La fiscal Stella Llorente le envió un memorando al fiscal de Corte, Jorge Díaz, en el que indica que no hay pruebas de que existan vínculos entre quienes cometieron una serie de robos en la década de 1990 y sectores políticos, como sostuvo María Urruzola en su libro.
En el trabajo de la periodista, Eleuterio Fernández Huidobro: sin remordimientos..., se sostiene que el Movimiento de Participación Popular financiaba su actividad política, en parte, con el dinero que las “tupabandas” conseguían mediante el asalto a bancos y otras empresas. Por eso, Llorente le había solicitado al juez Esteban Valetti desarchivar los expedientes sobre algunos robos que habían sido cometidos por estas bandas criminales, luego de que Díaz enviara el libro de Urruzola a la Fiscalía Penal de 11º Turno.
En su respuesta al fiscal de Corte, la fiscal sostiene que “en ninguna de las declaraciones de los dos expedientes emerge la posible vinculación de los partícipes con ningún sector político, así como tampoco con ningún dirigente vinculado a los mismos”.
Llorente destaca que existe “cosa juzgada” en esos casos respecto de aquellas personas que fueron indagadas e imputadas, a excepción de dos de ellas, que fallecieron. Incluso agrega que “no surge de los expedientes que hubieran otros partícipes identificados que pudieran dar lugar -en caso de que los hechos delictivos no estuvieran prescriptos- a algún tipo de instrucción”.
Llorente ya había actuado en otros casos de la historia reciente. En agosto de 2015 había solicitado a la Justicia el procesamiento con prisión de Héctor Amodio Pérez por el delito de privación de libertad.