El proyecto de ley de reforma del Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas comenzará a ser analizado la semana próxima por el Parlamento; probablemente se derive a la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores. Y se prevé un debate arduo, no sólo entre partidos sino a la interna de la coalición de gobierno.
La solución planteada por el Poder Ejecutivo fue un intento de conciliar posiciones que aparecían como antagónicas: por un lado, la del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que buscaba una reforma más radical, y por otro, la del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), que defendía una propuesta que planteaba aplicar la reforma solamente a los nuevos efectivos. Se trataba de una “diferencia importante” entre el MDN y el MEF, según reconoció el propio titular del MEF, Danilo Astori, en entrevista con la diaria el 22 de abril. “El ámbito de aplicación debería ser más abarcativo que el que propone el MDN”, dijo Astori en esa instancia.
En la entrevista de abril, Astori enumeraba los puntos de acuerdo a los que había llegado el Ejecutivo: aumentar las edades de retiro obligatorio, aumentar los años mínimos para poder acceder a un retiro voluntario, adecuar el régimen de pensiones militar al general, desestimular el retiro voluntario y establecer un tope a las jubilaciones, entre otros. En cambio, no hubo acuerdo entre ambos ministerios sobre el ámbito de aplicación de la reforma (la cantidad de efectivos afectados) y sobre a quiénes se aplica el régimen de transición, y triunfó la solución intermedia propuesta por el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro.
Astori manifestó en la entrevista con la diaria que el régimen de transición debería ser “lo más breve posible”. Según supo este medio de fuentes del Ejecutivo, la idea del MEF era aplicar plenamente la reforma a la totalidad de los efectivos militares, estableciendo un régimen de transición solamente para los que superaran los 20 años de servicio. En cambio, el proyecto que envió el Ejecutivo al Parlamento dispone que a los que tienen más de 20 años de servicio no se les cambian las condiciones, al tiempo que establece un régimen de transición para aquellos que tienen entre diez y 19 años de servicio. Sólo para quienes tienen menos de diez años de servicio se aplica la reforma en su totalidad.
De aprobarse el proyecto en estas condiciones, el efecto recaudatorio es “mucho menor” al proyectado por el MEF, ya que la reforma sólo se aplicaría plenamente dentro de 20 años, y mientras tanto, el déficit de la Caja Militar, que asciende a 400 millones de dólares anuales, continúa creciendo, apuntaron las fuentes. Mientras tanto, el proyecto de ley impulsado por el MEF que establecía un impuesto a las jubilaciones militares más altas, y estaba diseñado para recaudar 40 millones de dólares anuales, fue dejado a un lado por la Comisión de Hacienda del Senado, porque el oficialismo no cuenta con los votos para aprobarlo.
Por otra parte, el tope establecido para las jubilaciones en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, de 101.108 pesos, es más alto que el propuesto por el MEF. En conjunto, la iniciativa no convence a esa cartera, apuntaron las fuentes.
El diputado de Asamblea Uruguay Alfredo Asti declaró al diario El Observador que “es muy limitado el efecto en el tiempo” de la reforma, y valoró que se trata de un “avance muy tímido con respecto a una mayor convergencia entre los sistemas jubilatorios”. “Yo pensaba en un límite de transición más corto”, expresó el diputado. En tanto, el senador del Nuevo Espacio Rafael Michelini dijo a El País que “la reforma es cauta y no sé si no deberíamos ajustarla más, igualando el sistema al resto de los uruguayos”.
El Frente Liber Seregni apuesta a que el proyecto pueda modificarse en el Parlamento. De todos modos, no harán un planteamiento muy duro para no arriesgar el fracaso de la reforma, indicaron fuentes del astorismo.
El Partido Nacional recién comenzará a analizar la reforma la semana próxima, dijo a la diaria el senador nacionalista Álvaro Delgado. Sostuvo que su partido quiere una reforma, pero quiere también que esta atienda la “especificidad” de la función militar. Otros dirigentes del mismo partido fueron más críticos ayer. El diputado Javier García escribió en Twitter: “Reforma de la Caja Militar es producto del antimilitarismo infantil y atávico en interna FA. Discutir salario y actividad es lo justo, así es ideológico”. En tanto, el senador nacionalista Gustavo Penadés anotó en la misma red social: “La reforma de la Caja Militar así como está planteada es analizar con mirada miope un tema central del país como lo es la Defensa Nacional”.
Más años
El Poder Ejecutivo argumenta en el proyecto que el sistema de retiros y pensiones militar no se ha modificado en cuatro décadas y conserva parámetros que son “inadecuados para los tiempos que corren”, al tiempo que “ha evidenciado persistentes desequilibrios financieros”. La iniciativa establece que para el retiro voluntario los efectivos deberán contar con 30 años de servicio o 60 años de edad, cuando actualmente pueden retirarse voluntariamente con 20 años de servicio y 38 años de edad. En cuanto al retiro obligatorio, además del requisito de haber cumplido entre 48 y 65 años de edad dependiendo del grado, los efectivos deberán haber prestado entre 22 y 25 años de servicios militares efectivos. Actualmente se exige diez años de servicios militares efectivos. El proyecto dispone además la suspensión del goce de retiro o pensión para quienes fueran procesados por un delito que amerite pena de penitenciaría, mientras dure el tiempo de su reclusión.
Ver los topes
“Reparos pero con aplausos”. Así resumió la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) su opinión sobre el proyecto del Ejecutivo. Moreira destacó, en diálogo con la diaria, que la propuesta abarca todos los aspectos que requiere una reforma previsional estructural: cambios en los haberes de retiro, los topes jubilatorios, las edades de retiro y el tiempo de actividad. “La finalidad es correctísima. Es una reforma que hace 40 años que estaba en carpeta, o sea que hace lo que nunca nadie hizo: meterle el diente a un tema que nadie toca desde 1974”, evaluó. Moreira tiene, de todas formas, algunos reparos. Uno de ellos es que no permitirá una rápida recaudación, por el régimen transicional que propone. “Las cuentas se ajustarían pero dentro de diez o 20 años. Creo que el impuesto a las jubilaciones más altas debería aplicarse hasta que la reforma dé resultados”, opinó. También pretende estudiar mejor algunas “generosidades” que mantendrían los militares respecto del régimen general, por ejemplo, el tope jubilatorio de 101.108 pesos. “Creo que el tope sigue estando alto, hoy cualquier ciudadano que trabaja 40 años y se jubila a los 75 años de edad no llega ni soñando a eso”, dijo.