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Nacional | Viernes 31 • Marzo • 2017

Mónica Guchin y Manuel Falero, integrantes del Círculo Verde de Casa Grande. Foto: Iván Franco
Mónica Guchin y Manuel Falero, integrantes del Círculo Verde de Casa Grande. Foto: Iván Franco

Sector del FA reclama más control e información sobre el Santa Lucía

A principios de abril se reunirán con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, y con el director de gestión ambiental de la Comuna Canaria, Leonardo Herou. El espacio denominado Círculo Verde, un lugar de discusión sobre temas ambientales dentro del sector frenteamplista Casa Grande, reclama mayor control y difusión pública de información sobre el cumplimiento del Plan de Acción para la Protección del Agua en la Cuenca del Río Santa Lucía, implementado en 2013 por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Dicho plan establecía una serie de plazos para implementar cada medida, que se fueron extendiendo.

Uno de los primeros anuncios del presidente Tabaré Vázquez cuando asumió su segundo mandato fue que garantizaría el cumplimiento de las 11 medidas que contiene el plan, que incluye, por ejemplo, mejorar los controles sobre los vertimientos de origen industrial y doméstico en el río Santa Lucía, restringir el acceso directo del ganado al río, instaurar una zona de amortiguación donde no podrá trabajarse la tierra ni se podrán utilizar agroquímicos, y obligar a los productores lecheros a presentar planes de tratamiento de efluentes. Desde ese entonces la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) ha aplicado multas a productores que no cumplen con la normativa sobre vertidos, pero los incumplimientos se reiteran. Por otra parte, las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca informaron en mayo de 2016 que de 100 productores lecheros con más de 500 vacas obligados a presentar planes de tratamiento de efluentes, lo habían hecho 93. El plan establecía que el resto de los productores que tienen menos de 500 vacas (aproximadamente 1.200) debían presentar sus planes en setiembre de 2014 para hacerlos operativos en abril de 2017, y a mayo de 2016 ninguno había presentado su plan.

A principios de marzo, se reunieron los integrantes del Círculo Verde de los departamentos de Florida, Montevideo y Canelones para conversar sobre la protección del agua del río Santa Lucía. De ese ámbito surgió una declaración que cuestiona que desde junio de 2015 “no se cuenta con datos actualizados sobre el grado de cumplimiento y fiscalización” del plan de acción para el Santa Lucía. Juan Pablo Perrachón, ingeniero agrónomo e integrante del grupo, explicó a la diaria que consideran necesario “profundizar” las medidas adoptadas para el Santa Lucía y “actualizar” la información de “cómo se vienen ejecutando, porque la percepción de la ciudadanía es que no ha habido muchos avances”. Manuel Falero, integrante del grupo y de la Mesa Política del Frente Amplio en Canelones, señaló que las organizaciones sociales preocupadas por el tema carecen de información porque el Estado no la proporciona adecuadamente, y remarcó que la cuestión ambiental debe asumirse como “un hecho político en sí mismo”, que requiere participación y descentralización del poder.

En el mismo sentido, Mónica Guchin, coordinadora de Montevideo de Casa Grande, sostuvo que los temas ambientales están vinculados a la “igualdad social”. “Reconocemos los avances, reconocemos que se potenció y reforzó la Dinama, pero sería ideal que en la próxima Rendición de Cuentas se reforzara la institucionalidad ambiental”, consideró. Agregó que sería positivo que se transversalizara la cuestión ambiental en todas las políticas de gobierno. Desde el grupo reclaman al gobierno mayor transparencia y “un conocimiento más actualizado de la información”.

El Círculo Verde evalúa positivamente las medidas cautelares impuestas por la Intendencia de Canelones para proteger la Laguna del Cisne y sugieren que se extiendan a la cuenca del Santa Lucía. Estas medidas, adoptadas por el gobierno departamental en febrero de este año, establecen que no se puede plantar ni fumigar a menos de 100 metros de distancia de la laguna y de 20 metros del resto de los cursos de agua de la cuenca, y prohíbe emprendimientos mineros, industriales o productivos que puedan generar efluentes contaminantes.


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