El miércoles hubo una nueva instancia de negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) con representantes de trabajadores y empresarios de Arrozal 33. Se firmó un acta en la que empresarios y empleados asumieron el compromiso de trabajar para lograr un mejor relacionamiento. A su vez, la empresa se comprometió a revisar el alcance del acuerdo del 16 de abril y a reestudiar la liquidación de los jornales de ese mes. Abril fue un mes de mucha tensión en la empresa, ya que los trabajadores desarrollaron una huelga de 14 días en reclamo por las sanciones aplicadas a delegadas sindicales que participaron en una asamblea de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (UNATRA).

En el acta del miércoles quedó sentado que, cuando termine la cosecha, se enviará a los trabajadores al seguro de paro y que este será rotativo; el miércoles 17 habrá otra reunión tripartita, en la que la empresa presentará el listado con los nombres y el tiempo en que estarán en el seguro, explicó a la diaria Richard Olivera, dirigente sindical de Arrozal 33. Se acordó, además, instalar una mesa de trabajo que aborde otros temas que son motivo de conflicto, como la instalación de un reloj tarjetero, que solicitan los trabajadores porque afirman que la empresa borra los horarios que ellos anotan en un papel.

Sin embargo, en la noche del miércoles, Olivera se enteró de que a tres compañeros que ya estaban en seguro de paro se les extendió esa condición, sin que el tema fuera mencionado en las oficinas del MTSS. Una de ellas había asistido a la asamblea de la UNATRA, y junto a sus otros dos compañeros fueron enviados al seguro debido a que los tractores con los que trabajaban estaban rotos, según aseguró la empresa. Con esta decisión, Olivera interpretó que la empresa no respetó el compromiso de que los seguros de paro se ejecutaran de forma rotativa. Además, los tractores ya habían sido arreglados, y en la negociación tripartita se había acordado el reintegro de los trabajadores cuando eso sucediera. Como estos tres empleados habían participado en el paro, Olivera aseguró que se trató de una “persecución sindical”.

A fines de abril la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social (IGTSS) sancionó a Arrozal 33 con una multa de 50 unidades reajustables (50.000 pesos) por haber incumplido la intimación de la IGTSS de trasladar a los trabajadores en vehículos aptos para esa tarea; lo hacían en camionetas sin ningún tipo de agarradera (provocando la caída de una trabajadora). Además del paro, los empleados -cuyo campamento fue incendiado el jueves- han abierto otros frentes para cambiar su realidad laboral: el 19 de abril asistieron a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. “Es una empresa de incumplimiento”, declaró días atrás a la diaria el propio inspector general del Trabajo, Gerardo Rey.

Olivera, además, señaló que la empresa no les pagó a todos los trabajadores la hora diaria de viaje, como se había comprometido a hacerlo en abril. Según el dirigente, “hacía años” que la empresa no mandaba masivamente a sus empleados al seguro de desempleo, como se propone hacer ahora. Por eso entiende que se trata de un “castigo ejemplarizante” para quienes se atreven -o podrían atreverse- a reclamar mejores condiciones laborales. “Buscan atemorizar”, remató.