El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) publicó el tercer informe de monitoreo de amenazas contra el periodismo y la libertad de expresión en Uruguay. El texto fue elaborado con la colaboración de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y con el apoyo de la red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (Ifex).

Entre el 1º de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017 hubo 23 casos de amenazas contra la libertad de expresión en todo el país: 16 en Montevideo, dos en Paysandú y un caso en cada uno de los siguientes departamentos: San José, Maldonado, Colonia, Artigas y Flores.

Según el informe, el episodio más grave fue el que sufrió la periodista de Caras y Caretas Isabel Prieto Fernández. El 7 de febrero de 2017 volvía a su casa de una reunión familiar en su auto cuando una moto, con dos ocupantes, la interceptó. La persona que viajaba en el asiento de atrás del birrodado le disparó. La bala que rebotó en la carrocería del auto de Prieto terminó provocándole una herida leve en la cabeza. Dos días antes del incidente, la periodista había denunciado en una nota una irregularidad policial en un procedimiento de la Seccional 19. “A pesar de las denuncias realizadas y las reuniones mantenidas por la periodista y organizaciones de la sociedad civil con autoridades del Ministerio del Interior [MI] y la Fiscalía General de la Nación [FGN], el crimen nunca se esclareció y no fueron encontrados los responsables”, señala el texto. Según el informe, el caso de Prieto está en la clasificación uno, “nivel de gravedad alto”, de un total de tres niveles de gravedad.

Amenazados

En la categoría “amenazas”, el informe menciona distintos casos, entre ellos el de la cronista del semanario Brecha Mónica Robaina. En 2016, Robaina publicó artículos sobre la situación del balneario Aguas Dulces luego del temporal de octubre. A raíz de los informes, una empresaria inmobiliaria de Maldonado le dirigió “mensajes amenazantes y agraviantes atribuyéndole la intención de difundir mentiras para perjudicar a la población del balneario. Además instó, a través de la misma red social, a que otras personas llevaran adelante la misma actitud”.

En enero de 2017, Georgina Mayo, de Televisión Nacional, también fue amenazada mediante las redes sociales por un grupo de personas que se identificaron como hinchas del Club Nacional de Football. El motivo del acoso fue una cobertura sobre el tiroteo en Santa Lucía, el 28 de setiembre de 2016, que provocó la muerte de un parcial de Peñarol. “El objetivo de la campaña era que la periodista fuera despedida del canal”, dice el informe.

Otro hecho generado en torno al periodismo deportivo fue la irrupción del empresario Gustavo Torena (conocido como el Pato Celeste), en los estudios de la radio 1010 AM durante la transmisión del programa Las voces del fútbol. El 9 de febrero de 2017, Torena amenazó a los periodistas que le hacían una entrevista al ex futbolista Álvaro Recoba. Julio Ríos, que conducía la emisión, denunció penalmente a Torena, quien fue procesado por el juez Eduardo Pereyra por un delito de violencia privada.

En el informe se menciona el golpe que le propinó el director del conjunto de parodistas Momosapiens, Horacio Rubino, a Eloy Calvo, periodista del programa de radio Carnaval del futuro (1410 AM). El motivo de la agresión fue una discrepancia de opiniones sobre la actuación del conjunto en el Teatro de Verano.

También se menciona el cuestionamiento del presidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, a la cobertura periodística en general y su exigencia de que los profesionales hagan público de qué club son simpatizantes.

¿Y por casa?

Como “hostigamiento a través de la Justicia” se cataloga la carta que el comandante en jefe de la Armada, almirante Leonardo Alonso, envió a la diaria el 22 de noviembre de 2016. Alonso amenazó con iniciar acciones legales al sentirse agraviado por la columna de humor El Faro del Final del Mundo.

Alonso acusó a la diaria de agraviar a su persona por publicar palabras y frases que nunca mencionó y pidió que se presentaran pruebas que demostraran esas afirmaciones. Una semana después, el Poder Ejecutivo sancionó a Alonso porque consideró que el comandante había cometido un error y le hizo saber al jerarca militar que el gobierno defiende la libertad de expresión.

“Hostigamiento físico” sufrió María Paz Sartori (semanario Búsqueda) el 21 de junio de 2016 cuando fue “insultada a los gritos por el director del Instituto Uruguayo de Meteorología [Inumet], Gabriel Pisciottano, quien además intentó sacarla del lugar tomándola de un brazo”. Trascendió que la actitud del jerarca fue uno de los motivos que derivaron en su posterior destitución.

Censura

En la categoría “censura” figura el caso de Dino Cappelli, quien denunció, el 10 de junio de 2016, que el dirigente de Peñarol Ignacio Ruglio “llamó al diario español Marca (medio para el que trabajaba como corresponsal) para que levantara una nota sobre el número de campeonatos ganados por los dos clubes grandes de Uruguay, argumentando que no era cierta. El periódico decidió levantar la nota escrita por Cappelli y despedirlo”.

Para las organizaciones que elaboraron el informe, las conferencias de prensa en las que no se dejan hacer preguntas configuran una “censura leve”. Por ejemplo: el ministro de Salud, Jorge Basso, “advirtió que no aceptaría preguntas ni haría declaraciones a la prensa durante su participación en el lanzamiento del primer curso de cannabis medicinal en Uruguay y América Latina para profesionales médicos”. Por otra parte, el líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, el 1º de diciembre de 2016 convocó a los medios de comunicación a una conferencia de prensa, pero no aceptó preguntas. De todas formas, un periodista le hizo una consulta, pero Novick no contestó y lo increpó.

Conclusiones

Con relación al informe del año anterior se registraron cinco casos menos de amenazas, lo que representa un descenso de 28%. “Resulta de particular gravedad [...] la proliferación de episodios que afectan la libertad de expresión de los periodistas que trabajan en torno al deporte, en especial el fútbol profesional. De los 23 casos registrados en el período, siete de ellos tuvieron origen o alguna relación con el deporte, y la mayoría con los principales clubes profesionales de fútbol, Nacional y Peñarol”, señala el texto.