El sistema de jubilaciones y pensiones uruguayo comenzó con instituciones que se ocupaban sólo de ciertos sectores de la sociedad. Los aportes y beneficios en cada una de ellas dependían de los recursos propios del sector, de su capacidad de presión para capturar recursos públicos, o de la importancia que les asignaba el Estado. Con el paso de los años, esos sistemas separados se fueron centralizando, o por lo menos aproximando a criterios comunes. La creación del Banco de Previsión Social, mediante la reforma constitucional de 1966, unificó a buena parte de ellos, pero se mantuvieron aparte las llamadas cajas paraestatales (bancaria, notarial y de profesionales universitarios), y las estatales para policías y militares. Luego, también estas se fueron acercando -o fueron forzadas a acercarse- a los criterios generales, en gran medida porque el mantenimiento de sus ventajas con respecto a las demás se fue volviendo inviable.

La llamada Caja Militar es el último gran sistema que permanece diferenciado, con prestaciones sustancialmente mejores, y es claro que esto se debe a razones políticas. En términos históricos, son las mismas que determinaron que los militares fueran los primeros a los que se decidió otorgar compensaciones de retiro, ya en 1829: el Estado necesita gente armada y busca añadirle atractivos a la carrera militar, así como premiar la lealtad de quienes la eligen; a su vez, las demandas de esa gente armada tienen, por razones obvias, un peso muy superior que las de otros sectores sociales.

Los gobiernos del Frente Amplio (FA) vienen, además, de una larga relación de hostilidad recíproca con los militares, y han decidido transitar este terreno con extrema cautela, que incluso se puede considerar excesiva. Una parte del FA ha buscado así asegurar una convivencia pacífica; otra desea ir más allá y ganar adhesiones castrenses (y otra, minoritaria, preferiría la reducción sustancial o la eliminación de las Fuerzas Armadas): esta es una de las áreas estratégicas en las que el debate franco y la búsqueda de acuerdos brillan por su ausencia, y esto determina, en la actual encrucijada, alineamientos sectoriales infrecuentes.

En todo caso, hoy el peso del presupuesto militar (que se destina en enorme proporción a sueldos y pasividades) se vuelve insostenible, en términos estructurales y en una coyuntura que requiere acotar el gasto público. Hay, por lo tanto, motivos económicos para recortar los privilegios que otorga la Caja Militar, que hasta ahora se han mantenido en los niveles exorbitantes establecidos por la dictadura, y que se concentran entre quienes fueron altos oficiales. Pero hay también motivos político-ideológicos: a la hora de elegir en qué áreas se reducen los egresos del Estado, hay opciones de izquierda y de derecha, y entre las primeras debería estar, naturalmente, la de afectar esos beneficios desmesurados.

Sería mejor, sin duda, que esto se ubicara en el marco de acuerdos estratégicos sobre la razón de ser de las Fuerzas Armadas uruguayas y la justificación de sus tareas dentro o fuera del país, pero no sería poca cosa que, por fin y aunque incida en ello la necesidad económica, avanzáramos hacia criterios de justicia.