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Nacional | Lunes 17 • Abril • 2017

El teniente general (r) Raúl Mermot dijo que en dictadura hubo “apremio físico” y no “tortura”

“No confundir tortura con apremio físico. Se puede dejar a una persona detenida un tiempo prudencial hasta que se canse y pueda hablar, pero eso es apremio físico”, dijo el viernes el presidente del Círculo Militar, teniente general (r) Raúl Mermot (quien fuera comandante en Jefe de 1996 a 1998), en el marco del tradicional acto en homenaje a “los caídos en defensa de las instituciones democráticas”. Mermot realizó declaraciones en una rueda de prensa, luego de finalizado el acto. Entre otras cosas, sobre las torturas infligidas por militares durante la dictadura, dijo: “Evidentemente que hubo excesos, pero me consta en lo personal de jamás haber estado en una sesión de tortura a nadie”, y subrayó que no vio torturas ni las cometió.

Además, se refirió al procesamiento del militar retirado Rodolfo Gregorio Álvarez Nieto, por “coautoría del delito de Torturas”: “Recordamos al personal nuestro que está detenido injustamente, muchos ya fallecidos en prisión. Ahora, en estos días, acaban de reflotar algo y procesaron con prisión a Rodolfo Álvarez, que es sobrino del ex comandante en Jefe Gregorio Álvarez, pero además es hijo de su hermano Artigas, a quien los tupamaros mataron cobardemente en la puerta de su casa frente a su pequeña hija, en el 72”.

El militar retirado expresó que recuerda esos hechos “tratando de que alguien lo escuche”, porque es “muy sintomático” que se procese con prisión a un hombre al “que le cupo sólo la actuación de juez sumariamente durante un interrogatorio”, y señaló que la jueza lo procesó por complicidad “infamemente”. “Tendrá que verse la forma de que esto no siga siendo así. Un hombre que hace un acta para hacer constar lo que dice un detenido no puede ser cómplice, coautor ni nada”, expresó Mermot, y aseguró que tiene varios antecedentes de “compañeros” procesados “por un solo testimonio” que al final tuvieron que ser liberados “porque era falso”. Además, dijo, como ejemplo, que no se puede creer que un juez procese “a un coronel de 80 años porque uno lo vio o dijo haberlo visto en tal lugar”.

Mermot consideró que en esos procesamientos hay “algo de venganza por los años que pasaron por el quiebre institucional”: “No olvidemos quién tiró el primer disparo, quién incitó las acciones en un gobierno democrático: los tupamaros, muchos de los cuales están dirigiendo al país”, señaló.

Por otro lado, a propósito de las declaraciones del militar, Gastón Grisoni, presidente de la Asociación de ex presos políticos del Uruguay (Crysol), dijo a la diaria que está claro que en Uruguay la tortura fue la metodología “deliberadamente seleccionada” por las Fuerzas Armadas para mantenerse en el gobierno: “Él [Mermot] niega lo que en su momento reconoció el general [Hugo] Medina, que se enorgullecía de declarar que las Fuerzas Armadas habían torturado solamente lo indispensable”.

Grisoni señaló que en Uruguay hubo más de 7.000 condenados en dictadura, a los que no se podía llamar “procesados”, porque eso daría lugar a pensar que hubo un procedimiento jurídico, que no existió. “Fueron condenados por tribunales militares”, afirmó.

En cuanto a “dejar a una persona detenida un tiempo prudencial”, el presidente de Crysol subrayó que, por ley, una persona tiene que ser procesada dentro de las primeras 48 horas luego de su detención, y, según una investigación del Servicio Paz y Justicia de 1989, “las personas que fueron sometidas a la justicia militar demoraron 100 días, en promedio, en ser sometidas ante un juez sumariante”.

“Eso es lo significativo del procesamiento del coronel Rodolfo Álvarez, porque lo condenaron no solamente por torturas, sino también por complicidad en torturas, por ser juez sumariante; es decir, parte de la justicia militar, que no es justicia, porque es una fuerza auxiliar del Ejército en operaciones, o sea que de imparcial no tiene absolutamente nada”, concluyó Grisoni, quien agregó que le parece “asombroso” que se precisen más de 30 años de democracia para que un oficial del Ejército sea procesado por torturas.

Además, Grisoni señaló que el sábado se cumplieron 45 años de que el Parlamento estableciera el “estado de guerra interno”, eliminando así “la separación de poderes” y “transfiriendo al Ejército las potestades propias del Poder Judicial, que simplemente pasó a ser un órgano decorativo de una institucionalidad que ya tambaleaba”. Para el militante, la fecha no se suele recordar como se debería porque significa “asumir públicamente la participación que tuvieron en darle alimento a las Fuerzas Armadas para que actuaran fuera de la ley”: “Fue un acto soberano del Parlamento presionado por el Poder Ejecutivo liderado por [Juan María] Bordaberry, y salió con los votos del Partido Nacional y del Partido Colorado; el único que hizo autocrítica y pidió disculpas fue Wilson Ferreira Aldunate”, concluyó.


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