La directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, sostuvo que la actuación de la Policía durante el intento de infanticidio ocurrido en la mañana del miércoles se ejecutó “con la mayor celeridad”.

“Me tiene sorprendida y no sé de quién surgen las dudas. Aparentemente el juez estaría conforme con el informe y no tenemos conocimiento de que se esté investigando alguna irregularidad”, dijo la jerarca en diálogo con la diaria.

En la mañana del miércoles, un hombre ingresó por la fuerza a la casa de su ex pareja en la localidad de Colinas de Solymar, en Ciudad de la Costa. Si bien la mujer alcanzó a llamar a la Policía al producirse la irrupción, el hombre disparó contra sus dos hijas, de 12 y cinco años, hiriendo de gravedad a ambas, aunque actualmente permanecen en condición estable. “De no mediar la rápida intervención policial, el desenlace hubiera sido fatal para las menores, quienes fueron trasladadas de urgencia a las instalaciones del hospital Policial para su asistencia”, dice un comunicado del Ministerio del Interior.

El agresor murió durante el enfrentamiento con la Policía. Se trataba de un policía de 42 años al que se le había retirado el arma de reglamento en 2015, tras haber protagonizado “episodios de violencia de género” que “motivaron intervenciones administrativas y judiciales”. Además, este agente no podía comunicarse con su ex pareja ni acercarse a cualquier lugar donde ella estuviera. Pero un día antes del ataque, su ex esposa había vuelto a denunciar la situación ante la Unidad Especializada de Violencia Doméstica de Colonia Nicolich, que derivó el caso a la Justicia. Ese mismo día, la Justicia expidió una orden de detención para el agente, que venía desarrollando tareas de limpieza en Montevideo.

Respecto del arma, Zabaleta aseguró que no se trataba de un modelo “de reglamento”, por lo que es claro que no fue provista por el Estado, lo que, afirmó, implica que se cumplió con el protocolo de actuación en materia de violencia doméstica y de género previsto para estas situaciones.

Zabaleta también aseguró que desde la aprobación del protocolo “no hubo más casos” de violencia con armas de fuego por parte de policías hasta el asesinato de Valeria Sosa, “por no cumplirse el protocolo”. Esta mujer fue ejecutada en febrero de este año por su ex pareja, frente a sus hijos, con un arma de reglamento. Pero el caso de esta semana, argumentó, es diferente. “Lo que tenemos que cuestionarnos, más que la política del ministerio, es cómo pensamos las políticas de las armas que circulan en la sociedad”.

La jerarca además consideró que no fue una falla de la Policía no haber capturado al hombre tras la orden judicial, dado que esta se dio “de tardecita” en el día anterior, y los hechos ocurrieron al día siguiente a las 8.00. “No había pasado ni un día. Fueron apenas unas horas. En esos casos primero que nada se los sale a buscar en los lugares que la persona frecuenta, pero una persona predispuesta a hacer lo que tenía pensado hacer no iba a estar en los lugares habituales”, razonó. Tampoco consideró que la mujer haya estado en falta por no haber abandonado el hogar, tal como se le había recomendado. “No podría decir que hubo una falla de ella porque cada situación tiene sus complejidades, y además sería culpabilizar a la víctima”.

Zabaleta también arrojó algunos datos sobre la violencia de género dentro de la institución policial: a alrededor de 500 policías se les ha retirado el arma por denuncias de violencia doméstica, de un total de más de 28.000, lo que significa cerca de 1,7%. “Se dice que el estrés de la función puede aumentar la problemática. Pero ninguna profesión te vuelve violenta. Lo que sí ocurre con la Policía es que tenemos que exigirle de mayor forma, porque es la que tiene que dar las garantías para el ejercicio de los derechos”.