Recapitulando: Desde enero, en las facturas de UTE que llegan a los hogares colonienses se incluye el Impuesto al Alumbrado Público votado por el Partido Nacional (PN) y la mayoría de los ediles del Frente Amplio (FA), con montos que van desde los 40 a los 300 pesos. La indignación ciudadana motivó que se iniciara una campaña de recolección de firmas para interponer un recurso de referéndum: 30.000 firmas fueron entregadas el 18 de febrero en la Intendencia de Colonia (IC) al intendente Carlos Moreira (PN), quien las remitió a la Corte Electoral (CE) para que dictaminara su validez, mientras se discutía sobre la pertinencia o no del recurso, dadas las distintas lecturas que hay al respecto. La semana pasada trascendió que la CE, con el voto mayoritario de siete ministros y los votos de de Wilfredo Penco y Gustavo Silveira, desestimó el recurso. Los votantes en minoría argumentaron en su “dictamen en discordia” que “no existen prohibiciones ni limitaciones que puedan inhibir la convocatoria para un pronunciamiento popular”.

Para el edil frenteamplista Hébert Márquez, “la Corte falló que no es pertinente porque hace una analogía con las leyes nacionales, que tienen otro rango”. Según la ley, “no se pueden hacer plebiscitos contra leyes que implanten nuevos tributos, pero el instrumento que nosotros estamos usando es contra una decisión de la Junta Departamental”, y “los gobiernos departamentales no están habilitados para establecer tributos”.

Márquez es un productor rural de Nueva Palmira, electo edil por segunda vez por la Federación Frenteamplista Coloniense, integrada por militantes independientes. Fue uno de los cuatro ediles que votaron contra el impuesto en la Junta Depatamental, y participó activamente en la recolección de firmas.

Considera que con el nuevo impuesto se beneficia “a los altos contribuyentes, los shoppings, los grandes hoteles -la inmensa mayoría, extranjeros en este departamento de mucha inversión extranjera-, pero también a mucho empresario, a profesionales que viven muy bien. Yo conozco grandes mansiones que ahora quedaron en la franja de 100 pesos y antes pagaban 1.200 pesos”. Según Márquez, esa “brutal rebaja que tuvieron los medios altos y altos contribuyentes” fue lo que produjo “desequilibrio en el resto, porque eso hubo que cubrirlo haciéndoles pagar a los que menos tienen”.

“UTE está exonerando a la IC más o menos un millón y medio de pesos mensuales por la bonificación de 40% por buen pagador, porque la IC está pagando regularmente desde 2013; lo paradójico es que el intendente Moreira se las ingenió para trasladar ese 40% que les rebaja UTE a los que más tienen”, señaló. Agregó que “lo más grave es que se están utilizando las bonificaciones de los recursos destinados por la Ley de Presupuesto en el artículo 679, en el que se destinan 500 millones de pesos anuales para subvencionar la energía del alumbrado público, que le toca una cuota parte al departamento de Colonia, y eso se está dilapidando, rebajándoles a los que más tienen. Ese es el uso que le va a dar Moreira. Ese recurso, que nosotros calculamos en 1.500.000 pesos mensuales, daría para exonerar a 15.000 familias que pagan 100 pesos de impuesto. Esa es la discusión, es de principios y económica, frente a una arbitrariedad del señor intendente, que el pueblo repudia”.

Tras conocer el fallo de la CE, Márquez declaró que la idea es apelarlo, ya que “como toda cosa pública, uno tiene el derecho a rechazarla total o parcialmente, y, por el derecho a petición, todo ciudadano tiene derecho a pedir que se reconsidere”. “Yo soy de la idea de apelar y plantear el tema en otros ámbitos, porque esto rompe un principio fundamental de la democracia, que es que el pueblo decida. En la misma semana le estamos pidiendo al gobierno de Venezuela que haga elecciones y acá tenemos las firmas de 37% de los habilitados para votar, y resulta que no podemos decidir, es una incongruencia”, manifestó. “El mundo está muy convulsionado, pero no conozco ningún país que haya sido afectado por [ejercitar] demasiada democracia. Se llegó a votar contra un proceso de paz en Colombia; sin embargo, se le buscó una vuelta y hubo una salida, el pueblo lauda. Inglaterra salió de un corset económico estructural de la Comunidad Económica Europea por el brexit hace menos de un año, ¿y en el departamento de Colonia vamos a tener miedo de hacer un plebiscito para derogar una norma, cuando el intendente puede tener otra sustitutiva a los cinco minutos?”.

“Si el pueblo no puede decidir sobre el destino de su comunidad, después de eso, ¿qué hay? Porque hay una apelación ciudadana, la gente quiere participar, pero están los que no quieren que la gente participe. Por eso nos enojamos con los operadores, porque intentan desinformar sin hablar del fondo del asunto”, dijo, en referencia a una nota de opinión firmada por el dirigente del Partido Socialista Eduardo de León. “Hay muchos a los que no les gusta que la gente participe: democracia, pero poquita”, ironizó”.

La idea del edil es “mantener esa llama en Colonia, porque hay muchas arbitrariedades. La gente no votó sólo por no pagar: votó porque quiere tener derechos, y esa es una de las cosas que se olvida la mayoría de la CE, que hizo mil vericuetos hablando de todo menos de los derechos de los ciudadanos, cuando lo primero que tendrían que hacer es preservar esos derechos”. Plantea que la sentencia de la CE “es caprichosa, muy viciada y contaminada, es muy parcial; en vez de resguardar los derechos de 30.000 ciudadanos, optó por los derechos que pudieran tener la IC y UTE como organismos, que pueden tener los elementos técnicos y jurídicos para contar con otro tipo de defensa; los que no tienen defensa son los ciudadanos”.

“Si no se puede reclamar con una lapicera y un papel, ¿cuándo pueden reclamar los ciudadanos?”, finalizó Márquez, antes de describir el tributo como “un impuesto macrista”. Y, casi pensando en voz alta: “Capaz que es para meterlo en una próxima reforma de la Constitución: darle más poder a la gente”.