A partir de hoy, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados retomará el tratamiento de un proyecto de ley de insolvencia patronal que es apoyado tanto por algunos sectores y legisladores del oficialismo como por el PIT-CNT, pero cuyo mecanismo de financiamiento propuesto ha generado críticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de parte de la oposición.

La iniciativa, llamada formalmente “Fondo de garantía de los créditos laborales”, fue presentada en setiembre de 2015 por los diputados Luis Puig (Partido por la Victoria del Pueblo) y Carlos Reutor (Movimiento de Participación Popular, MPP), poco tiempo después de que la pesquera Fripur anunciara su cierre y dejara a cientos de trabajadores sin cobrar sus créditos laborales correspondientes. La repetición de esta situación con varias otras empresas que dieron quiebra en los últimos años, dejando deudas con sus empleados, no ha hecho más que aumentar la necesidad del proyecto, ilustró el diputado colorado Fernando Amado, que aseguró a la diaria que dará su voto para la aprobación de la norma.

El proyecto de ley crea un “Fondo de Garantía de los créditos laborales ante la insolvencia de los empleadores”, a ser administrado por el Banco de Previsión Social. El fondo se financia con una contribución especial de “todos los empleadores de la actividad privada y de las personas públicas no estatales de hasta 0,5%”. El Poder Ejecutivo será el que determinará cuál será el monto exacto de la contribución a esta herramienta por parte de los empleadores, según establece la ley.

En la exposición de motivos, se ilustra el “drama que se genera para los trabajadores y su familia, cuando un empleador ingresa a una situación de insolvencia”, lo que implica que “no sólo pierden el trabajo sino que, además, se ven privados del único medio de sustento”. Además, se sostiene que “los actuales mecanismos existentes” son “insuficientes”, más allá de que “la nueva ley de concursos aportó una mejora en este tema”.

Además de Amado, el texto cuenta con el apoyo expreso de los tres integrantes de la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados: Puig, el comunista Gerardo Núñez y Daniel Placeres (MPP). Sin embargo, este último dejó entrever que la iniciativa aún no tiene el apoyo expreso de toda la bancada oficialista. “Hay que buscar una forma de contemplar todas las opiniones y articular”, dijo Placeres a la diaria. Según dejó entrever, las diferentes opiniones en el oficialismo se deben a un “factor estrictamente económico” sobre “quién sustenta el fondo y cómo se financia”. No obstante, el legislador se mostró confiado en que el texto terminará aprobándose.

Sobre esos puntos también profundizó el adscripto del MEF Alejandro Zavala, en una visita a esta comisión el 6 de setiembre del año pasado. “Sobre el fondo del asunto, me parece que no tenemos nada para objetar”, dijo en aquella oportunidad. Sin embargo, dejó en claro las diferencias con algunos otros puntos del proyecto, particularmente sobre la financiación del fondo. Tras advertir que la situación del país “si bien no es dramática, sí es delicada”, Zavala dijo que el MEF entendía que no era un “buen momento para aumentar los aportes patronales”: “Esto no quiere decir que estemos en contra de la propuesta ni de la existencia de un fondo. Estamos hablando de una medida precautoria. Entendemos que un aumento generalizado de los aportes patronales a las empresas significaría mayores dificultades donde ya las tenemos”, por lo que propuso “no innovar en la carga tributaria patronal”.

A pesar de esa situación, el proyecto continuará siendo tratado en la comisión, que hoy recibirá a las autoridades del Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

Durante la última sesión de la comisión, el 5 de abril, Puig dijo que los planteamientos realizados por las distintas delegaciones demuestran que “permanentemente hay un reclamo, plenamente justificado, en cuanto a la necesidad de que exista un fondo de garantía por insolvencia patronal”, y sostuvo la necesidad de aprobar el texto “en el más corto plazo”, aunque no se cerró a que existan “modificaciones”. Según sostuvo, los representantes del Frente Amplio en la comisión respaldan el proyecto y van a generar “los mecanismos para que sea aprobado en el menor plazo posible”. Las bancadas oficialistas de las comisiones de trabajo de ambas cámaras abordarán el tema en una reunión que se llevará a cabo mañana.