El Estado uruguayo sigue gastando recursos y tiempo de sus funcionarios de gobierno para enfrentar demandas de empresas privadas ante el Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Con la experiencia reciente del juicio contra la tabacalera Philip Morris -en el que, a pesar de obtener un fallo favorable, el Estado debió desembolsar tres millones de dólares para pagar los costos del proceso-, Uruguay enfrenta ahora un juicio contra la empresa de telecomunicaciones estadounidense Italba.
Esta empresa proveedora de servicios de banda ancha satelital alega que el Estado violó el Tratado de Protección de Inversiones entre Estados Unidos y Uruguay, suscrito en 2005, al revocarle la licencia para operar a su subsidiaria en Uruguay, Trigosul. En 2011, la Unidad Reguladora de los Servicios de Telecomunicaciones (Ursec) revocó la licencia alegando que Trigosul no cumplió “con la prestación del servicio de transmisión de datos al que fue oportunamente autorizado” en 2000. En 2014, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anuló la resolución de la Ursec y, según Trigosul, eso implicaba que se le restituyera la licencia. La empresa sostiene que en 2015 solicitó a la Ursec que se le restituyera la licencia, y la autoridad reguladora ignoró el pedido, y transfirió sus derechos a otra empresa de telecomunicaciones. Por este motivo presentó en febrero de 2016 una demanda contra el Estado uruguayo ante el CIADI. Alega que no se le prestó un trato “justo y equitativo”, y sostiene que se le denegó el acceso a la Justicia.
Uruguay está representado en el juicio por el secretario de Presidencia, Miguel Toma, el director de la Ursec Nicolás Cendoya y el canciller Rodolfo Nin Novoa. El estudio jurídico que ejerce la defensa es el mismo que actuó en el juicio contra Philip Morris, Foley & Hoag, y al frente del proceso está el abogado estadounidense Paul Reichler. El juez designado a pedido de Uruguay es Zachary Douglas, de Australia; el juez pedido por Italba es John Beechey, de Reino Unido, y el tercer juez es Rodrigo Oreamuno, de Costa Rica.
Toma llegó ayer a Estados Unidos para trabajar junto al estudio jurídico en la presentación de la “réplica” de Uruguay en el juicio, explicó a la diaria el embajador de Uruguay en ese país, Carlos Gianelli. Tanto Italba como el Estado uruguayo ya presentaron la demanda y la respuesta a la demanda, respectivamente, y ahora se desarrolla la segunda ronda de respuestas escritas. Gianelli informó que las audiencias orales están previstas para noviembre. Tanto el embajador como Toma y Cendoya prefirieron no hacer declaraciones sobre el proceso judicial, para cumplir con la obligación de reserva que impone el CIADI.
Primera en casa
Una fuente vinculada al juicio comentó a este medio que el proceso es un tanto “pintoresco”, ya que Italba acusa al gobierno uruguayo de presionar a sus testigos y de ejercer incidencia política en el Poder Judicial de Uruguay.
El 15 de febrero de este año, Uruguay obtuvo su primera victoria en el proceso: el tribunal del CIADI falló a favor del Estado frente al pedido de medidas cautelares formulado por la empresa estadounidense en noviembre de 2016.
El 31 de octubre de 2016, Italba le informó al Tribunal del CIADI que uno de sus testigos, Luis Herbón -apoderado de la empresa en Uruguay-, había recibido una notificación para comparecer ante un juzgado penal en Montevideo, como testigo de un presunto delito de falsificación de documentos y fraude. El documento en cuestión era una carta firmada por el médico radiólogo Fernando García, en la que este daba cuenta de los negocios que habría llevado a cabo con Italba; la empresa presentó esta documentación al CIADI como una manera de probar que tiene negocios en Uruguay y que no es una “empresa fantasma”. En conversación con García, Presidencia llegó a la conclusión de que la firma fue falsificada, y presentó los antecedentes ante la Justicia uruguaya.
