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Nacional | Martes 11 • Abril • 2017

Justicia procesó al edil canario Álvaro Puerto por la estafa del Fonasa

La Justicia procesó ayer con prisión a Álvaro Puerto, edil de Canelones y gerente comercial del Círculo Católico, que participó en la estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), que investiga desde fines de febrero la jueza Julia Staricco, que ya ha procesado a 30 personas. Según informó Subrayado, Staricco procesó a Puerto por el delito de fraude en reiteración real y de estafa en calidad de cómplice. La jueza había ordenado un allanamiento en el despacho de Puerto en la Junta Departamental de Canelones, donde se encontraron boletas falsas de una empresa mediante la cual Puerto captaba socios falsos para el Círculo Católico. El allanamiento había sido el viernes 31 de marzo; el 1º de abril Staricco libró una orden de captura internacional para el edil, que había salido del país el jueves 30. Regresó ayer de mañana, en un vuelo Iberia, procedente de Bosnia; fue detenido al llegar al aeropuerto.

Puerto es oriundo de Santa Lucía (Canelones) y había sido electo por el Partido Nacional. Integraba la agrupación del diputado Daniel Peña, quien fue el segundo diputado en adherirse al Partido de la Gente. No bien se allanó el despacho del edil canario, la Mesa Ejecutiva Nacional del Partido de la Gente emitió un comunicado de prensa en el que anunció la suspensión del edil hasta que se pronunciara la Justicia, y ayer resolvió expulsarlo del partido.

Contexto

La investigación por la estafa al Fonasa y al Banco de Previsión Social (BPS) está a cargo del Juzgado Letrado en lo Penal de 16º Turno; la fiscal del caso es Mónica Ferrero. Las investigaciones han indagado en las afiliaciones que han hecho siete mutualistas; según enumeró ayer el diario El Observador, Puerto es el quinto funcionario del Círculo Católico que ha sido procesado en esta investigación, y además hay tres empleados del Casmu, que fueron procesados por intermediación lucrativa, delito descripto en la Ley Fonasa, que implica en el pago a quienes se afilien a una institución de salud. La investigación judicial continúa y si bien por ahora no es una “megaestafa”, como se pensaba al comienzo, ha dejado en evidencia las debilidades de los controles y la habilidad de unos cuantos para sortear los obstáculos legales. El tema ha sacudido al BPS, al Ministerio de Salud y a las mutualistas, que formaron una comisión multiinstitucional integrada por juristas y técnicos del área de afiliaciones para generar “buenas prácticas en materia de relacionamiento con los afiliados” y buscar más estrategias para controlar la forma en que los promotores consiguen afiliados.


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