Para Chediak, aumentar la pena por femicidios “no va a tener un efecto de disuasión” en el delito

Finalmente, tras cumplirse los 90 días desde que el juez Jorge Larrieux dejara su cargo como ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y sin que los legisladores alcanzaran un acuerdo para votar por mayoría especial a un nuevo integrante, ayer asumió como ministro de la Corte el ministro de los Tribunales de Apelaciones con mayor antigüedad: Eduardo Turell. El magistrado comenzó su carrera en 1976 en el Juzgado de Paz de Lascano, y hacía más de 20 años que era ministro del Tribunal de Apelaciones en lo Civil. “Yo estuve 16 años y valoro lo que es estar 20 años en un Tribunal de Apelaciones”, aseguró Jorge Chediak, actual presidente de la SCJ.

En rueda de prensa, Chediak aseguró que la asunción de Turell tuvo un tránsito “absolutamente normal”, y recordó que el mecanismo de designación automático que plantea el artículo 236 de la Constitución fue una propuesta de la Asociación de Magistrados que se introdujo en la reforma constitucional de 1967, para “evitar que un bloqueo parlamentario en la Asamblea General mantenga desintegrada la SCJ por más de 90 días”. Chediak celebró que la SCJ tenga ahora integración completa (al menos hasta mayo, cuando por cumplir los 70 años de edad deba dejar su cargo Ricardo Pérez Manrique), ya que, aseguró, la parte jurisdiccional que dirime la SCJ “se ve muy resentida cuando hay cuatro ministros”, porque para cada expediente se debe sortear un ministro específico de los Tribunales de Apelaciones.

Turell estaba visiblemente emocionado al momento de asumir el cargo, pero en su breve discurso destacó algunos de los principios que deben guiar la ética judicial. Enfatizó algunos, entre ellos la independencia, “que por cierto es reconocida a nivel nacional e internacional para el Poder Judicial”, dijo, “pero para mí tiene otro componente, la independencia de mí mismo, que me permita ser libre de mis pasiones al tiempo de decidir”.

De presupuesto

En vistas de que este año se discutirá una Rendición de Cuentas con carácter de presupuesto, Chediak adelantó que la situación económica de la SCJ es igual a la del año pasado, que terminó con un déficit de 80 millones de pesos sólo por gastos de funcionamiento. Esa situación, que pudo subsanarse por refuerzos del Poder Ejecutivo y la resolución de que no ingresen nuevos funcionarios en los escalafones administrativo y de servicio, se repite este año, y Chediak advirtió que no cree que se pueda mantener la política de no generar ingresos a partir del 30 de junio, porque para la implementación del Código del Proceso Penal, prevista para julio, “se requieren técnicos y funcionarios”. Chediak afirmó que se esperará a analizar los resultados de los “ahorros draconianos” que están implementando en la institución, que se solicitarán fondos adicionales en la Rendición de Cuentas y que si no se llega a cubrir el presupuesto del segundo semestre del año “vamos a pedir refuerzos”.

Prevención, no más penas

Por otra parte, el presidente de la SCJ aseguró que existe una “altísima preocupación” por la situación que vive el país en relación a los casos de violencia de género. Chediak, que en 2014 respaldó la reforma constitucional por la baja de la edad de imputabilidad, en este caso considera que el aumento de la pena por homicidios de mujeres por sus actuales o ex parejas no modificará la situación. En referencia a la propuesta que maneja el oficialismo de crear el delito de femicidio, con una pena igual a la de un homicidio muy especialmente agravado (máxima de 30 años de prisión), el ministro consideró que “en los hechos el homicidio refiere a la privación de la vida de un ser humano, hombre o mujer, y en estos casos de violencia intrafamiliar, donde quien pierde la vida es una esposa o una concubina o un esposo o un concubino, ya hay un agravante especial, es un homicidio agravado”. Añadió que un homicidio especialmente agravado tiene una pena mínima de diez años de penitenciaría y una máxima de 24 años de penitenciaría. “Esta pena muy alta no parece estar surtiendo hoy los efectos disuasivos que debería”, consideró, por lo que “elevar en seis años este guarismo máximo no va a tener tampoco un efecto de disuasión sensible en estos casos”, opinó. En cambio, aseguró que es necesario concentrar esfuerzos en que, desde el Estado, se activen todos los mecanismos de prevención, y en particular destacó el uso de la tobillera: “Hay que lograr tener un análisis de riesgo, incluso en situaciones menores de violencia de género, a los efectos de saber que estamos ante una posibilidad alta o no de que eso se repita y escale, y termine en agravios a la integridad física o en muerte, y colocar ese mecanismo disuasivo fabuloso que ha demostrado ser la tobillera, porque tiene un altísimo índice de éxito a los efectos de prevenir que estos hechos pasen”, indicó. “Si el castigo no es un disuasivo adecuado, hay que operar en mejor medida en los mecanismos de prevención”, aseguró.