Italba argumentó, en el escrito que presentó ante el CIADI, que esta investigación penal en Uruguay representa un “abuso” y un “intento de acoso e intimidación” de sus testigos, y le exigió a Uruguay que concluyera las investigaciones. Aseguró que la acción de la secretaría de Presidencia al enviar el caso a la Justicia determinó que otros testigos se “asustaran” y se negaran a dar su testimonio. Acusó concretamente a Toma de “estar en contacto” con supuestos testigos de Italba, “en un intento por persuadirlos de no testificar” en favor de la empresa. “Hay evidencia de que la investigación penal de Uruguay [...] tiene una motivación política”, sostuvo la empresa. Finalmente, solicitó al tribunal que “tomara todas las medidas apropiadas” para “terminar o suspender” las acciones judiciales en Uruguay hasta que el CIADI se expidiera sobre el caso, y para evitar “cualquier medida de intimidación” contra Herbón y contra el presidente de Italba, Gustavo Alberelli.
Uruguay negó que su propósito fuera atacar a los testigos de Italba, y remarcó la separación que existe en el país entre los poderes Ejecutivo y Judicial. Explicó que la Secretaría de Presidencia puso la situación en conocimiento de la Justicia porque los funcionarios públicos en Uruguay están obligados a denunciar hechos de apariencia delictiva. En la respuesta, Uruguay alegó que no puede ser privado de su derecho soberano a “evaluar, de buena fe”, evidencia relevante sobre la eventual comisión de delitos en su territorio, porque esto significaría “prohibir a Uruguay ejercer uno de sus derechos soberanos más esenciales y fundamentales: aplicar sus leyes penales investigando la comisión de delitos graves en su territorio”.
Argumentó también que el proceso interno en Uruguay no imposibilitaba a los testigos comparecer ante el CIADI. Herbón, que reside en Estados Unidos, debía comparecer ante la Justicia uruguaya el 1° de diciembre de 2016 y no lo hizo, y tampoco dio razones para no presentarse, según informó Uruguay al tribunal del CIADI. Además, Uruguay señaló que la empresa no mencionó los nombres de los otros presuntos testigos a los que el secretario de Presidencia habría “asustado”.
Por otra parte, en su respuesta Uruguay aseguró que hay evidencia suficiente para concluir que la firma de García fue falsificada. Según supo la diaria, la defensa uruguaya cuenta además con pruebas de que los responsables de Italba habrían falsificado entre siete u ocho documentos más para pretender que hacían negocios en Uruguay. En su respuesta, Uruguay señala que descubrió que Italba ha “informado con falsedades sobre sus comunicaciones con otras personas o entidades en Uruguay, incluyendo Canal 7 y Direct TV”. “Según surge del proceso de due diligence de Uruguay, el demandante” ha dado información falsa sobre “sus contactos y sus negocios en Uruguay”, menciona el Estado en su escrito.
Finalmente, Uruguay solicitó que se desestimaran las medidas cautelares por ser “extremas” y “groseramente desproporcionadas”, y que se le ordenara a Italba pagar los costos de esta etapa del juicio.
En su resolución, el tribunal considera que Uruguay “tiene el derecho y el deber soberano de investigar” acciones delictivas que ocurren en su territorio, “de acuerdo con las reglas y procedimientos establecidos por las leyes de Uruguay”. Agrega que el tribunal “no tiene el poder de ordenar o recomendar el cese de una investigación penal” que ocurre en territorio uruguayo, y que, por otra parte, el demandante no probó que las autoridades uruguayas hayan actuado “de mala fe”. Señala que el hecho de que Italba haya iniciado una acción ante el CIADI no confiere a sus representantes un “manto de inmunidad” que los proteja de una investigación penal en el país.
Sobre el pedido de Uruguay para que Italba se hiciera cargo de los costos de esta etapa, el tribunal advierte que no se pronunciará sobre el tema de los costos hasta que termine el juicio.