La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) dio una conferencia de prensa el viernes para informar sobre la creación de una comisión investigadora para analizar la licitación pública que dio lugar a la compra de un inmueble en Brazo Oriental (ubicado en la calle José María Penco), por valor de un millón y medio de dólares, que había sido adquirido por los oferentes a la mitad de ese precio pocos días antes. Si bien hace una semana el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, resolvió dejar sin efecto la compra, el tema siguió levantando polvareda.
La edila frenteamplista Graciela Villar (Asamblea Uruguay) dijo a la diaria que respaldan la actitud del intendente. En esa línea, decidieron instalar una comisión investigadora, ya que “se está poniendo bajo sospecha si hubo opacidad en el tema del valor de la propiedad”. “Queremos ir hasta las últimas consecuencias. Para nosotros, acá hubo un negocio de terceros que no tiene nada que ver con la administración. Pero, en realidad, está instalado en la opinión pública que la administración fue la que hizo opaca esta negociación”, explicó Villar.
Además, la edila afirmó que la decisión de la bancada del FA de votar afirmativamente la creación de la comisión investigadora no se fundamenta en las denuncias presentadas por su par nacionalista Diego Rodríguez, quien en un comunicado había calificado la compra de “un hecho de irresponsabilidad y despilfarro con el dinero de todos”, sino en las sospechas que se instalaron en la sociedad a partir de “declaraciones de prensa” y de las opiniones del ministro del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) Ruperto Long. A fines de marzo, en entrevista con la radio Carve, Long había dicho que el llamado fue “muy específico” y estuvo restringido a una pequeña zona de la ciudad de Montevideo, circunstancia que limitaba la posibilidad “de que haya un mayor número de ofertas para que haya mayor competencia y obtener el menor precio posible”. También sostuvo que el valor de mercado del inmueble no podía ser el doble dos días después, y que eso resultó “muy llamativo”.
Villar expresó que no hace conjeturas sobre lo que pudo haber pasado en la licitación, y que le parece obvio que fue un “negocio de terceros”, pero que el problema radica en si la comisión investigadora lo podrá demostrar o no: “En definitiva, lo que más nos importa es que las sospechas que se vertieron queden meridianamente aclaradas desde el punto de vista del papel de la administración en todo este entramado que se ha generado”.
La edila no cree que haya fallado la licitación en alguno de los eslabones de la cadena, ya que el TCR, que fue “el primero en tirar sospechas”, planteó que desde el punto de vista del pliego y de la licitación todo se hizo “de acuerdo a lo que plantea el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera”, y “no hay ninguna ilegalidad existente”. “Por lo tanto, hay una contradicción flagrante entre lo que se afirma en el documento oficial y lo que después se opina”.
Después de Semana de Turismo, el plenario de la Junta Departamental aprobará el objeto de estudio y la cantidad de miembros que tendrá la comisión.