A la familia de refugiados sirios que acampa en la plaza Independencia desde el lunes se sumó otra integrada por la jefa de hogar, Karima al Mohamed, y sus cinco hijos; una de ellos es paciente oncológica. En total suman 12 niños y ocho personas mayores de 18 años.

Ibrahim Alshebli al Ali, uno de los hijos mayores de la familia que vive en Salto, dijo a la diaria que no se van a retirar de la plaza hasta que no encuentren una solución. Además, pidió una entrevista con el senador José Mujica porque fue él quien los trajo, cuando era presidente. Aseguró que no se ha acercado ninguna autoridad a las carpas y destacó que no reclaman dinero sino poder irse de Uruguay. Cuando el hermano mayor dijo que lo que pretenden es trabajar, una de las niñas, en perfecto español, agregó que también quieren estudiar. Según estos sirios, en Líbano tenían trabajo y fueron traídos a Uruguay con falsas promesas. “Dijeron que en Uruguay había trabajo, y es todo malo”, aseguró Mmerhi, el padre de Ibrahim.

Según Mmerhi, a la escasez de alimentos y agua se suma la falta de baños. Las familias aseguran que el pueblo uruguayo los ha ayudado, pero que el gobierno los engañó varias veces: “Estuvimos acá [en la plaza] en 2014, cuando llegamos”, relató Ibrahim. En aquel momento los enviaron a Juan Lacaze. En 2015 volvieron a acampar, y el Instituto Nacional de Colonización (INC) les asignó un predio de 35 hectáreas en Salto. Ibrahim sostiene que en ese lugar no se puede cultivar y que tampoco tienen las herramientas para hacerlo. En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, en un comunicado emitido ayer informó que si bien la familia de Salto “rechazó” dialogar con el organismo, la segunda familia expresó “su preocupación por sus ingresos y sus perspectivas de futuro”. El comunicado precisó la situación de la hija mayor de esta familia que está siendo atendida por “el grupo de oncología infantil del Pereira Rossell” y que los médicos recomendaron que “no trabaje ni concurra al liceo” y que “la madre acompañe el proceso de enfermedad de su hija, sin trabajar”. La Secretaría “se siente muy cercana a la situación de esta familia”, “comprende y se solidariza con las situaciones humanas, pero no acepta ningún tipo de presión y seguirá trabajando en pos del diálogo”, aclaró. “En acuerdo o en desacuerdo, la angustia de las familias no deja de ser legítima y por esto consideramos que esta situación crítica no debe fomentar la estigmatización o discriminación, sino motivarnos a involucrarnos todos por un país integrado”, concluye.