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Nacional | Miércoles 15 • Marzo • 2017

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La jueza Penal de 10º Turno, Dolores Sánchez, libró el lunes una orden de captura nacional e internacional para el coronel Eduardo Ferro, después de que este indagado en la causa que investiga el secuestro y la desaparición de Óscar Tassino Astiazu no fuera ubicado por la Policía para ser conducido a declarar ante la magistrada. Según fuentes de la diaria, la Policía intentó ubicarlo en su último domicilio conocido, en la zona de Pinares, en Maldonado, pero el militar retirado no estaba o “se escondió”. El juicio se inició en 1985, pero quedó comprendido dentro de la ley de caducidad; fue reiniciado el 27 de noviembre de 2011. Según los testimonios aportados a la causa, Tassino fue secuestrado el 19 de julio de 1977 en una casa ubicada en Máximo Tajes 6632 y luego llevado al centro clandestino de detención y tortura La Tablada o “300 Carlos”.

El abogado del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur) Martín Fernández explicó a la diaria que Sánchez pidió la conducción de Ferro debido a que “no se había presentado a una audiencia anterior”. “En ese momento Ielsur pidió las medidas cautelares de cierre de fronteras y de conducción, la fiscalía estuvo de acuerdo y la jueza también. Eso se tenía que efectivizar el lunes, pero Ferro no se presentó y no fue ubicado en los lugares habituales, y por consiguiente la doctora Sánchez decretó una orden de captura nacional e internacional”, agregó el representante legal de los denunciantes. Fernández contó que Ferro había comparecido anteriormente sólo por escrito, “presentando recursos de inconstitucionalidad y prescripción, que son los que presentan las defensas de los militares en este tipo de expedientes, y por ese motivo este expediente se había retrasado en su diligenciamiento cerca de dos años”. Pero Ferro nunca se presentó personalmente a declarar. El otro indagado en la causa, Jorge Pajarito Silveira, sí acudió cuando le tocó declarar, también conducido, pero porque está cumpliendo condena en la cárcel de Domingo Arena.

El mismo lunes, Ielsur emitió un comunicado en el que informa que, además de la causa citada, Ferro es investigado también “en el secuestro y torturas” de Lilián Celiberti y Universindo Rodriguez, “entre otras”. Ielsur “exige a las autoridades policiales correspondientes la máxima diligencia y esfuerzo para la ubicación, detención y conducción del Coronel (r) Eduardo Ferro ante los estrados judiciales para que sea juzgado de acuerdo con las garantías del estado de derecho” y recuerda “a las autoridades” la condena de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado uruguayo en el caso Gelman, “teniendo presente además, que han pasado más de 40 años sin que se le brinde a las familias de las víctimas de terrorismo de Estado respuesta a sus casos trágicos”.

Según pudo saber la diaria, Ferro se afincó en la zona de Pinares en la década de los 90, comenzó a trabajar en la seguridad del lujoso hotel Las Dunas y terminó como gerente del establecimiento. Durante unos años había “desaparecido”, pero “hace un par de años volvió” al departamento, confió una fuente local. En mayo de 2011, la Coordinadora Verdad y Justicia de Maldonado y la Plenaria Memoria y Justicia realizaron un escrache en su casa de Pinares. Ahora el militar retirado es buscado por Interpol para ser conducido ante la jueza Sánchez.

El espía de la democracia

Ferro fue el responsable del espionaje militar a partidos políticos, sindicales y organizaciones sociales entre 1988 y 1991, según publicó Brecha (24/02/16) de acuerdo a la documentación de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) a la que accedió el semanario, y que actualmente es analizada en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El archivo de inteligencia militar fue encontrado en un allanamiento a la casa del coronel Elmar Castiglioni. Según Brecha, Ferro fue designado jefe del Departamento III de la DGID, lo que está consignado en su legajo personal, un documento oficial de la Comisión Calificadora del Personal Superior de las Armas del Ejército. La nota del semanario también asocia a Ferro con un oficial denominado “Guillermo” que, según la documentación sobre los informes de los espías de la DGID, ordenaba y observaba las tareas de los “manipuladores” que atendían a los “agentes”, dos figuras de la compleja red de espionaje que habían montado los militares en plena democracia.


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