“La impunidad es responsabilidad del Estado, ayer y hoy”. Esa será la consigna de la 22ª Marcha del Silencio, que se realizará el sábado 20 por 18 de Julio. Se eligió esa consigna para que “quede bien claro que la responsabilidad, si la cosa camina o no camina, es del Estado”, explicó a la diaria Óscar Urtazún, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. De paso, evaluó que el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) creado por el presidente Tabaré Vázquez “ha trabajado, pero no cuenta con el acompañamiento del Poder Ejecutivo”. “Pedimos seriedad, pedimos investigadores y no llegan”, manifestó Urtazún. Explicó que la contratación de investigadores para trabajar con los archivos se demora y que no hay suficientes personas en esa tarea. “No tenemos gente para clasificar los archivos, falta personal especializado, necesitamos investigadores de campo”, sostuvo.

Felipe Michelini, coordinador del GTVJ, evaluó que “el problema de base” para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura no es el grupo de trabajo que integra, sino “los hechos que ocurrieron y la impunidad que vino después”. También aseguró que el presidente Vázquez tiene “la voluntad política” de avanzar con este grupo. En términos de balance, consideró que el grupo “logró cosas muy puntuales”, aunque tal vez “no tan ambiciosas como sus líneas estratégicas”; entre ellas, el ingreso a los archivos de distintas dependencias militares. “Hay miles de fichas para revisar del servicio de inteligencia de defensa; eso lleva un trabajo, no se hace de un día para otro”, manifestó. Sobre los recursos humanos con que cuenta el grupo, aseguró que se trabajará para reforzarlos. De todos modos, recordó: “El Poder Judicial no necesita al grupo para actuar, el Ministerio Público no necesita al grupo para actuar y el Parlamento no necesita al grupo para actuar”.

El 9 de mayo, Presidencia aprobó por resolución un nuevo convenio firmado entre ese organismo y la Universidad de la República (Udelar), que continúa el trabajo iniciado en 2005 para esclarecer los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. En esta ocasión, la Udelar coordinará con el GTVJ. Para cumplir con los cometidos del acuerdo, Presidencia destinará ocho millones de pesos por año entre 2017 y 2019.