Uruguay será, junto a Nicaragua, El Salvador, República Dominicana y San Vicente y las Granadinas, acompañante del diálogo en Venezuela a pedido del gobierno de Nicolás Maduro, anunció ayer el canciller Rodolfo Nin Novoa en el Parlamento. “Uruguay no le va a negar la mano tendida a ningún país que esté en problemas”, aseguró el ministro, en el marco de la interpelación realizada por el diputado colorado Ope Pasquet, en la que, si bien al cierre de esta edición continuaba, se preveía un respaldo sin fisuras de la bancada oficialista a la gestión del gobierno.

Pasquet centró su argumentación en demostrar que Venezuela no es una democracia. Sostuvo que no puede calificarse de tal “un régimen donde la Asamblea Nacional elegida por el pueblo ha sido sistemáticamente desconocida e ignorada”, en el que “el Poder Judicial funciona simplemente como una oficina al servicio del Poder Ejecutivo”, “todos los institutos de democracia directa previstos expresamente en la Constitución venezolana son bloqueados” y “se violan sistemática e impunemente los derechos humanos, encarcelando a los dirigentes políticos, proscribiéndolos y apaleando a la gente que protesta en la calle, y enviando a los detenidos a la justicia militar”.

Hizo además referencia a la situación económica y social en Venezuela; afirmó que los venezolanos “han perdido peso”, que aumentó la mortalidad infantil y que no hay medicamentos en los hospitales. Por otra parte, rechazó que las muertes en las manifestaciones sean responsabilidad de la oposición venezolana.

Pasquet se refirió al peso de los militares en Venezuela y comparó en varias ocasiones al gobierno de ese país con la última dictadura cívico-militar uruguaya. Dijo que Henrique Capriles, el principal dirigente de la oposición, fue proscrito por 15 años, y que el dirigente opositor Leopoldo López está preso desde hace tres años. “¿De qué diálogo hablan, cuando encarcelan o proscriben a los dirigentes opositores?”, cuestionó.

A su turno, Nin no aceptó la intimación a declarar si Venezuela es una democracia o una dictadura, y prefirió calificar la situación en ese país de “drama”. “El papel de este canciller no es ponerles nota a los países, es conducir la política exterior de Uruguay”, manifestó, y aseguró que Uruguay no será “punta de lanza en una suerte de cruzada contra el gobierno de Venezuela”.

Nin afirmó que Uruguay es de este modo coherente con sus posturas históricas de respeto al derecho internacional y a los derechos humanos, así como al principio de no intervención. Aseguró que la situación actual en Venezuela llena a la cancillería “de preocupación”. En particular mencionó la ausencia de un cronograma electoral y el juzgamiento de civiles por tribunales militares.

Pasquet sostuvo que la aplicación de las cláusulas y cartas democráticas del Mercosur, la Unión de las Naciones Suramericanas y la Organización de Estados Americanos (OEA) no puede considerarse una injerencia indebida, porque se trata de “instrumentos institucionales que nos vinculan” para “preservar las instituciones democráticas”, y consideró que medidas de este tipo no implican el aislamiento de Venezuela. El diputado reclamó “definiciones claras y firmes del gobierno” y no la “actitud zigzagueante” que a su entender ha tenido.

Nin contestó que en ningún organismo regional o subregional se ha planteado formalmente la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela, pero que, de todos modos, Uruguay no comparte este mecanismo, porque no quiere “aislar a Venezuela”. “La suspensión de un país miembro es el último recurso, y antes de esa decisión deben agotarse los esfuerzos diplomáticos en un plazo razonable. ¿Qué zigzagueo hay ahí, qué incertidumbre mostramos?”, inquirió el canciller.

El diálogo en cuestión

Pasquet consultó si el gobierno está dispuesto a participar en la instancia de diálogo que anunció el martes el gobierno de Venezuela, en la que participarían también República Dominicana, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y El Salvador. Opinó que no debería hacerlo, porque en lugar de convocar al diálogo, el gobierno venezolano debería llamar a elecciones.

Nin respondió que la cancillería recibió un mensaje por Whatsapp de la canciller venezolana Delcy Rodríguez el 2 de mayo en el que, a pedido de Maduro, se invitaba a Uruguay a ser acompañante del diálogo. Explicó que después de decenas de comunicados del gobierno uruguayo reclamando el diálogo, este no tenía “otra posición que decir que sí, porque si no, hubiéramos sido pusilánimes”. Sostuvo que, en conversación con el presidente Tabaré Vázquez, acordaron “dejar de lado alguna ofensa para ayudar al pueblo venezolano”. Hacía referencia a la acusación realizada por Maduro de que Nin Novoa coordina sus acciones con el departamento de Estado de Estados Unidos, acusación que enfrió el vínculo diplomático bilateral, según confirmó el propio Tabaré Vázquez en entrevista con el programa En la mira, de VTV.

Tiros cruzados

En el intercambio entre legisladores, el frenteamplista Óscar de los Santos rechazó el pedido de Pasquet de pronunciarse a favor de las elecciones generales anticipadas en Venezuela. Advirtió que una acción de ese tipo no está amparada por la legislación interna de ese país y que sería “injerencia, intervención”, además de una acción “muy desfavorable para Venezuela”. De los Santos inquirió si la oposición pretende con la interpelación “forzar por derecha un planteo más radical, para que Uruguay sea punta de lanza” en el ataque contra Venezuela.

