El periodista franco-uruguayo Sebastián Pérez continúa detenido en Venezuela. El 11 de abril fue retenido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas cuando volvía a Francia después de hacer una cobertura para la agencia de noticias Capa. Las autoridades venezolanas también detuvieron al reportero gráfico Didier Barral, compañero de Pérez.

La diputada del Frente Amplio (FA) Bertha Sanseverino conoce a Pérez desde niño. Su familia y la del periodista estuvieron exiliadas en Lyon, en el sureste de Francia, desde 1978. Sanseverino retornó a Uruguay en 1985, pero la familia del corresponsal se quedó en Europa. En la actualidad el periodista reside en París. La representante nacional dijo a la diaria que el joven está bien de salud y ha recibido la visita del cónsul francés en Caracas. “Sé que las autoridades francesas se están moviendo y que la agencia para la que trabaja les ha puesto un abogado”, dijo.

Sanseverino aseguró que el corresponsal es muy riguroso a la hora de hacer su trabajo. “Sebastián trabaja muy bien, es muy respetuoso. Ha recorrido lugares con grandes complejidades sociales y siempre trata de reflejar la realidad de las personas que, en medio de la adversidad, tratan de salir adelante”, sostuvo.

Ayer, la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresó su preocupación por la situación del periodista y el fotógrafo y exigió que se aclare la situación jurídica de Pérez y Barral. “La APU espera que se aclaren los motivos por los cuales fueron privados de libertad y aboga por que se respete el debido proceso. Si estos trabajadores fueron encarcelados por realizar una cobertura periodística, exigimos su inmediata liberación”, dice el texto. Según informó la agencia de noticias Efe, el ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, mantiene contactos con la embajada francesa en Caracas.

El senador del FA Rafael Michelini aseguró que “hay una comunicación del ministro de Relaciones Exteriores con la familia y también con la embajada francesa en Caracas”. “Es una situación muy delicada y hay que ir con cuidado”, apuntó. Michelini aseguró que “por suerte” la embajada francesa en el país caribeño ya tomó contacto con el periodista uruguayo, lo que, a su juicio, asegura su integridad física. “Esperamos su pronta liberación”, expresó.

En tanto, el representante del Partido Nacional (PN) Luis Alberto Heber señaló que desde su bancada son conscientes de que el periodista debe ser liberado por las autoridades venezolanas. Por su parte, el senador del Partido Colorado José Amorín Batlle aseguró que, al ser un periodista nacido en Uruguay, el gobierno debe reaccionar y exigir su libertad. Pablo Mieres, del Partido Independiente, dijo que, en la medida en que es un ciudadano uruguayo, Uruguay tiene que hacerse cargo. “Uruguay no se puede hacer el sordo. Yo creo que con Venezuela el partido de gobierno viene mirando para el costado de una manera vergonzosa desde hace muchos años, y particularmente en estas últimas semanas”, aseguró.

El diputado del PN Jaime Trobo dijo que instará a la cancillería a que intervenga para exigir la liberación del periodista. “Uruguay no se puede desentender de la situación de Sebastián Pérez, porque es un ciudadano natural uruguayo y no pierde esa calidad por residir fuera del país. Una señal de sensibilidad política clara es que el gobierno de Uruguay, por intermedio de su cancillería, se ponga al tanto de cómo están las cosas y gestione la pronta liberación de este individuo”, declaró a Radio Uruguay. Trobo comentó que habló con Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, quien manifestó su preocupación por la situación del profesional y de otros que están sufriendo acoso en Venezuela. “Nos señaló que no tenía información de las últimas horas sobre el caso, porque el gobierno venezolano no ha dicho absolutamente nada. Existe la preocupación de que se esté procediendo en forma ilegal”. Según el representante nacionalista, existe la posibilidad de que se les hayan plantado elementos que los vinculen con la violación de normas jurídicas internas, para iniciar un proceso judicial.