De cara al tratamiento de la Rendición de Cuentas a partir de la segunda mitad del año, y teniendo en cuenta que si no se aprueba el proyecto, para el período 2018-2020 los gastos del Estado quedarán congelados por tres años, ayer el Instituto Cuesta Duarte (ICD) del PIT-CNT presentó el documento “El dilema presupuestal 2018-2020”.
El economista del ICD Daniel Olesker señaló que este trabajo tiene como antecedentes un documento del mismo instituto que data de 2015, así como una revisión en relación con el Presupuesto Quinquenal, la Rendición de Cuentas de 2016 y, finalmente, una actualización para abordar el tema presupuestal para el trienio 2018-2020.
A grandes rasgos, la central obrera propone tres partes bien definidas: por un lado, un estado de situación; por otro, una actualización de los valores del gasto que dan origen al llamado “dilema presupuestal”; por último, la propuesta de una serie de alternativas para resolver la situación en caso de votarse un presupuesto parecido a las rendiciones de cuentas de artículo único. Olesker enfatizó que este año no se discutirá una rendición de cuentas, sino que se debatirá la aprobación de un verdadero presupuesto, dado que por primera vez en el país se dividió la votación de la Ley de Presupuesto en dos períodos, uno de dos años (2016 y 2017) y otro de tres (2018, 2019 y 2020, tomando en cuenta que por ley el presupuesto del último año de una administración es igual al primero de la siguiente).
En ese sentido, el economista remarcó que en el bienio 2016- 2017, los aumentos registrados en compromisos sociales fueron bajos: en ese lapso el gasto en educación pasó de 4,51% a 4,91% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en 2017 el gasto en salud sufrió un abatimiento. De acuerdo con Olesker, esta realidad no fue de la mano con los compromisos sociales del gobierno planteados en 2015 y de cara a la Ley de Presupuesto de 2016, que fueron catalogados por la central obrera como el “piso” para iniciar el debate. En esa instancia, el Poder Ejecutivo se había propuesto como objetivos del gasto social tender a 6% del PIB para la educación, a 1% para investigación y desarrollo (I+D), igualar el gasto de la Administración de los Servicios de Salud del Estado por persona al de las mutualistas, llevar adelante la primera etapa del Sistema Nacional de Cuidados e incluir 1.000 millones de dólares en el compromiso del Plan Quinquenal de Vivienda.
El dilema
Teniendo en cuenta dos factores permanentes que influyen fuertemente en la vida económica presupuestal -el impacto de los intereses de la deuda pública y el efecto de las transferencias a la seguridad social-, y tomando en cuenta la posible reforma a la Caja Miliar, el Instituto Cuesta Duarte ensaya como previsión para 2020 un PIB de 2.356.983.654 pesos, es decir, unos 59.690.733 dólares.
Tomando como base estos datos, Olesker subrayó que si en adelante se suman todos los gastos sociales a los que se debe atender en 2020, el incremento del gasto público en este trienio alcanzaría los 1.989 millones de dólares. Pero además, a este guarismo habría que agregarle la iniciativa de incluir en tres años el salario vacacional de los funcionarios de los organismos incluidos en el artículo 220 de la Constitución (Poder Judicial, entes autónomos y servicios descentralizados, entre otros), que sería de unos 320 millones de dólares, por lo que la suma total alcanzaría a 2.300 millones de dólares. Si a todo esto se le resta la previsión de reducir un punto porcentual del déficit fiscal equivalente a unos 500 millones de dólares, en caso de que este año no se aprobara un ajuste presupuestal para el trienio 2018-2020, unos 1.803 millones de dólares no podrían ser ejecutados.
Cómo enfrentar y solucionar
El Instituto Cuesta Duarte propone cuatro alternativas, en caso de que no se aprobaran ajustes en el próximo Presupuesto. Se impulsa la redistribución de gastos, una reducción en menor proporción del déficit fiscal, un aumento de los impuestos, focalizado en algunas áreas, y el uso de las reservas.
La primera alternativa se relaciona con el incremento de los gastos sociales mediante la reducción de gastos en otros rubros. Olesker reconoció que aunque “los espacios de redistribución son escasos, ya que los gastos presupuestales son muy rígidos, no deberíamos rechazar esa alternativa”: lo que podría calificarse de casi “intocable” del Presupuesto corresponde a 90% del gasto. La segunda opción se basa en una reducción del déficit fiscal en una menor proporción: en lugar de llevarlo al 2,5% previsto por el gobierno se bajaría a 3% a 2020, lo que permitiría contar con recursos adicionales de 250 millones de dólares. Como tercera alternativa, se propone el aumento de impuestos, en particular el Impuesto al Patrimonio y el Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas: se sugiere incrementar la tasa de este último de 25% a 30%.
Finalmente, la central sindical propone utilizar las reservas del país, que actualmente ascienden a unos 13.000 millones de dólares.