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Nacional | Martes 04 • Abril • 2017

La familia siria Alshebli Al Ali, ayer, frente a la Torre Ejecutiva, en la plaza Independencia. Foto: Pablo Vignali
La familia siria Alshebli Al Ali, ayer, frente a la Torre Ejecutiva, en la plaza Independencia. Foto: Pablo Vignali

Una familia de refugiados sirios acampa en la plaza Independencia y reclama irse del país

En la plaza Independencia, frente al Palacio Estévez, disimulada entre la poca vegetación se podía distinguir ayer una carpa verde. Sin carteles, pancartas ni altavoces, una familia de 15 personas esperaba una respuesta. Lo único que los distinguía de la fauna nativa eran los hijab de las mujeres: se trataba de la familia de refugiados sirios Alshebli al Ali, que llegó desde Líbano a Uruguay durante el gobierno de José Mujica, en octubre de 2014, y ahora reclama irse del país.

Como el resto de los refugiados, al llegar a Uruguay fueron alojados en el hogar San José, de los Hermanos Maristas, ubicado en el kilómetro 16 de Camino Maldonado; más tarde fueron trasladados a Juan Lacaze (Colonia). En 2015, después de una protesta similar a la de ayer que llevaron adelante varias familias sirias, les asignaron una granja de 35 hectáreas en la localidad de Osimani y Llerena, en el departamento de Salto.

Según los integrantes de la familia, después de que les asignaron el predio las dificultades se multiplicaron. Ibrahim, uno de los hijos mayores, que tiene 23 años, dijo a la diaria que de las 35 hectáreas pocas se pueden cultivar, porque el resto está “lleno de piedras”, y agregó que tampoco cuentan con herramientas. El predio lo cedió el Instituto Nacional de Colonización (INC), y si bien los sirios agradecen la concesión de esas tierras, aseguran que no pueden vivir de ellas. Fátima, una de las hijas mayores de edad, explicó que son seis las personas que están en condiciones de trabajar, pero ninguna ha podido conseguir empleo. Desde que los trasladaron a Salto, el dinero que se les asigna por mes fue disminuyendo; al principio recibían 40.000 pesos para los 15. En un perfecto español, que aprendió hablando con la gente, Fátima dijo que quiere estudiar y trabajar, porque “sin trabajo no se puede vivir”.

Ibrahim estuvo empleado por más de un año en una empresa de electricidad, pero ahora está en el seguro de paro; el padre, albañil de profesión, levantó algunos invernaderos, pero eso “no alcanzó”. En Siria las mujeres se dedicaban a cocinar para afuera, pero en Uruguay no lo hacen.

Los ocho niños, en Salto, van a una escuela que les queda a cinco kilómetros, en la que comen, pero como dijo Fátima, cuando llegan a la casa tienen hambre. “Son niños, nosotros podemos aguantar uno o dos días, pero ellos no”, afirmó.

Con respecto al vínculo con la Secretaría de Derechos Humanos (DDHH) de Presidencia de la República, Ibrahim dijo que al principio se reunían con Javier Miranda, pero después se incorporó Jimena Fernández en la coordinación del programa de reasentamiento. “Entró y [fue] peor. Pensamos que ella lo iba a arreglar, pero todo fue peor. Dice [la Secretaría] que ayuda mucho, pero nosotros no vemos nada. Antes de venir a Uruguay nos decían que había trabajo, pero no hay; nos dijeron que había buenas cosas, buenos sueldos. Si no nos quieren ayudar, nos volvemos a nuestro país. Acá nos dan plata, pero si no trabajamos la plata no va a venir más; cuando se corte y no tengamos trabajo, ¿cómo vamos a vivir?”. Ibrahim se preguntó por qué los trajeron, si no iban a poder ayudarlos.

Breve encuentro

Sobre las 12.00, las autoridades recibieron a los hermanos mayores y a los padres de la familia. La reunión no fue extensa: la familia aseguró que no fueron más de cinco minutos. Al llegar a la carpa, Fátima e Ibrahim parecían desalentados. Su padre, en cambio, estaba indignado. “Tabaré mentiroso. Yo sirio, no uruguayo”, dijo en un precario español. Después se tomó del cuello, tratando de expresar que se los está asfixiando. Ibrahim, más calmado, dijo que su padre quería decir que los están “agarrando para que no se vayan”. El joven dijo que no se van a ir de la plaza hasta que encuentren una solución. Además, anunció que se les unirán más familias.

Ayer el clima fue benigno, pero en la carpa, en la que no entran más de cuatro personas menudas, dormirán sólo los niños, mientras que los demás pernoctarán en la plaza, a cielo abierto. Tampoco parecen tener mucho que comer. Cuando la diaria llegó al lugar estaban repartiendo refuerzos y refresco entre los más chicos. “Hoy tenemos comida, pero mañana no sabemos”, aseguraron.

Sirviendo a la sociedad

Mientras la diaria conversaba con la familia, un patrullero estacionó al costado de la plaza. Dos oficiales se acercaron a la carpa y les preguntaron a los sirios si habían sido agredidos. “Si pasa algo llaman al 911 y venimos”, les dijo uno de los policías. “Uruguay es un país libre, y mientras no obstruyan el tránsito se pueden quedar”, aseguraron, ante la pregunta de si podían llegar a ser desalojados.

Lo que ella dice

La Secretaría de DDHH de Presidencia de la República dijo a la diaria que la familia Alshebli Al Ali es la única que cuenta con el asesoramiento de dos profesionales: un ingeniero agrónomo y una psicóloga. Aseguró además que fueron trasladados a Salto a pedido de la familia. Se les ofreció participar en un microemprendimiento para poner un tambo con un préstamo no reembolsable de 3.000 dólares al que la familia no accedió por no cumplir con los requisitos: quien se encargara de ordeñar debía contar con carné de salud, quien elaborara los quesos debía asistir a un curso de manipulación de alimentos, y además debían realizar el pago del aporte por monotributo social rural. La Secretaría confirmó que no les compraron un arado ni les dieron trabajo, porque “esa no es la función del Estado”. Sí les proporcionaron contactos con productores y les explicaron cómo hacer un currículum vitae para conseguir un trabajo. La Secretaría informó, mediante un comunicado, que la familia fue recibida por el secretario del organismo, Nelson Villarreal. Además, aseguró que “durante el primer año del Programa, la familia residente actualmente en Salto, recibió 105.000 pesos por mes, combinando los dos fondos que percibían, acompañamiento técnico (para todos los aspectos de inserción social, sistema educativo, cobertura de salud), clases de español a demanda, servicio de intérprete y vivienda”. Durante el segundo año recibieron 70.000 pesos y el tercer año 40.000 pesos, más los servicios.

Según el texto, Villarreal les explicó que no depende de Uruguay que puedan viajar al exterior, sino de que otros países les concedan la visa y los reciban. El jerarca les dijo que están recibiendo de parte del Estado toda la ayuda que se les ha prometido.

“Esta Secretaría comprende la dificultad, pero hemos llegado hasta aquí con todos los apoyos que podemos dar”, asegura el comunicado, y hace especial énfasis en que “esta familia no ha sido lo más receptiva a los aportes”, mientras que “hay otras familias, que también deben enfrentar dificultades, que se están integrando y adaptando, realizando para esto muchos esfuerzos”.


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