El Tribunal de Apelaciones en lo civil de 4º Turno desestimó el recurso de amparo presentado por Gustavo Vargas, representante legal de la Asociación de Sordos del Uruguay (Asur), respecto de la aplicación de un artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley SCA) que obliga a los servicios de televisión abierta y para abonados a incluir lenguaje subtitulado, de señas o de autodescripción. En una primera instancia, la Justicia civil había condenado al Estado a efectivizar la aplicación de este artículo.

El Tribunal de Apelaciones se expidió el 21 de abril de este año, pero el asunto volvió a tomar estado público por una nota publicada ayer por El País en la que se omitió la última sentencia del tribunal. la diaria se comunicó con Asur, pero esta organización prefirió no realizar declaraciones por el momento. La demanda de Asur fue realizada el 20 de marzo de 2017 contra el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Una de las razones por la que el Tribunal de Apelaciones falló contra Asur es que la organización había presentado el recurso fuera del plazo previsto. La sentencia, a la que tuvo acceso la diaria, señala que “el acontecimiento es extemporáneo porque el 30 de mayo de 2016 se presentó por escrito ASUR ante el Ejecutivo solicitando que se diera cumplimiento a la norma ante el silencio de la Administración, el 17 de enero de 2017 reitera la la solicitud”, pero como la ley data de 2014, el plazo “está ampliamente vencido”. Además, se sostiene que el 17 de enero tampoco estaban agotadas las vías administrativas. Otro argumento expuesto es que de aceptarse los requisitos exigidos, habría “una superposición de la actividad reglamentaria que es propia y exclusiva del Poder Ejecutivo”.

La asociación pretendía la reglamentación inmediata del Capítulo III, de Derechos de las personas con discapacidad, en los artículos 35, 36 y 37 de la Ley SCA. Argumentaba que “El Poder Ejecutivo está omiso en hacer posible la efectividad de los derechos de las personas con discapacidad”. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA presentó, en abril, su informe en el que recuerda que la Ley SCA, promulgada en diciembre de 2014, todavía no fue reglamentada.

Daniel Lema, presidente del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo), dijo a la diaria que la reivindicación de ASUR es justa. “Creemos justo que se cumpla la ley y que los sordos puedan acceder a la información. El objetivo es incluirlos y que no tengan dificultades extras a las de su condición”.