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Nacional | Lunes 10 • Abril • 2017

Cárcel de mujeres, en Colón, Montevideo. Foto: Virginia Martínez Díaz (archivo, febrero de 2017)
Cárcel de mujeres, en Colón, Montevideo. Foto: Virginia Martínez Díaz (archivo, febrero de 2017)

Crece el número de mujeres presas con hijos

El comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, presentó el jueves el Informe especial sobre la creación de un programa nacional de atención a mujeres privadas de libertad con hijos a cargo. El informe propone continuar el debate iniciado en 2015, cuando el Ministerio del Interior anunció el traslado de la cárcel El Molino (Unidad Nº 9), donde residían mujeres con hijos, a la cárcel de mujeres (Unidad Nº 5). En aquel momento el comisionado parlamentario y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), entre muchas otras organizaciones, desaconsejaron el traslado, porque significaba la pérdida de una experiencia, de referencia internacional, en la que madres y niños convivían en una pequeña residencia, en la que mantenían un buen clima de convivencia y un fuerte vínculo con el barrio (Paso Molino); se advirtió, en aquel momento, el perjuicio de la inserción en una cárcel con “otra lógica funcional y simbólica”, por todo lo que implica una gran cárcel, así como por la pérdida de la autogestión de las mujeres en El Molino.

En su informe, Petit reconoce el acondicionamiento que se hizo en la Unidad Nº 5, pero lamenta la pérdida que supuso el traslado. Hay hasta cuatro mujeres por cuarto y no tienen baño en la habitación (en El Molino eran dos y sí lo tenían); el espacio interior es reducido y el exterior es más amplio, pero desde el lugar de juego los niños ven los alambrados perimetrales, las garitas militares y los controles de entrada y salida. El comisionado lamentó, además, que no se presentara “un proyecto de centro, un plan técnico o un programa socioeducativo a ser implementado en el lugar”, y que no haya habido una adecuada transición: “Se cambiaron técnicos, autoridades, el marco físico, y se perdieron muchos de los apoyos externos -tanto institucionales como de organizaciones sociales- que el centro tenía”.

En aquel momento las autoridades dijeron que el traslado sería transitorio, y eso es, justamente, lo que recuerda Petit en su informe. En la Unidad Nº 9 hay 17 mujeres -dos embarazadas- y 16 niños; al día de hoy esa unidad “sigue sin ofrecer condiciones edilicias correctas para la crianza de niños y la rehabilitación de sus madres”, sostuvo Petit. Dijo que ocupar los pisos vacíos del recinto “volvería permanente lo transitorio e implicaría la creación de una macroinstitución para niños con sus madres”. Por el contrario, propone que la Unidad Nº 9 se traslade “a un lugar que asegure una convivencia armónica y fructífera”.

El comisionado señala el gran dilema que existe. Da cuenta de que “la crianza en un medio institucional siempre es de alto riesgo -despersonalización, contexto inadecuado, tensiones e inestabilidades-” y que “estos elementos se agudizan en una institución penitenciaria -entorno de mayor violencia, contexto simbólico poco propicio para la socialización y estimulación temprana, estrés, violencia interpersonal, poco diálogo-”, pero al mismo tiempo observa que la ruptura del vínculo madre-hijo es “el último extremo al cual recurrir, por sus tan demostrados como irreparables daños al futuro del niño”.

“Hay un leve crecimiento, pero importante, de madres privadas de libertad con sus hijos”, dijo Petit a la diaria. En el informe menciona que a fines de marzo de 2017 había 613 mujeres privadas de libertad y 46 niños, distribuidos en ocho centros, la mayoría (16) en la Unidad Nº 9 y en la Nº 14, en Salto; contabilizó, además, 20 mujeres embarazadas (nueve de ellas en la Unidad Nº 5). Dado el incremento, Petit plantea la “urgente necesidad de contar con programas especialmente diseñados para esta particular población” y de poder “cumplir con una doble finalidad” que tienen estos centros: “crianza y rehabilitación”.

El comisionado propone “diseñar un Programa para Mujeres con Hijos de alcance nacional, que pueda dar asistencia en unidades pequeñas, personalizadas, con el clima comunitario de un hogar de amparo, con diversos perfiles de asistencia según la población, conectadas entre sí y con un mecanismo central de orientación y supervisión”. Sugiere que no haya más de ocho mujeres con sus hijos por centro y que “estén localizados en casas de pequeño porte capaces de recrear un clima hogareño para la crianza del niño y el desarrollo de la madre”. Petit expresó que cada centro puede tener su perfil: “Alguna de esas unidades pequeñas puede tener una mayor dotación de trabajo en salud mental, en adicciones, otras ser más abiertas, otras ubicadas en zonas más del interior”, comentó. Promueve, además, “impulsar las posibilidades de prisión domiciliaria en la medida que haya programas socioeducativos complementarios”.

Señala que se requiere el apoyo de los ministerios de Salud y de Desarrollo Social, del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, pero también de la INDDHH, de las universidades y de la sociedad civil, y convoca a esas instituciones a trabajar para elaborar este programa, que será decisivo para el futuro de esas madres y esos niños.


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