Ir al contenido

Nacional | Viernes 07 • Abril • 2017

Plantación de arroz en Rocha. Foto: Sandro Pereyra (archivo, enero de 2017)
Plantación de arroz en Rocha. Foto: Sandro Pereyra (archivo, enero de 2017)

Trabajadores de Arrozal 33 en campamento sindical desde el lunes

El lunes a las 6.00 los trabajadores de Arrozal 33, empresa ubicada en la zona de Vergara (Treinta y Tres), se declararon en conflicto, comenzaron un paro de actividades e instalaron un campamento sindical donde se cruza la ruta 18 con el camino Arrozal Treinta y Tres, a la orilla del arrollo del Parao. Lo que originó el conflicto fue la sanción impuesta a dos delegadas sindicales de Arrozal 33 que, habiendo pedido licencia sindical para concurrir a una asamblea de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA) el 10 de diciembre en Tacuarembó, fueron sancionadas con tres días de suspensión. La UNATRA denunció la situación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), ante lo que la empresa argumentó que la licencia no había sido solicitada correctamente; hasta ahora la empresa no ha retirado la sanción a las trabajadoras, y no se ha llegado a un acuerdo en el ámbito del ministerio.

Esa situación se prolongó, y ahora una de las dos delegadas sancionadas está en el seguro de paro. A este escenario, los trabajadores sumaron una plataforma que incluye diversos puntos, ya que no hay convenio colectivo en el sector después del retiro de los empresarios de los Consejos de Salarios. Los trabajadores nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Arroz y Afines (SUTAA) presentaron entonces una plataforma de negociación en la que planteaban 12% de aumento salarial, continuidad en la canasta familiar que los trabajadores actualmente reciben sólo cuatro meses en el año, un set escolar y liceal para los hijos de los trabajadores, y que los empresarios paguen al menos 50% de los aportes personales.

Con esa plataforma en la mano, los delegados sindicales fueron el lunes a primera hora a comunicarle a la empresa que comenzaban un paro, pero, tras un incidente entre un delegado de la empresa y el administrador de Arrozal 33, que fue denunciado a la Policía por el sindicato, al paro se sumó un campamento sindical. “Ahí estamos desde el lunes, con un acatamiento muy alto por parte de los trabajadores de la empresa y con el respaldo del Plenario Intersindical de Trabajadores de Treinta y Tres”, contó a la diaria César Rodríguez, dirigente de la UNATRA.

Arrozal 33 tiene unas 7.000 hectáreas sembradas, cerca de 400 trabajadores en toda la empresa y unos 250 en el sector cultivo, explicó Marcelo Amaya, dirigente de SUTAA. Los trabajadores son en su mayoría de Vergara y de Arrozal 33, una población conformada por las viviendas que proporciona la empresa a los empleados. Según Rodríguez, cerca de 60% de los trabajadores se plegaron a la medida de paro, y la actividad de la empresa “estuvo diezmada” en estos últimos días.

El campamento, contó Rodríguez, recibió varias visitas de la Policía. “La empresa es muy prolífica en denuncias policiales contra los trabajadores. Hizo denuncia contra el campamento, por la cartelería y porque en un momento, en plena asamblea, había dos ómnibus sobre la ruta pero contra la banquina, sin interrumpir el tránsito... Lo vemos como un hecho distorsionante del normal funcionamiento de la asamblea, del derecho de reunirse para tomar resoluciones”, opinó el dirigente. Rodríguez aclaró que por cada denuncia la Policía tiene que ir al lugar, y consideró que el objetivo, con esta práctica, es “atemorizar a los trabajadores”.

Ayer, desde la Asociación de Cultivadores de Arroz se comunicaron con dirigentes del SUTAA para mediar en el conflicto. Marcelo Amaya, dirigente del sindicato arrocero, explicó que se aceptó integrar una mesa de negociación, pero los dirigentes exigieron “las garantías de que el acuerdo sea respetado; pedimos que la reunión fuera en el ámbito de la Dinatra [Dirección Nacional de Trabajo]”, contó Amaya a la diaria. Así, se convocó para hoy a las 13.00 a una instancia tripartita en la Dinatra, mientras se mantienen la medida de paro y el campamento sindical.

Lo que para los trabajadores es “innegociable” es el levantamiento de la sanción a las dos delegadas sindicales. La asamblea a la que acudían, el 10 de diciembre, era justamente para tomar posición sobre las propuestas en los Consejos de Salarios, en particular para fijar postura sobre la propuesta que había presentado el Poder Ejecutivo (que, a la postre, ante el retiro de los empresarios, resolvió por decreto los aspectos salariales del grupo). “Entendemos que es una violación grave a los derechos de los trabajadores, que vamos a defender, porque es también una señal para todos los trabajadores organizados”, reivindicó Amaya.


Etiquetas