceo Jubilar Juan Pablo II. Según su página web, busca “ser un referente en la educación formal, y colaborar activamente en el desarrollo integral de los adolescentes de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, promoviendo su inserción responsable y creativa en la misma. Cada hombre y mujer, es imagen de Dios y está llamado a conocerlo y amarlo. Desde esta perspectiva creemos en la educabilidad de la persona”. El Jubilar y otras organizaciones no gubernamentales (ONG) que funcionan de la misma manera reciben donaciones de empresas privadas que se benefician de exoneraciones fiscales. Para que quede aun más claro, la Fundación Impulso lo explica: “Estos proyectos no son sostenibles sin la posibilidad de que las empresas privadas hagan donaciones deducibles de impuestos. Las empresas donan, a modo de ilustración, 100 dólares o 100 pesos y el costo real para ellas es de 18,75, porque el 75% de lo que donan lo pueden aplicar directamente a impuestos y el otro 25% es un gasto deducible de renta. El costo neto es de 18,75% de lo que se dona”. El beneficio está comprendido en el artículo 79 (Donaciones especiales) del Texto Ordenado 1996 y consiste en computar como pago a cuenta del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE) o del Impuesto al Patrimonio 75% “del total de las sumas entregadas convertidas a unidades indexadas a la cotización del día anterior a la entrega efectiva” de dichas donaciones. El 25% restante, aclara la norma, “podrá ser imputado a todos los efectos fiscales como gasto de la empresa”, lo que, en los hechos, significa un ahorro de otro 6,25% en el pago del IRAE. En total, 81% del monto de la donación termina siendo pagado por el Estado, mediante la modalidad de la renuncia fiscal.

Moschetti sostuvo que las distintas modalidades de PPP coexisten en distintas “trayectorias” y se “solapan unas con otras”.

En el encuentro de ayer también participó Angelo Gavrielatos, director de la Campaña Mundial contra el Comercio Educativo. Gavrielatos aseguró que los actores pro mercado difundieron la idea de que la educación privada es mejor que la pública, criterio que va a contrapelo de la evidencia de la propia Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En las pruebas PISA de 2016 los estudiantes de las instituciones públicas obtuvieron mejores resultados que los de las privadas. “Cuando se aplican conceptos de mercado no se mejora la educación”.

Gavrielatos señaló que pasar más tiempo en una institución no garantiza una buena educación. El investigador dijo a la diaria que en países con muy buenos desempeños, como Finlandia, los niños y niñas no pasan mucho tiempo en la escuela. “No hay que caer en argumentos simplistas. No está demostrado que el aumento de horas mejore la calidad de la educación. La diferencia no la hace la cantidad de horas, sino el diseño de los programas. Deben ser interesantes para involucrar a los alumnos. [Las instituciones de doble horario] funcionan más como lugar para cuidarlos”.

Combertty Rodríguez, coordinador principal de la oficina regional de la Internacional de la Educación para América, aseguró que hay una tendencia internacional a profundizar la privatización. “En la educación el principal componente es el secretismo”, señaló. “Los estados les pasan la responsabilidad del financiamiento a actores privados [entre ellos, multinacionales] que lucran con fondos públicos”. Como en los últimos años se promueve el comercio de servicios, las corporaciones se focalizan en la educación. Según Gavrielatos, se estima que en la educación se gastan (o invierten) “14 trillones de dólares al año, en un mercado que crecerá hasta los 6,5 trillones en dos o tres años”. Teniendo en cuenta estas cifras, Rodríguez sostuvo que es un gran negocio y destacó que la estrategia es “meterse” por todos lados. Por ejemplo: el Banco Interamericano de Desarrollo lanzó el proyecto UR- L1141 : CEIBAL III - Programa de Fortalecimiento del Plan Ceibal. Se trata de una “operación de préstamo” de 30 millones de dólares. “Cada vez más corporaciones van a tratar de ingresar en algunos de los puntos de la educación y tratarán a los estudiantes como una unidad económica”, sostuvo.

José Olivera, secretario general de la Fenapes, dijo que el problema del gobierno uruguayo es que el discurso y la práctica no coinciden. Se habla de llegar a 100% de la matrícula en educación media, pero la infraestructura no es adecuada, lo que llevará a la superpoblación. Por otra parte, “el modelo económico es el de la captación y competencia por la inversión extranjera directa, lo que aumenta la dependencia del país”. Ese sería el marco ideal para la instalación de multinacionales que no cumplen con los requisitos básicos de calidad: emplean docentes poco calificados o no graduados -a los que pagan menos-; usan edificios inadecuados, y restringen el currículo.


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