El lunes 22 comenzó, por primera vez en Buenos Aires, el 162º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se extenderá hasta mañana. El organismo está recibiendo en audiencias públicas a diversas organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la defensa de los derechos humanos de Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Por cuestiones protocolares, no se tratan en audiencia temas del país anfitrión, aunque los integrantes de la CIDH aprovechan para reunirse con organizaciones y autoridades de gobierno del país que los recibe.
Hoy hay dos audiencias sobre Uruguay. En la titulada “Independencia judicial en Uruguay”, entre las 10.15 y las 11.15, la CIDH recibirá a un conjunto de organizaciones entre las que están el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública, el Servicio Paz y Justicia, la asociación de ex presos políticos Crysol, Infancia y Adolescencia Ciudadana, Cotidiano Mujer, el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Mujer y Salud en Uruguay y Proderechos, entre otras. Estas organizaciones expondrán sobre el proceso de selección de los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). En seguida, entre las 11.30 y las 12.30, en la audiencia denominada “Operadores de justicia y defensores de derechos humanos en el contexto de la justicia transicional en Uruguay”, la CIDH recibirá al Observatorio Luz Ibarburu, que expondrá sobre el “empantanamiento” de las causas judiciales vinculadas a los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura cívico-militar (ver la diaria del 13/05/2017).
En las audiencias, la CIDH escucha durante 20 minutos la exposición de los que solicitaron la intervención, y luego el Estado tiene el mismo tiempo para presentar su posición sobre el tema. Finalmente, los integrantes de la CIDH pueden hacer preguntas sobre las exposiciones.
Con aviso
Sin embargo, el Estado uruguayo no estará presente hoy en las audiencias de la CIDH, confirmaron a la diaria fuentes de la propia comisión y del gobierno uruguayo. En la audiencia sobre el proceso de selección de los ministros de la SCJ, tanto el Poder Legislativo como la SCJ desistieron de participar y harán llegar una respuesta por escrito, informaron fuentes de gobierno. Para la audiencia sobre la actuación judicial en los casos de violaciones a los derechos humanos en la última dictadura, ni el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia ni la SCJ designaron representantes para asistir a la audiencia, y también en este caso habrá una respuesta del Estado por escrito. Fuentes de la CIDH evaluaron que la actitud del Estado uruguayo es “un escándalo”, y la compararon con la que adoptó el presidente estadounidense Donald Trump cuando se negó a que representantes de su gobierno asistieran a una audiencia por temas migratorios.
En cambio, el Estado sí estará presente en la audiencia del viernes de mañana, la tercera y última que involucra a Uruguay, sobre la demora en la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; estarán presentes representantes de la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones y del Ministerio de Industria, Energía y Minería.
El Observatorio Luz Ibarburu decidió que su coordinador ejecutivo, Raúl Olivera, y el coordinador del equipo jurídico, el abogado Pablo Chargoñia, redactaran un documento que será leído hoy durante los 20 minutos con los que va a contar la organización para exponer sus planteos sobre la situación de los procesos judiciales contra responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. El Observatorio argumenta que existe “empantanamiento” de las causas basándose en las fechas de los procesamientos y de las sentencias de condena al pequeño grupo de militares y civiles uruguayos que ha pasado por juzgados y unidades penitenciarias.
Argentina y Chile
Un informe titulado “Estado procesal de agentes y civiles vinculados en causas de violaciones de derechos humanos. Nómina histórica hasta noviembre de 2015”, elaborado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Chile, establece que en ese país había 495 procesados, 216 acusados, 180 con sentencia de primera instancia, 130 con sentencia de segunda instancia y 344 ejecutoriadas, lo que suma un total de 1.373 agentes.
En tanto, en Argentina, y según “El estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina - Datos actualizados al 1 de marzo de 2016”, informe estadístico elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad del Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría General de la Nación de Argentina, establece que hasta esa fecha había 526 “causas activas, en las que son actualmente o fueron alguna vez investigados 2.354 imputados”. “Otras 227 causas que fueron acumuladas a expedientes principales, en algunos casos ‘megacausas’, en alguna instancia de la investigación”, agrega el informe.
Las estadísticas señalan que 31% de los imputados fueron sentenciados (28% condenados y 3% absueltos) en el marco de 156 sentencias dictadas en todo el territorio de Argentina, y en cuanto a las 370 causas que aún no han obtenido sentencia, 876 imputados fueron procesados, a 132 se les “dictó falta de mérito”, 28 fueron sobreseídos, 26 fueron indagados recientemente y 250 denunciados-imputados por su presunta participación en delitos de lesa humanidad. Por otra parte, fallecieron o fueron declarados incapaces 255 imputados y otros 57 están prófugos de la Justicia, uno de ellos después de ser condenado.