Tras cuatro rondas de negociación infructuosas entre los países del Mercosur, Venezuela resolvió ayer iniciar el proceso de arbitraje previsto en el Protocolo de Olivos para la solución de controversias del bloque. En noviembre de 2016, Venezuela inició un proceso de diálogo político en protesta por lo que considera un “secuestro ilegal, antijurídico y arbitrario” de ese país del Mercosur. Se llevaron a cabo cuatro reuniones en las que los cinco países integrantes del bloque no se movieron un ápice de sus posturas, y agotado el camino de la negociación, se inició ayer la vía judicial.

Héctor Constant, representante venezolano ante el Mercosur, explicó ayer en una declaración ante la prensa que su país no puede aceptar el “desconocimiento” de su carácter de Estado parte del bloque en aplicación de una sanción “inexistente”, que no se funda en ninguna norma del Mercosur. Para suspender a Venezuela, los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay invocaron disposiciones generales de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados. Alegaron que, al no incorporar Venezuela normativa central del bloque desde el punto de vista comercial, como el Acuerdo de Complementación Económica N° 18 (ACE 18), esto constituye una “violación grave de un tratado multilateral”. Según el artículo 60 de dicha convención, esto faculta a las otras partes, procediendo por “acuerdo unánime”, a suspender o dar por terminada la aplicación del tratado para la parte en cuestión.

Constant afirmó que en la primera reunión de diálogo, su país pidió que se le indicara qué norma del Mercosur estaba violando Venezuela. “No existe ninguna norma que pueda suponer una sanción como la que arbitrariamente se aplicó”, señaló el diplomático. “No puede existir una integración punitiva, menos cuando esa sanción es inexistente, menos cuando el espíritu de la integración debe ser siempre resolver cualquier diferencia por la vía del diálogo y de la amistad solidaria, y no por la vía del castigo”, cuestionó Constant. Agregó que la delegación de su país reiteró “una y otra vez” una serie de propuestas a los países miembros del Mercosur para dejar sin efecto la suspensión, con “la esperanza” de que “volviera la racionalidad a la región y al Mercosur”. “Desafortunadamente,constatamos que esa racionalidad no ha vuelto”, y “en esta cuarta reunión nos enfrentamos una vez más a una posición cerrada”, lamentó Constant, quien al término de su declaración no aceptó preguntas de la prensa.

Constant agregó que a su país le “preocupa” el “conjunto de acciones que se han venido adelantando en ausencia de Venezuela que buscan desintegrar nuestra región” y “tratar de crear falsos positivos” contra su país. Concluyó que Venezuela confía “en que el derecho es la única vía dentro de las relaciones internacionales para poder garantizar que todos nos entendamos, en un marco alejado de la intolerancia política”.

El diálogo político excedió en este caso los 30 días de plazo establecidos en el protocolo de Olivos, porque se inició en diciembre del año pasado. A partir de ahora, y según establece el protocolo, los estados tendrán 15 días para designar árbitros. Como Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, deberán designar de común acuerdo un árbitro, y Venezuela designará el suyo. Habrá también un tercer árbitro que será designado de común acuerdo por todos y que no podrá ser nacional de los estados parte. Si los estados no se ponen de acuerdo para nombrarlo, lo elegirá la secretaría administrativa del Mercosur por sorteo.

El Tribunal ad hoc deberá fallar en un plazo máximo de 60 días a partir de su constitución, prorrogables por 30 días más. La decisión del tribunal es apelable ante el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur.