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Nacional | Jueves 20 • Abril • 2017

CDC de la Udelar afirma que el Fondo de Solidaridad es “inequitativo” y que “debe ser reformulado” sin afectar recursos

Por unanimidad, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) resolvió el martes emitir una declaración en la que considera que el Fondo de Solidaridad debe ser reformulado. La discusión no es nueva, pero cambios recientes en la administración y cobro del Fondo -que no es un impuesto sino una contribución especial- generaron la reacción, en particular, de los egresados universitarios, que a comienzos de este año argumentaron que “es injusto, arbitrario y sobre todo, vulnera la gratuidad de la Enseñanza Pública, y por ende debe ser eliminado”, según consta en su propuesta.

Los delegados de los egresados en el CDC plantearon el tema a comienzos de año, y se conformó una comisión para estudiar el tema, que fue la que propuso la declaración que finalmente se aprobó ayer.

La declaración comienza destacando la importancia del aporte de la recaudación del Fondo de Solidaridad a la Udelar. Indica que 8.000 personas pueden estudiar en esa institución gracias a las becas de apoyo, lo que constituye un aspecto sustancial para “garantizar el acceso democrático a la enseñanza superior”, y que los recursos que destina el Fondo de Solidaridad a la Udelar por la recaudación del Adicional significan 50% del presupuesto de las obras previstas por la Udelar para 2017 y 2018.

Pero la declaración cuestiona la forma de recaudación. “Un sistema que tiene por fin la solidaridad no puede ser inequitativo en la forma en que recauda sus recursos. El actual diseño del Fondo de Solidaridad vulnera el principio de equidad”, asegura la declaración, que profundiza en que el principio de equidad se vulnera en dos sentidos: “uno horizontal, ya que dos profesionales con el mismo nivel de ingresos aportan una cantidad distinta al Fondo si realizaron una carrera de diferente duración, y otro vertical, ya que dos profesionales con distinto nivel de ingresos aportan lo mismo si realizaron una carrera de igual duración”. De ahí es que se afirma que el Fondo de Solidaridad “debe ser reformulado”.

La contribución especial la pagan todos los egresados de la Udelar, la Universidad Tecnológica y la UTU a partir de los cinco años de su graduación, y si ganan más de ocho Bases de Prestaciones y Contribuciones (28.888 pesos). El monto a pagar depende de la duración de la carrera cursada (hay un costo para las carreras de menos de cuatro años y otro para las de cuatro años o más) y, a su vez, el Adicional se cobra únicamente a los egresados de la Udelar que cursaron carreras de cinco años o más de duración.

A su vez, el CDC cuestiona en su declaración la administración del Fondo de Solidaridad, porque considera que se destinan “montos muy importantes” a la tarea; “en el marco de la reformulación debe también incluirse la revisión de sus gastos de administración y funcionamiento, buscando la austeridad”. Según recogen los egresados, los gastos operativos ascienden a cerca de 80 millones de pesos anuales, de los cuales se destinan 47 millones a remuneraciones. Por otra parte, si bien la ley de creación del Fondo de Solidaridad habilita a la institución a descontar hasta 7% de lo recaudado por gastos de administración, actualmente el Fondo descuenta 1% y busca aumentar ese porcentaje a 4% de la recaudación.

Pero a la vez que se cuestiona la forma de cobro y la administración del Fondo, el CDC asegura que la Udelar “atraviesa graves restricciones presupuestales debido a la insuficiente asignación incremental para el período 2016-2017”, que otorgó 36% de los aumentos solicitados. La “necesidad de mejoramiento y ampliación de la infraestructura forma también parte de los objetivos estratégicos definidos por la Universidad en el pedido presupuestal del presente período y por tanto cualquier modificación de las normas legales que actualmente financian el funcionamiento y el desarrollo de la Universidad, que impliquen una pérdida de recursos, debería incluir la necesaria sustitución de los mismos por otras vías”, aclara el comunicado.

Si bien la declaración no refleja en su totalidad el planteo de los egresados, “en aras del consenso” y para contar con el apoyo de la Udelar en su postura, la votaron. De ahora en más, serán los egresados los que impulsen cambios legislativos en el tema. Federico Kreimerman, delegado del orden en el CDC, aseguró que en las próximas semanas pedirán reuniones con varias comisiones parlamentarias, en primer lugar con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, porque buscan que este tema se discuta en la próxima Rendición de Cuentas, que definirá el Presupuesto 2018-2020.

Kreimerman afirmó que mantienen la propuesta de eliminar el Fondo de Solidaridad “siempre y cuando se le dé a la Udelar el presupuesto” que implica esta eliminación. Según el egresado, si el gobierno “cumpliera con la solicitud presupuestal de la Udelar, que contemplaba un monto importante para becas y para mantenimiento edilicio, no sería necesario el Fondo, y menos el Adicional”. Argumentó además que la eliminación del Fondo costaría 33 millones de dólares anuales (15 millones de dólares anuales aporta el Adicional y 18 millones de dólares anuales se destinan a las becas de apoyo), lo que considera “poco” si se compara con lo que aumentará la recaudación por Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) este año en relación con 2016, unos 385 millones de dólares según estimaciones del gobierno, debido a los cambios introducidos en la Rendición de Cuentas el año pasado.

Como plan B, y para evitar que se maneje la posibilidad de quitar esos recursos a la Udelar, los egresados manejan otra propuesta para aplicar “de forma transitoria hasta que se cumpla la eliminación”, que consiste en descontar lo que se paga al Fondo y el Adicional de la cuenta del IRPF; es decir, que no se descuente en el cálculo del monto imponible para el IRPF (como ocurre hoy), sino que se tome como pago del IRPF.


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