Había una vez un país gobernado por el presidente colorado Jorge Batlle, en vísperas de la asunción, por primera vez en la historia del país, de una coalición de izquierda. Un gobierno que necesitaba dar señales de confianza y estabilidad a los inversores, cuando recién comenzaba a salir de una de las peores crisis sociales y económicas del país. Que recibió una oferta de una empresa finlandesa para concretar la mayor inversión en la historia de Uruguay. El final de este cuento ya lo conocemos: el 15 de octubre de 2004, el Poder Ejecutivo autorizó a Botnia Fray Bentos SA a explotar una zona franca privada en la 1ª sección catastral del departamento de Río Negro, por un plazo de 30 años. En la misma resolución se determinó que Botnia -a la postre UPM- debía pagar anualmente un canon, que ahora asciende a 700.000 dólares anuales, informaron a la diaria desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Hoy, en momentos en que el Estado uruguayo y la empresa finlandesa negocian la instalación de una segunda planta en el centro del país, la historia es distinta. UPM recibió el respaldo incondicional del gobierno uruguayo durante el conflicto con Argentina, y hace 13 años que se beneficia de las exoneraciones impositivas dispuestas bajo el régimen de zona franca. La magnitud del beneficio no se conoce públicamente. La Dirección General Impositiva (DGI) dispone de información sobre los montos de exoneraciones que se aplican a UPM, y recientemente, según supo la diaria, le brindó esa información al MEF, a pedido de la cartera, para ser utilizada en las negociaciones. Pero no puede difundirla al público porque lo impiden las normas de secreto tributario, que incluso responsabilizan penalmente a los funcionarios que den a conocer esos datos.

Un segundo factor que quizás modifique el final de esta nueva historia es que la primera planta de UPM se ubicó a orillas del río Uruguay y saca su producción por el puerto de Nueva Palmira. Esta situación no es comparable con los impactos urbanos y ambientales que generaría una segunda planta, que produciría casi el doble que la actual, instalada a orillas del Río Negro -con un caudal diez veces menor al Uruguay- y con una producción que, según es intención del gobierno, saldría por vía férrea hacia el puerto de Montevideo, con consecuencias importantes para la trama urbana de las ciudades de Montevideo y Las Piedras. Esta posibilidad generó, entre otras reacciones, la firma de una carta pública de los dos ex intendentes de la capital Mariano Arana y Ricardo Ehrlich, y de las senadoras frenteamplistas Lucía Topolansky (Movimiento de Participación Popular) y Constanza Moreira (Casa Grande), reclamando mayor debate y estudio sobre esta alternativa.

Pero el elemento fundamental que ha llevado al gobierno, y en particular al MEF, a ponerse más firme en las negociaciones, es que el país deberá afrontar el costo de una inversión en infraestructura cercana a los 1.000 millones de dólares, para permitir la salida de la producción de la planta. “Ellos [la empresa] no quieren pagar nada de esa inversión”, resumió a la diaria una fuente del ministerio. Las vías que explora el gobierno son la inversión privada o un préstamo para hacer frente a estos costos, pero el MEF pretende que en 20 o 30 años sea la empresa la que amortice esta inversión, pagando impuestos.

El semanario Búsqueda informó el jueves que en las negociaciones el MEF y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente fueron los que se mostraron más reacios a otorgar una nueva zona franca a UPM. El presidente Tabaré Vázquez dijo públicamente el lunes que la empresa pretende que no se le cobre el Impuesto al Patrimonio, mientras que el gobierno entiende que debe cobrarse. Parecería que esta es la única diferencia económica con la empresa, y eso no es así, porque aunque esta acepte tributar por este concepto, al gobierno las cuentas todavía no le cierran, apuntaron desde el MEF.

Según fuentes del gobierno, se negocia un “paquete” económico, en el que no sólo se evalúa si conceder una zona franca, o exonerar del Impuesto al Patrimonio, sino también qué canon deberá pagar la empresa por el uso de las vías férreas, y qué canon anual deberá pagar por instalarse. El monto que paga la primera planta por este último concepto es, como se dijo, 700.000 dólares anuales, que para la empresa es “cambio chico”, apuntaron las fuentes. La intención es incrementarlo, por lo menos, a un millón de dólares, y además, que la empresa tribute por el uso de las vías y por el Impuesto al Patrimonio de los bienes que posea fuera de una eventual zona franca. Si las cuentas cierran con estos tributos, no habría problema en otorgarle una nueva zona a UPM, explicaron. Pero el “paquete” tiene que cerrar, y la referencia son los 1.000 millones de dólares que el gobierno uruguayo deberá invertir en una infraestructura que utilizará fundamentalmente la empresa finlandesa.

Paz sindical

UPM solicitó una cláusula de paz sindical, pero este tipo de disposiciones son habituales, dijo el jueves el secretario general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), Óscar Andrade. “En la construcción existe un protocolo de prevención de conflictos; cuando cualquiera de las dos partes toma una medida que afecta a la otra, esta invoca el protocolo, se congelan las acciones, y agotadas las instancias de negociación, se empieza a tomar medidas”, explicó Andrade. Dijo que el sindicato está “a disposición” para discutir con la empresa un convenio macro sobre formación y participación de trabajo nacional, así como políticas de prevención de salud y seguridad. Agregó que los principales problemas en las instancias bipartitas que ya han tenido con UPM no se relacionan con la conflictividad sino con la participación de mano de obra nacional, que el sindicato reclama que sea de 75%.

Mientras tanto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, consideró que el tema laboral no está “entre los prioritarios en la discusión con la empresa UPM”, porque ha habido “avances sustantivos” al respecto.