El decreto sobre cortes de rutas y calles sigue dando que hablar en el gobierno, en el Frente Amplio (FA), en organizaciones sociales y hasta en organismos internacionales. La norma, que fue firmada por todos los ministros del gabinete de Tabaré Vázquez hace exactamente una semana, no para de acumular críticas día a día. Por eso el miércoles los coordinadores de bancada de la fuerza política y todos los legisladores interesados en el tema se reunirán en el Palacio Legislativo con el director general de secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera, quien explicará a los parlamentarios los motivos que llevaron a la aprobación del decreto. Jorge Pozzi, diputado perteneciente al Nuevo Espacio y coordinador de la bancada de diputados del FA, dijo que su sector “escuchará” las explicaciones de la cartera antes de expresarse. “Todo el mundo se expresó pero nadie escuchó al Ejecutivo”, dijo al respecto.

No han sido muchas las autoridades que han salido a defender el decreto, pero una de ellas fue nada menos que el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. El jerarca, en una entrevista concedida a la radio Carve, recordó que ya se encontraba vigente un decreto similar, pero la diferencia es que con este decreto se logra “poner a todos los organismos del Estado en función de la decisión, y no sólo al Ministerio de Trabajo o del Interior, sino otros, para impedir el corte de rutas”. El jerarca explicó que muchas veces los manifestantes “dejan un camión en la ruta y se van, entonces el que interviene no puede hacer cumplir el decreto retirando el camión o lo que sea, y acá se habilita a que se llame a otro organismo del Estado para que tenga la posibilidad de retirarlo”. Según Bonomi, “hay quienes cortan las rutas sin tener la legitimación de la huelga, y muchas veces establecen conflictos entre empresas y no entre trabajadores, o conflictos donde se agarra de rehén una tercera empresa que no tiene nada que ver con el problema, y eso es lo que se está tratando de evitar”.

El ministro explicó que “si la Policía ve un camión en el medio de la calle, lo primero que hace es negociar”. Aseguró que “no es automático” que la Policía obligue a los manifestantes a retirarse, aunque “se interviene si se está produciendo un perjuicio muy grande”. “Muy pocas veces en 12 o 13 años de gobierno ha habido el uso de la fuerza”, sostuvo.

Otra jerarca del gabinete que salió a defender la medida fue la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, que aseguró que la norma “no es contra el movimiento sindical ni contra los trabajadores, lo dice expresamente”. En cambio, esbozó que la norma podría estar dirigida a eventuales lock outs empresariales: según dijo, se trata de una herramienta para que el Ministerio del Interior resguarde el bienestar de la gente. “Si tenemos una de las mejores producciones de arroz en la historia del país y por luchas entre empresarios [se puede] generar que se estropee la economía del país […] nosotros, los que somos viejos, nos acordamos del Chile de Allende y vamos a combatir estas expresiones”, dijo. Luego prosiguió: “En última instancia, empresarios contra empresarios están peleando por el lucro, pero, ¿quién se estropea?, ¿a quién se desfavorece? No vamos a dejar que se estropee la economía del país por una puja que, en el mejor de los casos, es por lucro”.

Cae pesado

A medida que avanzan los días, cada vez más sectores del FA vienen manifestando la inconveniencia del decreto. El primero fue Casa Grande, que el jueves expresó su rechazó a la norma, advirtiendo que “la discrecionalidad que se le da al aparato represivo para actuar sobre asuntos políticos suele volverse en contra del pueblo organizado”.

El sábado, el Comité Central del Partido Socialista emitió una declaración en la que dejó en claro su preocupación por el decreto y manifestó que “sin desconocer que se debe estar alerta en torno a la eventual utilización de estos mecanismos por sectores de poder con intereses antipopulares, las y los socialistas defendemos el diálogo como herramienta para la resolución de conflictos y la expresión y movilización de la sociedad”.

A estas expresiones se sumaron las del Partido Comunista del Uruguay, cuyo Comité Central declaró ayer que el decreto es “inconveniente e innecesario”: “La aplicación discrecional de este decreto ya llevó a acciones policiales contra trabajadores movilizados”.

Por su parte, el vicepresidente del FA José Carlos Mahía dijo a la diaria que este tipo de normas “en un gobierno de izquierda tienen 100% de garantías, pero el tema será si mañana cambia quién está en el gobierno”.

En el movimiento sindical ya decidieron tomar cartas en el asunto. Indignado por la medida, el representante de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, planteará en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT de mañana que se presente un recurso de revocación del decreto “para darle la chance al Poder Ejecutivo para que pueda rever esta medida”, según dijo a la radio El Espectador.

A su vez, el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresó su “preocupación” por la norma y señaló “la importancia de respetar los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión”. “La libertad para expresarse y reunirse de manera pacífica es un derecho fundamental para la democracia. El sistema interamericano ha señalado que los cortes de calles, caminos o rutas son una modalidad más en el marco de la protesta social”, dice un comunicado de esta organización.

En tanto, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, dijo a El Observador que este organismo se encuentra estudiando la situación: “Con el nivel de desarrollo democrático que tiene Uruguay, no puede estar regulando de forma tan ambigua y vaga, dando a la Policía la posibilidad de limpiar la vía pública”.

Por su parte, consultado ayer durante el acto por el aniversario del primer acto público del FA, el vicepresidente Raúl Sendic expresó que está totalmente de acuerdo con el decreto, en particular por el contexto en el que se tomó la medida. Según Sendic fue una decisión que buscó preservar la libre circulación para que un eventual paro de transportistas de carga no perjudicara a “la cosecha más grande de soja y de arroz de toda la historia del país. “Era un riesgo muy grande”, agregó el vicepresidente, que además contó que en el Consejo de Ministros ningún ministro criticó la medida.