El diputado nacionalista Jaime Trobo acusó al Frente Amplio (FA) de querer “justificar su actitud timorata con el discurso de la lógica negociadora”. Y cuestionó que el gobierno haya aceptado la invitación de Maduro a acompañar el diálogo: “Vamos a ser parte de otra de las patrañas del gobierno de Maduro”, sostuvo. Criticó que el FA, “que presume de tener la mayor cantidad de perseguidos” en la dictadura, no se solidarice con los presos políticos en Venezuela.

El diputado frenteamplista Daniel Caggiani acusó a Trobo de intervencionista y aseguró que violaciones a los derechos humanos hay “en todos los países de América Latina”. Daniel Placeres, también diputado del FA, negó que exista hambruna en Venezuela y preguntó por qué la oposición de ese país, en lugar de “romper supermercados, rompe las licorerías”. “Esto huele a petróleo”, comentó.

Eduardo Rubio, de Unidad Popular (UP), dijo que la línea divisoria debe marcarse entre la oposición y el FA por un lado, que respaldan la gestión de la cancillería, y quienes respaldan “el proceso revolucionario en Venezuela”, en referencia a su partido. “Nos ponemos del lado del imperialismo o del lado de los pueblos”, sintetizó. Sostuvo que no respaldan la política exterior uruguaya porque “no es de principios, ni artiguista ni antiimperialista”.

Luego le llegó el turno a Gerardo Núñez, diputado del Partido Comunista, uno de los sectores más críticos con la gestión de Nin. “No venimos a hacer una defensa cerrada del gobierno de Venezuela, venimos a defender la democracia que está en jaque en nuestro continente”, subrayó Núñez. Cuestionó a la OEA por estar “al servicio de los Estados Unidos y el Comando Sur”, y anunció que propondrá en el Parlamento un debate sobre “la violación sistemática de los derechos humanos en la región”, para discutir “sobre todos los países”. Sostuvo que sin abandonar sus posicionamientos, el PCU respalda las acciones del gobierno que tienden al diálogo, y, en particular, su decisión de acompañar el diálogo en Venezuela. “Es muy importante, porque nos corremos de aquellos países a los que nunca debimos acompañar en nuestras declaraciones, y que no tienen el mismo objetivo de Uruguay”, dijo Núñez, en referencia a Brasil y Paraguay. Finalmente, sostuvo que en esta instancia “la derecha tenía varios objetivos”, entre ellos aislar a Venezuela y endurecer la postura de Uruguay, y “se va derrotada”.

El debate se intensificó en la noche, cuando Nin manifestó haber recibido el respaldo de la oposición venezolana para participar en el diálogo propuesto por Maduro, y el nacionalista Jaime Trobo pidió pasar un audio del presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges, manifestando su rechazo a ese espacio. De los Santos tildó a Trobo de “injerencista”.

Al cierre de esta edición, la discusión continuaba, pero todos los partidos tenían prontas sus mociones. El FA, que tenía garantizados sus 50 votos, proponía respaldar “las actuaciones del gobierno nacional en las que busca no aislar a Venezuela”, apostando “al diálogo como salida de los conflictos y rechazando todo tipo de violencia”. La moción realizaba “un llamado al conjunto de instituciones internacionales” a “no fomentar intentos de desestabilización ni promover actos de injerencia”, y contenía una crítica explícita al secretario general de la OEA, Luis Almagro.

La oposición -con excepción de UP-, por su parte, declaraba que Venezuela es una “dictadura” y le reclamaba al gobierno de ese país el “cese inmediato de la violación de los derechos humanos, la represión, la tortura, la inhabilitación política y la detención arbitraria de ciudadanos sometiéndolos a la justicia militar”.

Concluía que si la oposición venezolana no acompaña el diálogo propuesto por Maduro, “el apoyo del gobierno uruguayo no será a Venezuela” sino a su gobierno.

Delcy lo hizo

Trobo consideró una “falta de respeto” hacia el gobierno uruguayo que la canciller venezolana Delcy Rodríguez haya anunciado el martes por Twitter que Uruguay participaría como acompañante en el diálogo. “Nin es rehén de los sectores políticos que tienen una asociación política con la mafia de Maduro”, aseguró Trobo. Esto motivó que Nin pidiera la palabra y leyera textualmente la respuesta que envió por Whatsapp a Rodríguez el 3 de mayo, en la que además de aceptar la participación en el diálogo, agregaba que la canciller venezolana podía anunciar esta aceptación cuando lo creyera conveniente. “No hay ninguna usurpación, no hay ningún atrevimiento”, acotó Nin. “Yo no soy rehén de ninguna expresión política de mi partido. Soy el canciller del Uruguay y respondo a los intereses nacionales y a nuestro programa de gobierno”, manifestó. En varias ocasiones, diputados de la oposición cuestionaron al canciller por “manejar la política exterior de Uruguay por Whatsapp”.