El diputado del Frente Amplio (FA) Gerardo Núñez informó a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados (que él mismo integra) sobre lo constatado en la visita que hizo el viernes a Arrozal 33, “en el marco de las denuncias realizadas por la organización sindical del establecimiento”.

En una nota dirigida a la comisión parlamentaria, Núñez explica que “luego de recorrer las instalaciones de la planta” junto a representantes del sindicato y una delegación de la Mesa Departamental del PIT-CNT, se constataron “severos problemas de seguridad laboral”.

“En primer lugar, la fumigación realizada desde avionetas, con herbicidas y agrotóxicos, en el campo en el momento en que los trabajadores se encuentran desempeñando sus labores”, cuenta Nuñez, que agrega que “en diálogo” con el representante de Arrozal 33, Álvaro Platero, “la empresa reconoció que existen ‘problemas de comunicación’ entre quienes realizan la fumigación y los trabajadores en el campo a la hora de coordinar la evacuación del área que va a ser fumigada”.

El legislador también constató que “el transporte que lleva a los trabajadores de la planta al campo carece de las más mínimas condiciones de seguridad. El traslado se realiza en la caja de camiones y camionetas, que no cuentan con asientos, cinturones de seguridad, cabina cerrada, etcétera. La empresa también reconoció que estas dificultades existen”.

El diputado del Partido Comunista añade que constató “problemas severos en el estado de los tractores”: varios “no cuentan con cabina, por lo que los trabajadores desarrollan su labor a la intemperie en cualquier situación climática”.

“Otros tantos tienen graves problemas de mantenimiento, como la ausencia de frenos o de cinturones de seguridad. En este punto, la empresa también reconoce las carencias”, dice el legislador.

Según Núñez, Platero reconoció “todas” estas situaciones y se comprometió a instalar una comisión de seguridad, integrada por representantes de la empresa y del sindicato, y “supervisada por un técnico prevencionista, para trabajar sobre estos asuntos”.

“Sin embargo, a pesar de ‘reconocer la organización sindical’, la empresa realizó despidos y envíos a seguro de paro a varios de los dirigentes sindicales que encabezaron el conflicto, mientras mantenía la realización de horas extras por parte de otros trabajadores. Esto implica una clara señal de represión sindical, situación que hace complejo el panorama para la solución de los temas antes mencionados”, concluye el informe.

La empresa ya había sido multada por la Inspección General del Trabajo a fines de abril por realizar traslados de personal en vehículos inadecuados.