Los trabajadores hoy llamados “cincuentones” son aquellos que tenían menos de 40 años el 1º de abril de 1996, cuando se modificó el sistema de seguridad social y se crearon las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Son los que en aquel momento quedaron obligados a pasarse al régimen mixto y aportar una parte al Banco de Previsión Social (BPS) y otra a la AFAP. 20 años después, se cumple lo anunciado por los trabajadores: que muchas personas se verían perjudicadas. Al ir a averiguar con cuánto se jubilarían, muchos se enteraron de que la cifra era muy baja, hasta 35% menos de lo que obtendrían si se jubilaran por el BPS. Por eso “los cincuentones” se movilizan desde el año pasado; el equipo de representación de los trabajadores en el BPS acompaña el pedido, y como no encontró eco, optó por presentar un anteproyecto de ley de modificación del régimen de ahorro individual jubilatorio. El anteproyecto autoriza a las personas de 50 o más años a desafiliarse del régimen mixto con carácter retroactivo (siempre que no estén jubilados). Carlos Clavijo, representante alterno de los trabajadores en el BPS, explicó a la diaria que calculan que de los 100.000 trabajadores que tienen más de 50 años, 42.000 serán perjudicados a la hora de jubilarse (aclaró que el resto puede ser o no perjudicado, eso lo verá cada uno, en función de la rentabilidad del fondo y otras variables, como los períodos que estuvo en seguro de desempleo o por enfermedad). Si esos 42.000 se pasaran al BPS -al que llaman sistema solidario-, las AFAP deberían transferirle al BPS 1.600 millones de dólares; además, la recaudación de ese organismo crecería, puesto que los años de aporte que le queden a la persona -el promedio de edad de jubilación está en los 64 años- se harán al BPS. El equipo de trabajadores se asesoró al momento de elaborar el proyecto, y asegura que las AFAP no podrán poner reparo legal. Además, según Clavijo, “el negocio ya lo hicieron” las AFAP, porque cobran una comisión del aporte individual. Y explicó que si una persona cobra 100 pesos, 15 se le descuentan para el sistema de seguridad social; pero estando en el sistema mixto van 7,5 para el BPS y 7,5 para su cuenta de ahorro, a lo que hay que agregar que las aseguradoras se cobran una comisión: actualmente las privadas retienen 29% entre la comisión y el seguro, y República AFAP 18,6%. “La AFAP se queda casi con la tercera parte de lo que aportás”, reprobó.

El anteproyecto propone que para desafiliarse la persona deberá contar con el asesoramiento del BPS; las AFAP tendrán que pasarle al BPS la información del fondo acumulado del afiliado, y el BPS deberá hacer una proyección estimativa de lo que recibirá al jubilarse. Quienes tengan 50 o más años, dispondrán de un plazo de dos años para desafiliarse de la AFAP, y los que tengan 60 o más dispondrán de un año.

En el sistema mixto, quienes ganan más de 130.000 pesos no están obligados a aportar por sus ingresos por encima de ese monto; al volver al BPS tendrán que hacerlo, pero el anteproyecto prevé que puedan reintegrar esos aportes hasta en 72 cuotas, que podrán ser descontadas de la jubilación.

El anteproyecto fue consensuado por los tres representantes sociales en el BPS -empresarios y pasivos, además de los trabajadores-. El viernes los representantes de los trabajadores lo presentaron en una actividad en el PIT-CNT y el domingo al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, en las reuniones previas al Consejo de Ministros. Clavijo contó a la diaria que el lunes los llamó el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, y les planteó que se lo presentaran a senadores del Frente Amplio (FA), lo que hicieron el lunes de tarde. Con esos y otros senadores del FA se volverán a reunir la semana que viene, y la idea es presentarlo también a legisladores de los otros partidos. Por tratarse de las arcas del Estado, el proyecto debe surgir de la iniciativa del Poder Ejecutivo. Clavijo dijo que los políticos con los que se reunieron prometieron analizarlo y coincidieron en la necesidad de encontrar una solución. Murro les confirmó que antes de mediados de año se hará un diálogo social para discutir el proyecto de ley. De los insumos surgiría la redacción definitiva del proyecto.